Las denuncias hechas por CIPER-Chile y Alejandra Matus en torno a las graves distorsiones de las informaciones oficiales sobre los fallecidos por covid en Chile se han ido comprobando en la realidad.
Unas se referían a que el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del propio Ministerio de Salud estaba entregándole a la OMS las cifras sobre el conjunto de personas comprobada o sospechosamente fallecidas; a diferencia de las cifras reconocidas del Ministerio a la sociedad chilena que se limitaban a los primeros. Y otras a las significativas diferencias históricas constatadas en las personas fallecidas en el Registro Civil por “enfermedades respiratorias” de marzo en adelante, respecto de las cifras oficiales sobre los muertos por covid entregadas por el Gobierno.
Otro elemento que permite dudar fundadamente de las cifras oficiales ha sido la constatación de las notables diferencias históricas entre las muertes registradas en 2020, desde marzo en adelante, respecto de años anteriores. El Gobierno, luego de proceder a descalificar duramente -a través del inefable ministro Mañalich- las denuncias de Alejandra Matus, procedió a reconocerlas –al menos parcialmente- al aumentar las cifras de fallecidos oficialmente durante el mes de junio.
Sin embargo, persisten serias dudas respecto de la continuada negativa a incorporar los datos de “presuntos” o “sospechosos” fallecidos por covid en las estadísticas oficiales de personas fallecidas en Chile. Más todavía cuando el análisis comparativo de los fallecimientos a nivel mundial ubica a nuestro país en una insólita relación entre el número informado de enfermos y el de fallecidos. Así, el número mundial de personas que se han enfermado con la pandemia llega -de acuerdo al Worldometers de ayer (martes 28)- a 16.883.644; y el número de fallecidas a 662.472. La división es de 25,4858. En cambio, Chile ha llegado a tener 349.800 enfermos registrados, con un número oficial de fallecidos de 9.240; cuya división da un resultado de 37,8571. Con esto nuestro país muestra una altísima varianza del 48,5384%. Lo revelador es que si al número de fallecidos oficial le agregamos el número de “sospechosos fallecidos por covid” contabilizados por el mismo Ministerio de Salud en su último informe epidemiológico (del 24 de julio), esto es, 4.183 personas; nos da un total de 13.423 fallecidos. Este nuevo total contrastado con el número de enfermos nos da, a su vez, el revelador resultado de ¡26,0597!; esto es, mostrando una mínima varianza de 0,5739 con la cifra mundial, lo que corresponde al 2,2518%…
Es decir, al aceptar la cifra de “sospechosos fallecidos” dentro del número oficial de aquellos, Chile estaría, además, corrigiendo casi completamente la “desviación” de casi un 50% respecto del total mundial. Y esto se condice plenamente con las investigaciones efectuadas por CIPER y Alejandra Matus. Hay dos razones complementarias que permitirían “comprender” la tozuda actitud del Gobierno. Una es de “imagen”; ya que al reconocer como cifra oficial la de 13.423, querría decir que las personas fallecidas por covid en Chile son ¡más de un 45% que las que se reconocen actualmente!, con el fuertísimo impacto nacional e internacional que ello tendría en desmedro de la gestión gubernativa de la pandemia. Además, con dicha cifra, Chile se colocaría ¡en segundo lugar en el número mundial de fallecidos! con 701 por millón, siendo sólo “superado” por Bélgica, con 847.
La otra razón, es que como lo han reconocido numerosos médicos especializados y periodistas que han cubierto el tema, la tesis gubernamental subyacente es la idea de generar una “inmunidad de rebaño”, haciendo que la ciudadanía se vaya poco a poco enfermando, sin hacerlo de golpe para no colapsar el sistema de salud. De allí la obsesión inicial (¡desde enero!) de “poner todas las fichas” en proveerse de ventiladores mecánicos; y el inédito establecimiento (a nivel mundial) de las “cuarentenas dinámicas”. Y complementado con lo anterior, la inflexible actitud gubernamental de no efectuar un significativo y rápido apoyo financiero a los sectores populares para que ellos hubiesen podido sustentar económicamente su cuarentena. La oposición in extremis a apoyar el retiro del 10% de los fondos previsionales de los sectores más pobres, constituye la más elocuente demostración de lo anterior. Como muy bien se ha dicho no existen cabales razones puramente económicas para efectuar todo lo anterior. Es obvio que una cuarentena efectiva de un mes, seguida de un efectivo plan de trazabilidad posterior, es muy bueno tanto para la salud de la población como para la economía del país, como lo ha demostrado de manera rotunda Nueva Zelanda, país del hemisferio sur que recibió el virus al mismo tiempo que nosotros. Querer contraponer la salud y la economía, además de antihumanista, es también estúpido, por decir lo menos.
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