Por los Panama papers se supo que el presidente argentino Mauricio Macri era titular de sociedades offshore, sociedades domiciliadas en el exterior, normalmente paraísos fiscales con el fin de evadir impuestos en el país de origen del patrimonio. El ministro de Hacienda, Dujovne, enmudeció en Madrid ante la pregunta de cómo esperaba que los inversores extranjeros confiaran en Argentina si él y otros miembros del gobierno no confiaban en ella pues tenían más de la mitad de su patrimonio en cuentas offshore en el exterior. Otro ministro llegó a justificarlas “porque Argentina no es un país confiable”. Lo dijo sin sonrojarse y obviando que gobiernan desde 2015, por lo que son responsables de la falta de fiabilidad en el exterior.
Si cualquier europeo consideraría aberrante que la final de la Champions europea se jugase en América Latina o cualquier lugar fuera de Europa, el que la final de la Copa Libertadores de América (liga de campeones de América) se juegue en Madrid, la antigua metrópoli colonial contra la que lucharon por la independencia esos libertadores, resulta simplemente esperpéntico, y para muchos latinoamericanos vergonzoso. El pretexto usado ha sido el de seguridad, a causa de que hinchas de River exaltados –el único detenido fue desvinculado de la hinchada ultra- arrojaron piedras sobre el bus que transportaba a los jugadores de Boca. Curiosamente el autocar había sido dirigido por la policía del gobierno macrista de Buenos Aires hacia el lugar que estaban los hinchas de River, incluidos barrasbravas (ultras). Los disparos de botes de gases y balas de goma de la policía provocaron más daños personales que las piedras, pero éstas sirvieron de excusa para quitarle a River la ventaja de campo e hinchada (la visitante estaba prohibida para evitar enfrentamientos) en el decisivo partido de vuelta (el de ida en cancha de Boca resultó empate a un gol).
Negocios de fútbol y servicios públicos privatizados
La importancia del negocio en juego –ser campeón de América implica ingentes ingresos posteriores en la copa Intercontinental, derechos publicitarios y otros-, la responsabilidad policial en el incidente, el hecho que Macri sea el auténtico capo de Boca –fue presidente del club durante 13 años y promovió al presidente actual-, y que el partido se juegue finalmente en el estadio del Real Madrid con presencia también de hinchas de Boca, generó la suspicacia que la agresión hubiese sido organizada con el propósito de eliminar la legítima ventaja de campo e hinchada que tenía River. Algunos –con mucha ironía- tampoco descartan como objetivo posible que el gobierno quisiera evitar el bochorno que supondría para el presidente Mauricio Macri la difusión mundial por televisión de un estadio completo cantando el que es el hit del año en todos los estadios argentinos (el insulto materno clásico expresado en el acrónimo MMLPQTP).
Pero hay quienes se preguntan si detrás de este acuerdo, no hay un negocio offshore en el que el patrimonio argentino se ha sacado del país y se le ha dado un domicilio de conveniencia en Madrid, para beneficio de intereses privados de dirigencias de todos los clubes implicados a costa de los intereses de los ciudadanos argentinos y españoles. Patrimonio argentino por una parte de carácter simbólico: la identificación popular con unos colores que –más allá de su instrumentalización alienante por el poder- forman parte de identidades colectivas. Les ha sido hurtado a sus legítimos dueños, el pueblo llano, no solo privado de presenciar el partido en directo, sino también de vivir la pasión de forma colectiva, y, en muchos casos de entonar el hit popular del año que hubiera sonado hasta en el último rincón de Buenos Aires y buena parte de Argentina. Al Bernabéu solo vinieron desde Argentina los hinchas muy ricos que pueden gastarse miles de euros un fin de semana o los barrasbravas financiados por los mismos dirigentes de los clubes, que también viajaron con gastos pagados en hoteles de lujo.
Pero no solo patrimonio simbólico es lo que fluye de Argentina a España, también el económico financiero. Económico, por lo que supone para los socios que sostienen los clubes y la pérdida de ingresos para multitud de negocios y vendedores que viven del consumo generado en torno a los partidos de fútbol. Por no hablar de las pérdidas de ingresos del Estado, aunque éste se ahorra los gastos del despliegue policial que generan los partidos. Beneficios y pérdidas que son trasladados a Madrid: se estima en unos 40 millones de euros los ingresos generados al comercio local, cientos de millones de ingresos para el Real Madrid, River y Boca por entradas y derechos televisivos y entre 400 a 600 mil de euros de pérdidas para los ciudadanos de Madrid que pagaremos por el despliegue policial, sin contar destrozos.
Pero la parte del león del partido offshore estaría en los beneficios financieros privados que se intuyen detrás del acuerdo de que el partido se jugase en el estadio del Real Madrid. Florentino Pérez, presidente de este club y amigo de Macri, vía ACS y con la constructora de Benetton controla la empresa Albertis, que es antigua socia de Macri y su familia en el negocio de autopistas, y actual beneficiaria de millonarios contratos públicos en Argentina. En 2017, Macri decidió darle a la Albertis 247 millones de dólares de dinero público para compensarle pérdidas por la pesificación de tarifas y devaluación en la crisis de 2001/2002, “además de garantizarle una renta en dólares hasta 2030, aumentos abusivos en los peajes y la renuncia del Estado a reclamar por obras incumplidas”, según reseñó Ari Lijalad. Dos días antes de anunciarse que el River-Boca se jugaría en el Bernabéu, el gobierno macrista publicó un decreto de aumento de tarifas de peajes de las empresas concesionarias Autopistas del Sol y Grupo Oeste -de Albertis- que les garantiza alta rentabilidad frente a la caída de circulación y a la devaluación del peso. Curiosamente la única promesa electoral cumplida por el gobierno es el de la inversión en obra pública, de la que no solo se beneficia Albertis sino también empresas de su familia y amigos íntimos.
El regalo a Albertis por parte del gobierno, resulta especialmente chocante ya que por otra parte niega aumentos a los maestros y empleados públicos que perdieron 50% del salario por la inflación provocada por las recientes devaluaciones y cierra escuelas y hospitales para reducir déficit. Los argentinos pagarán ahora mucho más en peajes, aumentos que se suman a las brutales subidas de hasta 1.700% de las tarifas de servicios públicos privatizados, que han provocado una fuerte pérdida de poder adquisitivo (los servicios básicos como porcentaje del salario mínimo pasaron de representar el 6% al 30%). El gobierno ya anunció que se vienen ajustes de tarifas más fuertes que podrían provocar reacciones populares en una población que demostró fuerte resistencia ante diversos embates del gobierno (reforma previsional, intento de liberar genocidas presos por crímenes de lesa humanidad, condena a muerte en abortos clandestinos a menores embarazadas, licencia para matar por la espalda por parte de la policía, etc.) Si se comprobase que estos aumentos son intercambios de favores privados de miembros del gobierno a costa del dinero público, estaríamos en un caso abierto de prevaricación y corrupción. Comprobación nada segura en un sistema judicial argentino donde la corrupción y el control del gobierno garantizan impunidad. En España, Florentino Pérez, que reconoció haber pagado sobornos al Partido Popular, de momento solo ha sido llamado a declarar.
El drama de Argentina se refleja en este partido offshore y en su presidente offshore. Pero se trata del reflejo de una terrible realidad que ha convertido a Argentina en un país offshore, en el que la riqueza que se genera en el país se fuga hacia el exterior. Se fuga como productos agrícolas y mineros que enriquecen a un reducido número de latifundistas y exportadores. Se fuga en forma de pago de intereses y beneficios a bancos y multinacionales, en forma de capital especulativo que huye hacia refugios más seguros con la complicidad del gobierno que para garantizar divisas para esta fuga al exterior (80 mil millones de dólares durante el gobierno Macri) endeudó al país hasta llevarlo al borde del default, solo evitado con un “rescate mortal” del FMI con un préstamo de 57.000 millones de dólares a cambio de un brutal ajuste permanente y una sangría de dólares en pagos durante muchos años. El default se mantiene latente, pero es improbable que el FMI vuelva a repetir su política que llevó a la suspensión de pagos de 2001, al menos hasta después de las elecciones de 2019, en las que Macri o su posible sucesora Vidal son los candidatos del Fondo y el establishment.
La fuga de riqueza incluye la salida de valiosos recursos humanos que al no encontrar futuro en el país emigran a buscar un lugar en el mundo. Esta sangría de riquezas es la consecuencia de una política de devastación económica –que ya analizamos en estas páginas- , política que para elevar los beneficios a las grandes empresas además de rebajarles impuestos y cotizaciones abrió las importaciones y devaluó el peso un 60%. La apertura importadora generó una fuerte salida de divisas para importar lo que ya no se producía en el país, hasta que la recesión frenó esta sangría hundiendo las importaciones (en septiembre cayeron 28%). El resultado de la devaluación fue que el gobierno que prometió bajar la inflación por debajo del 10%, la elevó al 44% en los últimos doce meses (140% acumulada desde que asumió hace 3 años), lo que redujo brutalmente los salarios reales, pensiones (el salario mínimo y las pensiones cayeron a la mitad), el gasto público educativo y sanitario, a la vez que elevó las tarifas de los servicios esenciales. La consecuente reducción del consumo provocó cierre de empresas (cierran 25 pymes al día), desempleo y caída de recaudación de impuestos que disparó el déficit público, generando un círculo vicioso de recesión (en la industria la caída fue de 6,5% del PIB en seis meses) que según el FMI continuará en 2019, y recurrentes recortes del gasto público social.
El impacto social del cierre de empresas, aumento del desempleo y la caída de salarios y pensiones ha sido muy fuerte: según UNICEF en el primer semestre de este año la pobreza multidimensional alcanzaba el 38% y la pobreza entre menores de 18 años 48% (6,3 millones). Uno de cada cinco menores tiene privaciones severas, que incluyen no haber ido nunca a la escuela entre los 7 y 17 años o vivir en torno a un basural. Tres millones de niños sufren pobreza no monetaria (carencias de vivienda, hábitat seguro, educación, acceso a agua potable, saneamiento básico o protección social).
Si en el resultado deportivo del River-Boca hay ganadores y perdedores en número similar, el resultado extradeportivo del encuentro en el Bernabéu da ganador a unos pocos y perdedores a muchos ciudadanos que de un lado y otro del charco debemos asumir el pago de los altos beneficios de los que en sus discursos políticos denuestan al Estado pero se enriquecen a su costa. Deberíamos negarnos a pagar y, sobre todo, exigir que nos devuelvan el país que nos han robado.
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