Marc Masmiquel, Alainet
El 1 de octubre de 2017 había convocado un referéndum organizado por la Generalidad de Cataluña, el gobierno catalán, democráticamente elegido en las urnas. Sin embargo, a pesar del ingente y mayoritario apoyo de los ciudadanos y gobiernos municipales fue duramente reprimido por los cuerpos policiales del Gobierno español, bajo órdenes de Mariano Rajoy y su ministro del Interior Juan Ignacio Zoido.
El resultado de las cargas policiales ha sido de 844 heridos. Todo el plan gubernamental del gabinete de Rajoy contra el referéndum ha destinado más de 10.000 efectivos de los cuerpos de seguridad del estado, así como el corte indiscriminado de páginas web de la Generalitat de Catalunya y web ciudadanas de apoyo a las votaciones.
La pregunta del referéndum del 1-O es la siguiente: “¿Quiere que Catalunya sea un estado independiente en forma de república?”.
El referéndum de independencia de Cataluña de 2017 es un referéndum de autodeterminación de la comunidad autónoma española de Cataluña convocado por la Generalidad de Cataluña para el 1 de octubre de 2017. La Ley del Referéndum que lo haría posible, aprobada el 6 de septiembre por el Parlamento de Cataluña con los votos a favor de los parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP, fue suspendida por el Tribunal Constitucional español al día siguiente, órgano al que Puigdemont, el presidente de la Generalidad, afirmó que se ignoraría en base a la propia legislación catalana, que sí lo aprobaba y garantizaba. Hay referentes diversos de procesos de referéndums de autodeterminación, como en Escocia (2014) y en Quebec (1995).
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña solicitó a la Guardia Civil, Mozos de Escuadra, Policía Nacional y policías locales que incautasen el material relacionado con el referéndum.
Desde primeras horas de la mañana ha habido cargas policiales en diferentes lugares de los más de 2.300 colegios electorales. Las fuerzas del orden estatales han cerrado por la fuerza 400 colegios impidiendo la votación, requisando urnas y papeletas a unos 770.000 votantes. A pesar de las cargas policiales, de los 5,3 millones de votantes convocados ha habido una alta participación, cercana al 50%. Con el escrutinio del 99% de los votos ya se cuentan y verifican en relación al censo 2.262.424 votos computados.
La Generalidad de Cataluña dispuso un censo universal informatizado para que los votantes pudieran votar en cualquier colegio electoral. Sin embargo ha habido reiterados cortes de las comunicaciones a Internet y esto ha dificultado el proceso.
Para garantizar el proceso de votación se organizó semanas antes un contingente de Observadores Internacionales con miembros de Países Bajos, Estados Unidos, Francia, Alemania, Dinamarca, Montenegro, Polonia e Italia.
A pesar del precinto por la fuerza de varios centenares de colegios electorales, la población catalana llevada a las urnas ha hecho gala de elevadas muestras de participación y tácticas ciudadanas para evitar el boicot del referéndum. La dureza de las cargas policiales, contra personas de todas las edades se ha saldado con heridos graves y más de 800 heridos, con lesiones y fracturas de diversa gravedad. Se han vivido momentos de gran tensión al crearse barreras humanas para evitar las cargas. Los votantes se han defendido entregando claveles y con los brazos abiertos. Los cuerpos de bomberos catalanes han hecho barreras de contención para evitar el primer impacto de las cargas.
Daan Everts es el jefe de la misión de los Observadores Internacionales, el diplomático holandés manifestó “La violencia utilizada ha sido deplorable y lamentable”. Observadores del contingente internacional llevarán al Estado español a la corte penal de la Haya por la represión ordenada y perpetrada por las cargas de policías nacionales y agentes de la Guardia Civil. Los mozos de escuadra, el cuerpo catalán de seguridad ha intentado mediar en el conflicto priorizando la seguridad física de los votantes, sin que eso fuese posible, desembocando en agresiones diversas a la ciudadanía catalana que quería ejercer su derecho de voto. La propia policía nacional ha denunciado la pasividad de los cuerpos de seguridad catalanes.
La violencia ha despertado una repulsa internacional inmediata, visible en todos los medios internacionales, y en organizaciones de defensa de los Derechos Humanos como Amnistía Internacional. Salil Shetty, el Secretario General de Amnesty International ha declarado: “La policía debe respetar la libertad de reunión, el uso desproporcionado de la fuerza es ilegal.”
Noam Chomsky, el lingüista y activista estadounidense ha declarado sobre estos hechos una concisa afirmación "Acontecimientos ominosos, sin duda." Cuerpos diplomáticos, primeros ministros europeos, analistas e investigadores sobre derechos humanos y los propios civiles han definido estos sucesos como abominables y vergonzosos, agresiones no recordadas desde las represiones franquistas de la Guerra Civil española. La reflexión directa que ha generado esta fatídica situación ha generado que se convoque una huelga general el día 3 de octubre.
Los medios y testimonios, no se centran en lo que significa o no la petición de república de la población catalana, ahora el punto clave está en la crisis de gobierno que esto supone para el Partido Popular, y el presidente español Mariano Rajoy. Las medidas ejecutadas no han frenado a Mariano Rajoy, que ayer noche presumió en una rueda de prensa sin preguntas de frenar la consulta catalana y declaró sobre la actuación policial: "Hemos hecho lo que teníamos que hacer".
Analistas y académicos americanos han presentado una carta al ejecutivo español declarando que “En este momento, el nivel de represión política en Cataluña es de un carácter severo y arbitrario que no se experimentaba desde los días de la dictadura franquista”, no han tenido duda en comparar y establecer analogías entre la actitud del Gobierno español con las del dictador fascista Francisco Franco.
Estos son los adjetivos con mayor presencia en medios internacionales que se han usado para definir estos sucesos: ”abominables, ominosos, odiosos, repugnantes, execrables, repulsivos, desdichados, desgraciados y vergonzosos”.
A pesar de los 844 heridos, de la presión internacional, de las denuncias contra el Gobierno español a la corte penal de la Haya, el gabinete ejecutivo de Mariano Rajoy estudia suspender el estado de autonomía catalán y asumir sus competencias aplicando el artículo 155 de la Constitución española. Son momentos tensos, porque una medida de estas características podría desembocar en un conflicto sin parangón desde la Guerra Civil española que acabó con 40 años de dictadura fascista.
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