Academia Libre
Mientras año a año la discusión pública respecto del financiamiento a la educación aparece concentrada en el cada vez más exiguo aporte estatal y el cada día mayor desembolso que se exige a los hogares para enfrentar los aranceles, un creciente flujo de dineros directamente procedentes de la explotación de los trabajadores pasa inadvertido para la ciudadanía. Se trata de las donaciones privadas a las universidades, con las que los empresarios intentan mejorar su imagen corporativa con una inversión que se beneficia, además, de las exenciones tributarias vigentes para ese tipo de operaciones.
¿Serán, siquiera, las más humildes casas de estudios las “beneficiarias” de estos recursos que permiten sospechar el gigantesco margen de utilidades que los consorcios acumulan en el país del mundo donde menos impuestos pagan? No. La institución de educación superior que más dineros recibe de parte de los empresarios es la Universidad de Los Andes, seguida por la también privada Pontificia Universidad Católica de Chile. Juntas, percibieron en 2011 14 mil millones de pesos, de un total de 25 mil millones, lo que representa el 58% del total donado. Si quiere dimensionar cuánto pesa esa cifra en el sector, sepa que, por ejemplo, los gastos fijos del Ministerio de Educación (MINEDUC) ascienden a 11 mil millones de pesos anuales.
¿Quiénes lideran el ranking de donantes? El primer lugar lo obtiene Eduardo Fernández León, cuyas principales inversiones están asociadas a Consorcio, Banmédica y Entel, siendo justamente la U. de Los Andes el destino de casi todo su desembolso. El segundo lugar es para la australiana BHP Billiton, que opera en Chile Minera Escondida, Cerro Colorado y Spence. Sus donaciones se las reparten esencialemente las universidades de Chile y Católica del Norte. Le sigue el Grupo Angelini (Celulosa Arauco, Copec), que destina sus fondos a la Pontificia Universidad Católica; Banco Santander, que financia a las universidades de Chile y Diego Portales; la familia Garcés Silva (Consorcio, Embotelladora Andina), que apuesta por la U. de Los Andes y la U. Alberto Hurtado; el Grupo Luksic (Minera Los Pelambres, CCU), cuyos donativos son para la Pontificia Universidad Católica, al igual que los procedentes del mecenazgo siguiente: AngloAmerican; Grupo Penta, que aporta a la Universidad del Desarrollo; Grupo Saieh (Copesa, CorpGroup, Banco Condell), que dona a las universidades Católica del Maule y Católica de Chile; y la trasnacional canadiense Barrick Gold (Minera Zaldívar, Proyecto Pascua Lama), que financia a la Universidad Católica del Norte.
Por cierto, este escenario evidencia tanto el hecho de que las donaciones radicalizan las brechas económicas existentes entre las universidades -ya que privilegian a las de mayores recursos entre las privadas-, como la peculiar situación de que los fondos a los que les son aplicables las exenciones tributarias van a parar fundamentalmente a universidades católicas. Claro está, ni destinar recursos a las universidades de mayor solvencia económica ni priorizar dineros para las corporaciones de una misma entidad religiosa son decisiones que descansen en fundamentos académicos. Y, por otra parte, ¿qué autonomía podría esperarse de casas de estudios que podrían tener que pronunciarse exactamente sobre los intereses de quienes llenan sus arcas? Veamos el caso de Barrick Gold, que, a través del Proyecto Pascua Lama, intenta explotar en Chile y Argentina una mina a cielo abierto, con una inversión de 2.400 millones de dólares en 23 años.
Dado que la extracción de oro se haría con cianuro, la posibilidad de contaminación del agua de los glaciares ha despertado fuerte rechazo ciudadano. Hace un tiempo, la consultora medioambiental Econorte había desahuciado ante la Cámara de Diputados el controvertido proyecto, señalando que era absolutamente inviable. En esa época, Econorte era controlada y pagada por la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco. Pero, posteriormente, fue la propia Barrick Gold la que empezó a financiar Econorte. El resultado fue un giro increíble. En septiembre pasado, el consorcio Econorte-Universidad Católica del Norte desarrolló durante dos días un taller sobre el impacto ambiental del proyecto, dándole luz verde esta vez a la iniciativa. En la exposición, se turnaron en el estrado los funcionarios de Econorte y de Barrick, quienes además compartieron amigablemente los gráficos de la consultora, que a pie de página llevaban, insólitamente, la marca “Barrick”. El giro en 180 grados coincide con la alianza Econorte-Universidad Católica del Norte. Dicha corporación de estudios superiores, la principal beneficiaria de las donaciones de Barrick, aprovechó su quincuagésimo aniversario, el año pasado, para galardonar a Barrick “por el constante apoyo y colaboración brindada a su quehacer académico” (somosbarrick.com, mayo de 2011).
Este escándalo que figura aquí es apenas un botón de muestra. La creciente depredación de recursos naturales requerirá de las empresas algo más que propaganda y en ese horizonte, la desmedrada situación presupuestaria de las universidades aparece como un sector vulnerable que ya sabe “agradecer” con creces los billetes recibidos, justificando con discurso academicista la explotación medioambiental, la explotación del hombre por el hombre y, seguramente, todo lo que gusten los caballeros del dinero.
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