Andy Robinson, La Vanguardia
A casi tres meses de manifestaciones, las paredes de Santiago de Chile son murales psicodélicos de grafitis multicolores. Los dos que mejor resumen la extraordinaria rebelión ciudadana contra el presidente, el empresario multimillonario Sebastián Piñera, rezan: “Chile, donde nació el neoliberalismo y donde morirá” y “Hay tantas cosas que cambiar que no sé qué huevada pedir aquí”.
Pero el eslogan que sacó más de 1,3 millones de chilenos a las calles en un solo día es otro grafiti: “¡No más AFP!”. Se refiere a las seis administradoras de fondos de pensiones (AFP) que gestionan el sistema de pensiones privatizado por la dictadura de Augusto Pinochet en 1981 bajo los consejos del chicago boy Jose Piñera, hermano del actual presidente, (Piñera en realidad aprendió los principios de la escuela neoliberal de Milton Friedman en Harvard y no Chicago).
De todos los elementos del modelo chileno de desregulación, privatización y ortodoxia fiscal, el que más elogios ha suscitado en las conferencias bancarias ha sido el sistema de capitalización de pensiones, basado en un sistema de ahorro forzado que ha canalizado miles de millones de dólares al sistema financiero.
Para Piñera, al igual que para Friedman, la dictadura fue una excelente oportunidad. “Si el actual régimen no reforma las pensiones, quizás ya no se podrá hacerla jamás”, dijo. Aunque Pinochet nunca lo tuvo muy claro y exigió que los militares tuvieran su propio sistema de reparto.
Durante la década de los noventa, el modelo chileno fue promocionado en constantes roadshows protagonizados por Piñera y patrocinados por bancos internacionales, entre ellos unos cuantos en Madrid. Despertó el interés de gobiernos varios desde los de Tony Blair a Jose María Aznar. Establecido en 1981, ocho años de la vuelta de la democracia, el modelo chileno parecía ofrecer la solución para los problemas de los sistemas de reparto en tiempos de envejecimiento y limites fiscales.
Un sistema que gustó a Tony Blair y José María Aznar
Piñera explicaba incansablemente que bastaría con que cada trabajador aportase el 10% de su sueldo a las AFP para contar con una razonable tasa de remplazamiento, el porcentaje del salario anterior que se cobra como pensión. Piñera preveía el 80%. En lugar de transferir una carga de una generación a otra bajo la gestión de un Estado “despilfarrador” –decía–, el sistema de capitalización generaria un stock de ahorro que impulsaría al sistema financiero y los mercados de capitales. Estos devolverían el favor al pueblo chileno con buenas pensiones. A mediados de los noventa, todo parecía ir sobre ruedas. Los AFP estaban sacando una rentabilidad del 12,6% al año.
Un cuarto de siglo después ya se cuenta con la experiencia de 1,3 millones de jubilados del nuevo sistema. Y una de esas previsiones de Piñera ha resultado cierta. Según ha analizado la Fundación Sol en Santiago, los 230.000 millones de dólares –equivalentes al 70% del PIB chileno– canalizados desde los ahorros forzados hacia el sistema financiero han caído como maná del cielo para los bancos, y las grandes empresas nacionales y multinacionales agrupadas en torno a una poderosa oligarquía.
El grupo Luksic, por ejemplo, propietario del banco privado Banco de Chile y su holding, se financia con 9.000 millones de dólares gracias a las AFP. Otros apellidos de la oligarquía –Said, Yarur, Saieh–, también. El grupo minero SQM, del yerno de Pinochet, ha captado casi 800 millones de dólares. El grupo BTG, creado por el superministro bolsonarista en Brasil, Paulo Guedes –otro chicago boy que prestó sus servicios a Pinochet en los ochenta–, despegó en bolsa gracias a los 1.000 millones de dólares de las AFP. El grupo Ripley, con un ex ministro de Piñera en el consejo, es otro. “La puerta giratoria del Estado y el sector privado ha caracterizado el modelo neoliberal en Chile”, dice el economista Álvaro Díaz.
No sólo en Chile. El grupo extranjero que más se ha beneficiado del sistema de pensiones de capitalización es el megagrupo bancario español Santander, donde inversiones por más de 7.000 millones de dólares de los ahorros forzados de los chilenos han ayudado a reforzar su capitalización bursátil. Cuando Piñera visitó España en los noventa, el Santander participaba en el negocio de las AFP, aunque desinvirtió en el 2008 por miedo a ser acusado de conflicto de intereses.
Las entidades financieras extranjeras, grandes beneficiadas
“El sistema de pensiones chileno fue un muy buen negocio para el sistema financiero; las visitas de Piñera a países como España las pagaban los bancos y era muy difícil criticar el sistema, porque se consideraba una exportación chilena”, dijo Andreas Uthoff, uno de los críticos más asiduos del sistema.
No ha sido solamente un festín para el sector privado. Una parte importante de los fondos gestionadas por las AFP se invierte en deuda pública y ha ayudado a blindar a una economía dependiente de la exportación de cobre y vulnerable ante volátiles entradas y salidas de capitales. Pero por lo general –dice Uthoff–, las inversiones no han ayudado a impulsar nuevos sectores dinámicos.
Las AFP han registrado excelentes tasas de rentabilidad –al margen de los fondos que gestionan– del 15%, unos 550 millones de dólares este año. Los principales beneficiarios son grandes aseguradoras multinacionales como la estadounidense Met Life. El 75% del capital de las AFP es norteamericano.
Tal vez los ciudadanos chilenos habrían aceptado esta híper rentabilización de sus ahorros, sin lanzarse a la calle, si se hubiera cumplido la promesa de Piñera sobre una tasa de remplazamiento del 80%. Esto habría supuesto una pensión media de unos 1.500 dólares al mes en estos momentos. Pero no ha sido así. Todo lo contrario. Ocho de cada diez jubilados chilenos reciben una pensión mensual de sólo 310.000 pesos (unos 370 euros). Según la Fundación Sol, el 50% cobra una media de solamente 180 euros al mes.
La precarización del empleo no puede sostener las pensiones
Estas pensiones de miseria son la consecuencia del empleo precario que prevalece en Chile. “La mayoría de los chilenos pasa una parte de sus carreras como autónomos”, explica el Centro Internacional de Gestión de Pensiones. Puesto que “es esencial que los cotizantes hagan aportaciones regulares” para generar pensiones decentes, la realidad de la economía chilena no es compatible con el sistema de AFP, concluye. “Tenemos muchísimos casos de personas de 70 o 80 años que han tenido que regresar al trabajo”, dice Cristina Tapia de la Asociación Nacional de Pensionados en Santiago. “Esta mañana he hablado con una maestra de 73 años que ahora trabaja cuidando a niños y una enfermera que ha vuelto a los 70 años”.
He aquí la contradicción. Los chicago boys, así como el FMI, exigían la precarización total del mercado de trabajo. Pero el sistema de pensiones que propusieron como la alternativa a los “quebrados” sistemas públicos de reparto no funciona sin trabajo estable. Uthoff destaca otro problema con el elogiado modelo chileno de pensiones. “Para transitar del sistema de reparto a las AFP, el Estado tuvo que asumir el coste y fue del 136% del PIB. Se tuvo que recortar la salud, vivienda, educación, salarios públicos; todo para pagar la transición. Sólo se pudo hacer esto en una dictadura”.
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