Durante la masacre del Euromaidán más de 100 personas fueron asesinadas, lo cual desencadenó una avalancha de condena internacional que llevó al derrocamiento del presidente Víktor Yanukóvich, elegido democráticamente, y al consecuente golpe de Estado que impuso un gobierno en Ucrania elegido por Washington. Sin embargo, la corte concluyó que los manifestantes pro-Maidán murieron en un ataque de falsa bandera.
En el juicio numerosos videos probaron que, durante y después de aquella masacre, el Hotel Ukraina estaba controlado por neonazis del partido Svoboda, partidarios del Maidán. Al menos 28 de los 108 tiros provenían de este y otros edificios controlados por opositores al por entonces Gobierno de Ucrania.
De hecho, un centenar de testigos y hasta 51 activistas pro-Maidán que fueron heridos ese día reconocieron que los disparos provenían de estos lugares, o admitieron haber visto a francotiradores apostados ahí.
Los jueces descartaron cualquier involucración de los servicios de Inteligencia y seguridad de Rusia en la masacre, una teoría de la conspiración ampliamente promovida por los partidarios del Euromaidán.
El veredicto también rechazó la reconstrucción 3D del tiroteo presentada por el "estudio de arquitectura no convencional" neoyorquino SITU, financiado por la Fundación Soros y fuertemente promovida por The New York Times y otros medios occidentales, por ser falsa: el modelo cambió la ubicación de las heridas de las víctimas, situadas a los lados y a la espalda, y las colocó al frente para incriminar a los policías y encubrir a quienes asesinaron a los ucranianos.
En consecuencia, la Justicia de Ucrania liberó a dos de los policías que habían sido incriminados.
Uno de los perpetradores más importantes del asesinato de 100 manifestantes pro-Maidán en 2014 es Serhiy Pashinksy, un exparlamentario que, precisamente, es uno de los principales ideólogos y defensores del Euromaidán. De hecho, tres mercenarios de Georgia implicados en dicho asesinato masivo le acusaron directamente, afirmando que les suministró las armas y los objetivos.
Cuando periodistas israelíes cuestionaron a Pashinksy sobre estas acusaciones, él les amenazó de muerte.
Estos mercenarios georgianos también estuvieron involucrados en la masacre de Odesa del 2 de mayo de 2014, cuando líderes pro-Maidán –algunos de ellos parlamentarios en la actualidad- y el grupo paramilitar neonazi apoyado por Occidente Pravy Sektor encerraron a cientos de opositores políticos en un edificio y le prendieron fuego, asesinando a 48 personas e hiriendo a más de 200.
Por cierto, aunque el propio Zelensky llamó a Pashinsky "criminal", más tarde le convirtió en el mayor suministrador privado de armas para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y para sorpresa de nadie, no lo hizo por patriotismo sino por dinero:
A través de una red transeuropea de intermediaron vendió, compró y revendió granadas, proyectiles de artillería y cohetes hasta el último comprador, el Ejército ucraniano, que paga más, y esta operación lo ha enriquecido con cientos de millones de dólares.Jueces y testigos fueron obligados, intimidados y amenazados por organizaciones pro-Maidán. Desde el principio del juicio, neonazis del grupo C14 y de Azov irrumpían en la sala, atacaban a los abogados defensores, colocaban neumáticos frente al edificio amenazando con quemar el tribunal e incluso propinaron una paliza al juez que presidía las sesiones.
Varios manifestantes heridos que habían reconocido que había francotiradores en los edificios controlados por grupos pro-Maidán durante la masacre terminaron echándose atrás en sus declaraciones. Más tarde, reconocieron que el fiscal se reunió con ellos "para discutir su testimonio".
Un alto rango de la Oficina del Fiscal General de Ucrania admitió que los fiscales que llevaban la investigación de la masacre del Maidán fueron elegidos encubiertamente por Pashinsky, y los intentos de abrir una comisión parlamentaria para investigar los asesinatos fueron bloqueados por el por entonces presidente Piotr Poroshenko, quien sucedió a Víktor Yanukóvich tras el golpe de Estado.
El último clavo en el ataúd para Ucrania fue la Ley de Amnistía en 2014 por los crímenes de guerra cometidos por los pro-Maidán, tanto contra los opositores como contra los suyos propios: esta legislación les daba inmunidad total para cometer asesinatos, atentados terroristas, violaciones, torturas y saqueos, además de prohibir cualquier investigación oficial y de destruir cualquier prueba al respecto.
El doctor Iván Katchanovsky, politólogo ucraniano de la Universidad de Ottawa, concluye que "la Justicia de Ucrania no es independiente", debido a que "la presión de la Administración de Zelensky y la ultraderecha es, probablemente, mucho mayor de lo que hemos visto públicamente". Así, explica que Kiev "rutinaria y abiertamente interfiere en procedimientos [judiciales] e incluso retira una Corte Constitucional entera", además de "las amenazas directas de la extrema derecha para [evitar] condenar a los acusados".
Katchanovsky explica que "la narrativa de Kiev sobre la masacre del Maidán es fundamental para la legitimidad del Gobierno ucraniano, [ya que] el asesinato masivo de falsa bandera llevó directamente al derrocamiento de Yanukóvich, justificó la retirada de las fuerzas gubernamentales del centro de Kiev, la incautación de los edificios del Gobierno por activistas del Maidán, y la retirada inconstitucional del presidente".
El propio Katchanovsky pagó las consecuencias por investigar dichos sucesos: los tribunales ucranianos incautaron su casa y sus propiedades en 2014 por mediación de funcionarios gubernamentales.
Finalmente, cree que "un día, la verdad de lo que pasó se reconocerá oficialmente, la única pregunta es cuándo", pero "ese reconocimiento atrasado y la falta de justicia en este caso ya ha costado mucho a Ucrania, pues muchos de estos conflictos, incluida la guerra actual, espiralaron a partir de la masacre del Maidán. Incontables personas han sufrido como resultado. Y la hora para la verdad y la reconciliación ya ha llegado".
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Fuente: The GrayZone
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