Chile vuelve a coronarse como uno de los países más neoliberales del mundo. A la determinación tomada en dictadura de que el agua fuese un “bien transable”, se agregó años después la política impulsada por Eduardo Frei Ruiz-Tagle y aprobada por el Congreso de la época: privatizar las empresas sanitarias. ¿El resultado? 95,8% de la población bajo sus servicios y 99% de la población cubierta. ¿El mérito? no es de los privados, asegura The Guardian.
En el artículo, se señala que Chile va a contrapelo del mundo en materia del derecho al agua. “A nivel mundial, más del 90% de los servicios sanitarios son administrados por el Estado gracias a la férrea oposición al ingreso de actores privados, que suele traducirse en mayores tarifas y menor responsabilidad sobre la infraestructura”.
Lo que llama la atención, es la crítica al Estado Subsidiario implicado en el texto. En él se señala que “si bien en Chile es común creer que la privatización mejoró las condiciones sanitarias del país, fue en realidad el financiamiento público previo al traspaso a manos privadas el que permitió extender la cobertura”.
En los últimos cuatro años ha habido un acelerado problema en torno al agua potable tanto en zonas rurales como urbanas, y en particular en la Región Metropolitana y se ha vuelto nada extraño tener cortes de suministro por cualquier tipo de colapso. Ello indica que hay un desgaste en la inversión original del Estado.
Por tal motivo, The Guardian afirma que “mientras el desgaste de aquella inversión estatal y los nuevos desafíos del cambio climático exigen una nueva inversión por parte de los actuales dueños de las sanitarias, estas han incumplido los requerimientos mínimos estipulados por la autoridad”.
Las cifras del Gobierno dan cuenta de la gravedad del asunto: la empresa Aguas del Valle sólo invirtió un 49% del mínimo recomendado para 2014, mientras que Essbio y Esval invirtieron un 75% y 64% del mínimo recomendado, respectivamente. Mientras, las tarifas chilenas son las más caras de Latinoamérica. Y se imponen criterios de mercado en la iniciativa privada que excluye zonas de baja población o menos lucrativas.
Hay impedimentos políticos y jurídicos para cambiar la orientación de esta política, irracional a ojos del mundo. Chile ha firmado 26 acuerdos comerciales con 62 países desde que se iniciaran los procesos de privatización en 1990, en los cuales se establecen onerosas sanciones y abren opción de judicialización por parte de las corporaciones.
El debate legislativo a través del cual se pretendía modificar el Código de Aguas, en el cual se establecen los derechos de explotación de recurso por parte de la gran empresa, hoy estancado en el Congreso, da cuenta de estas dificultades. El proyecto se proponía cambiar los derechos de explotación “permanente” del recurso, por una regulación de 30 años.
El empresariado ha reaccionado enérgicamente para defender sus cuotas, imposibilitando toda modificación sustantiva. Al apuntar una que una eventual modificación sería “expropiatoria” y que “atenta contra el derecho a la propiedad” como han expresado desde el agro, la industria y la minería, el proyecto que desde 2011 se plantea modificar el código de 1981 fue desprovisto de todos estos aspectos.
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