Cuando el primer ministro español, Mariano Rajoy, amenaza con tomar el control de la región autónoma de Cataluña, se está volviendo más claro incluso para los observadores casuales que los malos están en este conflicto. En general, cuando uno de los lados es pacífico y busca el diálogo, y el otro se compromete a resolver el desacuerdo a través de la fuerza, la represión y la violencia, bueno, se hace una idea.
El argumento del gobierno español de que el referéndum del 1 de octubre sobre la independencia era inconstitucional no es tan determinante como quisieran que creyéramos. Como Vicenç Navarro, que ha escrito durante muchos años sobre la transición incompleta de España a la democracia, señala: la constitución de 1978 fue mucho más un producto de la dictadura de 36 años que de la democracia que luchaba por nacer. Y el Partido Popular (PP) de Rajoy en particular tiene profundas raíces en las fuerzas políticas y las personas que fueron parte de la dictadura de Franco.
El carácter antidemocrático y el legado fascista del gobierno del PP se hicieron evidentes cuando Rajoy envió miles de tropas a Cataluña en un intento fallido de impedir que la gente votara. Esto no era, como afirmó, para hacer cumplir la ley: el gobierno español simplemente podría haber permitido el voto y se negó a reconocer el resultado. Más bien fue para aplastar el movimiento de independencia y la expresión de sus ideas por la fuerza; y cientos de personas fueron heridas por la Guardia Civil. La represión también incluyó una censura sin precedentes de Internet, así como de periódicos y radio. Si Rajoy sigue adelante con su amenaza de apoderarse de Cataluña, veremos más de esta represión franquista de derechos y libertades civiles básicos.
Como muchos han señalado, el movimiento de independencia en Cataluña tiene profundas raíces: se remonta a al menos 300 años, y los catalanes fueron privados incluso del derecho a su idioma durante la dictadura. Pero hay otra razón, además de la represión y las infracciones a la autonomía limitada de Cataluña en virtud de la Constitución, que se ha disparado en los últimos años. Ese es el profundo fracaso económico de España desde la crisis financiera mundial y la recesión de 2008-2009, y especialmente su impacto en los jóvenes y los desempleados de larga duración, muchos de los cuales se han quedado sin futuro en España. Vale la pena analizarlo en detalle, ya que la economía española ha sido descrita últimamente en términos positivos desde que regresó al crecimiento económico hace cuatro años.
Primero, el estado actual del daño. Durante el año pasado (desde agosto), el desempleo ha promediado 18 por ciento, más de cuatro veces el nivel de los Estados Unidos. Y sería mucho más alto si no fuera por 1,7 millones de ciudadanos extranjeros que abandonaron el país.
Para 2016, alrededor del 43 por ciento de los desempleados estaban sin trabajo por más de un año. En términos de encontrar empleo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó recientemente que "las perspectivas para este grupo son particularmente desalentadoras".
El número de personas consideradas en riesgo de pobreza y exclusión social es del 27.9 por ciento.
La desigualdad ha aumentado dramáticamente desde 2008; el ingreso del 20 por ciento superior ahora es 7.5 veces mayor que el del 20 por ciento inferior, el tercero peor en la Unión Europea. Como ha señalado el FMI, esto se debe principalmente a que el empleo cayó en un 20 por ciento entre 2008 y 2013, y los grupos de menores ingresos estuvieron desproporcionadamente entre las víctimas de este colapso.
Además, la mayoría de los nuevos empleos son contratos laborales temporales, lo que aumenta la inseguridad incluso para aquellos que tienen la suerte de encontrar un nuevo trabajo.
Esta no es una bonita imagen. Pero el FMI, que representa los puntos de vista de las autoridades europeas y del gobierno de Rajoy, parece aceptar el desempleo masivo como la nueva normalidad. El Fondo proyecta que la economía alcanzará su máximo potencial de producción en algún momento del próximo año. Pero el desempleo seguirá siendo alrededor del 16 por ciento. En otras palabras, el desempleo del 16 por ciento es tan bueno como se puede esperar, ahora se está redefiniendo como "pleno empleo". Y el desempleo juvenil es aproximadamente el doble de la tasa de desempleo general. Esto es una abominación; nadie que se preocupe por la mayoría de la gente en España y especialmente por el futuro de una generación de jóvenes, debería aceptar las políticas que han arruinado la economía española y continúan restringiendo la recuperación del mercado laboral.
Por supuesto, no tiene por qué ser así. El rendimiento de los bonos a 10 años de España es solo del 1,6 por ciento, el mismo que su tasa actual de inflación. En otras palabras, España puede endeudarse a largo plazo de forma gratuita, a una tasa de interés real (ajustada a la inflación) de cero. Los expertos despotrican contra la deuda pública española, pero cuando un gobierno puede asegurar el endeudamiento a tasas de interés reales cero, es un buen momento para la inversión pública que puede crear empleos y aumentar la productividad de la economía. El crecimiento de la productividad ha sido muy débil durante esta recuperación.
Pero el gobierno del Partido Popular, en colaboración con las autoridades europeas, tiene una visión muy diferente del "progreso". Juntos, están comprometidos con un mayor ajuste presupuestario, a pesar de que la economía ya se está desacelerando. También les preocupa la recaída con respecto a las "reformas estructurales" que, según ellos, son las mejores para aumentar el empleo y la eficiencia de la economía.
Parte de la teoría de la austeridad que se ha implementado desde el año 2010 fue que, dado que España no podía devaluar su moneda (el euro), que tendría que someterse a una “devaluación interna”. Esto significa que el desempleo masivo y otras presiones (incluyendo el derecho laboral) empujan hacia abajo los salarios lo suficiente para que España pueda ser más competitiva, y aumentar las exportaciones, incluso con un euro que previamente habían sido sobrevalorados para su economía. España, sin duda ha aumentado sus exportaciones desde el fondo de la depresión. Pero dado que la recuperación económica se inició hace cuatro años, las importaciones también han aumentado, y las exportaciones netas (la diferencia entre exportaciones e importaciones) no han aportado nada a la recuperación. Por tanto, es difícil afirmar que España ha ajustado su economía a fin de producir un nuevo modelo de crecimiento.
El otro argumento a favor de la austeridad es que si se ajusta el presupuesto y se implementan reformas estructurales se reducirían las tasas de interés y los pagos a la deuda pública de España al restaurar la confianza del mercado. Pero, de hecho, las tasas de interés de España disminuyeron como resultado de cambios drásticos en la política del BCE: en 2012, el BCE decidió básicamente garantizar los bonos españoles e italianos; ha reducido las tasas de interés a corto plazo y también comenzó la flexibilización cuantitativa en marzo de 2015 para reducir las tasas a largo plazo y proporcionar un estímulo monetario.
Así que hay pocos datos que indiquen que la austeridad de España "funcionó". Por el contrario, la economía no solo es un desastre para millones de residentes de España, la recuperación que se ha producido debe mucho a la reducción de la austeridad y la implementación de un pequeño estímulo que debe ser expandido para avanzar hacia el pleno empleo.
Bajo estas condiciones, no es de extrañar que muchos catalanes piensen que podrían tener un mejor desempeño económico como país independiente. Su problema económico es similar al de la mayoría de las personas que viven en la zona del euro, incluido el resto de España, Francia, Italia y Grecia. Las autoridades europeas, y aquellos gobiernos que eligen ir junto con ellos o que están obligados a hacerlo (como en Grecia), están esencialmente comprometidos con el desempleo masivo -así como con una serie de reformas económicas regresivas- en el futuro previsible.
Es en este profundo sentido estructural y práctico que los movimientos separatistas, así como aquellos que quieren abandonar la eurozona o la Unión Europea, tienen una base económica real en las políticas económicas fallidas de las autoridades europeas y la mayoría de los gobiernos de la eurozona. Lo mismo ocurre con el aumento de la cuota de votación de la extrema derecha en países como Francia, los Países Bajos y Alemania. Queda por ver si la élite de Europa abandonará su apego a las políticas económicas fallidas antes de que estas fuerzas centrífugas se fortalezcan.
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