La crisis de la deuda y la socialización de las pérdidas financieras

Ante las políticas de austeridad que desmantelan la Europa que conocíamos, el autor apuesta por la movilización y la denuncia de las políticas de choque

Jerome Duval, Diagonal

“Quien siembra vientos, recoge tempestades”. En ésas estamos. Ahora que el espectro del comunismo se ha alejado paulatinamente desde la caída del muro de Berlín, el capitalismo, erigido sistema globalizado, ya no tiene necesidad de hacer concesiones como las que hizo Roosevelt en su época con el New Deal. Puede rematar el trabajo comenzado en la era Reagan- Thatcher para echar por tierra el Estado del bienestar.

El estado de choque en que se ha sumido Europa con la “crisis de la deuda” ofrece la oportunidad de acelerar ese ataque contra los derechos que adquirimos luchando. La precariedad se extiende dentro de los propios países considerados ricos. El sobreendeudamiento y la pobreza masiva ya no es propiedad exclusiva de los países del Sur: esos ingredientes inherentes al capitalismo radical ya no tienen fronteras.

Nos dirigimos hacia el mismo camino que ya tomaron algunos países de América Latina por los mismos motivos cuando la “década perdida” y las revueltas del hambre, un camino que ya ha recorrido Grecia. España está llevando a cabo un rescate bancario enorme, nacionalizando las deudas privadas en beneficio de los detentores del capital pero, ¿a qué precio?

Tras haber ofrecido cerca de un millón de euros a cada uno de los despachos privados de auditores OliverWyman yRoland Berger, el Gobierno de Rajoy abona alrededor de dos millones de euros a la empresa privada Álvarez & Marsal para crear la entidad que gestionará los activos tóxicos de los bancos nacionalizados. Así pues, son cuatro millones de euros que salen de las arcas del Estado para pagar a empresas privadas.

No olvidemos que los bancos privados españoles se financian en el BCE al 1%, al tiempo que perciben intereses sobre la deuda pública del país del que son acreedores. Unos jugosos beneficios que parecen insuficientes para colmar las pérdidas debidas a una corrupción endémica, a unos salarios prohibitivos y a una gestión desastrosa en el sector inmobiliario. ¿De modo que no basta con conceder dinero barato por vía del BCE para que esos bancos especulen y se enriquezcan con la deuda pública? ¿Es preciso también que la población venga en su auxilio?

En Grecia, donde el paro alcanzó el nuevo récord histórico del 23,1% de la población activa en mayo de este año, el nuevo Gobierno de Antonis Samaras se está preparando para reducir el gasto público en 11.500 millones de euros para 2013 y 2014 para satisfacer a la Troika de acreedores (Unión Europea, BCE y FMI). Las pensiones ya se han reducido en un 40% en dos años. El desbloqueo o no del siguiente tramo de préstamos de la UE y del FMI esperado por Atenas, de un montante de 31.500 millones de euros, depende de la aplicación de esta nueva ola de austeridad. Grecia acaba de embolsarse en agosto 4.063 millones de euros en bonos del tesoro a tres meses, a una tasa del 4,43%, para poder hacer frente a un vencimiento de 3.200 millones de euros del BCE. Afectada por un sobreendeudamiento crónico cuidadosamente mantenido, Grecia no se beneficia de sus entradas de capital, que desaparecen inmediatamente en forma de reembolsos; sólo una ínfima parte del dinero permanece en las arcas del Estado.

Otros países están entrando en la espiral infernal del ajuste estructural, en el que el endeudamiento sirve como pretexto para imponer la austeridad. Después de Chipre, las tres principales agencias privadas de calificación han bajado la nota de la deuda soberana de Eslovenia, donde los tipos de interés para préstamos a largo plazo están por las nubes. El gran plan de austeridad votado a principios de julio por el Parlamento para reducir el déficit público al 4% del PIB de aquí al final de 2012, frente al 6,4% actual, no basta. En los próximos meses debería hacerse público un segundo plan destinado a recortar aún más el gasto público, so pena de que la Troika envíe una misión de expertos a investigar las cuentas públicas.

El FMI ha suspendido un desembolso a Ucrania, que se niega a aumentar el precio del gas, al igual que hizo con Grecia cuando esperaba los resultados de las últimas elecciones. Impera el dictado de los acreedores. Ante los mayores retrocesos sociales desde la guerra, es hora de reclamar justicia, soberanía popular y democracia real. Es necesario rechazar radicalmente esta política de austeridad que no ofrece ninguna salida de la crisis, sino que, por el contrario, incrementa el déficit y la deuda. Ha llegado la hora de que las fuerzas de la izquierda se unan, sin concesiones con el capitalismo, para hacer frente a este ataque sin precedentes contra la democracia.