Europa es testigo de la movilización popular y del ejercicio de disciplina civil más importantes en su historia contemporánea. Es la enseñanza que ha dado Cataluña, lección que tiene múltiples perfiles. Entre otras cosas, Cataluña ha vuelto a mostrar que la democracia no es compatible con la injusticia, y mucho menos con la represión.
Pero hay otro corolario que se desprende de los hechos del primero de octubre. La fractura del reino de España es absoluta y no tiene compostura. En sus obsoletas ideas de Estado ha demostrado por la vía de los hechos que la democracia es ilegal, peligrosa y que no será tolerada. Las declaraciones del rey de España y los actos de gobierno del señor Mariano Rajoy, presidente del gobierno, no dejan lugar a dudas: la esencia del franquismo no es ajena a la política de clase que impera en el reino de España. La unidad de España antes que nada, incluso antes del diálogo político y antes que la razón de la justicia.
Aunque la corrupción contamina la clase política que hoy condena el referendo del primero de octubre, sus miembros no han titubeado en apoyar el peor acto de represión en gran escala que se ha presentado en los últimos cuatro decenios en España. Olvidan que la represión puede frenar momentáneamente un proceso político, pero no lo puede desaparecer. Las imágenes de las cargas de la policía nacional y la guardia civil en contra de manifestantes, votantes, funcionarios electorales marcarán por siempre la bancarrota política del gobierno español. Pero aun con el lujo de la fuerza, el gobierno en Madrid no ha podido desarticular el referendo. Rajoy ha olvidado el sabio consejo de Talleyrand a Napoleón, Sire, las bayonetas sirven para muchas cosas, pero no para sentarse sobre ellas.
El tema de la legalidad rodea los debates sobre el referendo catalán. Pero con frecuencia se olvida la delicada conexión que debe existir entre ese concepto, la legitimidad y la justicia. Hablar de legalidad como si fuera una entelequia que existe en el vacío no tiene sentido. Hay que recordar que en la Alemania nazi también se hablaba de la necesidad de hacer respetar la legalidad por encima de todo. También había reglamentos y un orden en Auschwitz.
La represión que desencadenó el gobierno en Madrid en contra del pueblo de Cataluña no deja lugar a dudas sobre el verdadero sentido de la legalidad que el gobierno español quiere imponer y hacer respetar. La suya es la de una clase que sólo habla el lenguaje burdo de la dominación.
Es la misma noción de legalidad que subyace la aprobación de las reformas al artículo 135 de la constitución española en 2011. Ese precepto hoy cristaliza con gran claridad los principios a los que debe someterse todo el pueblo de España, y no sólo el catalán. En su parte medular, ese precepto impone la absurda máxima de la estabilidad presupuestaria, prohibiendo al Estado y a las comunidades autónomas incurrir en un déficit que supere los márgenes fijados por la Unión Europea. Pero lo más grave es su párrafo tercero que estipula que el pago de los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública gozará de prioridad absoluta. Es decir, por encima de cualquier inversión en salud, educación, vivienda e infraestructura, están los derechos de los acreedores, aunque los créditos estén manchados de corrupción y envenenados por la especulación.
Pero ese artículo 135 contiene otro pasaje revelador: La actual situación económica y financiera no ha hecho sino reforzar la conveniencia de llevar el principio de referencia a nuestra Constitución. Es claro que esta pseudo-justificación se refiere a uno de los momentos más álgidos de la crisis financiera. Pero esa oración, que parece escapó de los considerandos de la iniciativa de reforma, no tiene sentido como parte de un texto constitucional.
Así, la constitución que hoy es enarbolada como eje vertebral y casi eterno de la España unida es evidenciada en el artículo 135 como algo que se puede acomodar a las circunstancias si los señores del dinero así lo disponen. ¿La coyuntura de una crisis financiera elevada a rango constitucional? Todo se vale con tal de consolidar el dominio de los acreedores sobre el pueblo español. En cambio nada importa cuando se trata de un referendo y el derecho a la libre determinación de una nación.
El mensaje del rey de España, Felipe VI, es la evidencia de esa rigidez que caracteriza a los estados oligárquicos. Lejos de elevar el nivel del diálogo y de la deliberación política seria, la alocución del rey envía una señal unilateral de dureza y de respaldo absoluto a Rajoy. Censura a los catalanes, pero ni una palabra sobre la represión que el gobierno desencadenó para impedir el referendo. Ni siquiera una señal de apertura para retomar un diálogo, incluso dentro de los estrechos límites del actual Estado español. Queda claro que Felipe VI no es un estadista. El mensaje final es duro y contundente: no habrá solución negociada y sólo queda la fuerza como medio de comunicación. En este paisaje, la lucha del pueblo catalán es otro capítulo de la contienda por los valores de la democracia y la república.
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