Paul Walder, CLAE
El presidente chileno Sebastián Piñera, tras haberse ausentado en los medios durante los días más calientes de la crisis regresó a las pantallas al inicio de esta semana a través de una entrevista a la BBC. Un mensaje a la comunidad internacional, con énfasis en los inversionistas, para decir que en Chile todo estaba bajo control y él no tenía pensado renunciar.
El mensaje al mundo tuvo su contraste en Chile mediante puntos de prensa desde La Moneda para anunciar su agenda social, o una serie de pequeños subsidios a sectores medios y pequeñas empresas que son un detalle inocuo ante la magnitud de las demandas sociales. Del mismo modo que Piñera no ha querido atender a los crecientes reclamos de la población, la ciudadanía tampoco se interesa en escuchar las débiles propuestas del presidente.
Las medidas anunciadas por Piñera tienen otro destinatario. Es la oposición política, tan deslegitimada ante la población como la coalición de gobierno, pero salvavidas de último momento para enfrentar la crisis social que escala un poco más cada día en un proceso inverso a la degradación del Ejecutivo.
Esta semana Cadem, la encuesta semanal más divulgada y bastante cercana a Piñera, anunció que el presidente había roto todas las marcas históricas de repudio ciudadano. Sólo un trece por ciento de los encuestados le expresan aún su respaldo, guarismo que en los hechos ha de ser incluso menor.
Las medidas sociales que repite Piñera cada mañana han ido acompañadas de una creciente represión para controlar el descontento en las calles. A las veinte personas asesinadas se han sumado, hasta este miércoles según cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos, 1.778 personas heridas en hospitales, de las que 177 corresponden a lesiones oculares, cifra inédita en situaciones similares en otras naciones, más de cinco mil detenidas y 219 acciones judiciales presentadas por organizaciones contra la policía.
Los carabineros han actuado con una creciente violencia, episodios registrados por centenares de cámaras de teléfonos móviles que circulan por las redes sociales. Acciones aparentemente innecesarias, como una violencia que impresiona e indigna al país, se presume que responden a una estrategia de amedrentamiento previamente planificada. Han aparecido vehículos particulares secuestrando a manifestantes y operaciones de carabineros vestidos de civil.
Una manera de operar que a no pocos les recuerda la dictadura. Ello, en especial cuando hace una semana Anonymous filtró información de las páginas oficiales de Carabineros con datos de seguimiento de organizaciones y líderes sociales. La policía chilena ha vuelto a ser también una policía política.
Las movilizaciones y protestas han seguido en esta tercera semana tanto en intensidad como en masividad. En Santiago también han tenido un matiz: se han extendido a otros barrios. Este miércoles las barricadas se corrieron desde la Plaza Italia, el centro de todas las luchas, a Providencia y Las Condes, sectores de la burguesía tradicional, con torres de cristal y oficinas de las grandes corporaciones.
Es el barrio en el que Piñera tiene su consorcio financiero y desde el que se eleva el Costanera Center, la torre más alta de sudamérica y símbolo, para los chilenos, del consumismo, los créditos usureros y el neoliberalismo. Este miércoles los jóvenes manifestantes se enfrentaron a un cerco policial tan denso como el de La Moneda en una batalla que se extendió, con gases, balas de goma y agua, durante largas horas.
Extensión de las barricadas
La lucha en las calles crece con fuerza entre los jóvenes. Este lunes los colegios y universidades intentaron reanudar las clases, con un efecto contrario. Los establecimientos están ahora en toma y hay más y más estudiantes en las calles. Pero no solo los jóvenes. las movilizaciones se expanden y buscan diversas formas de expresión.
Este jueves el Consejo de Rectores de las principales universidades chilenas llamó al presidente Piñera a escuchar al pueblo y buscar una salida a la crisis con un cambio constitucional, en tanto en otro lugar de Santiago y a otra hora el ministro de Salud, Jaime Mañalich, un médico ex socio de Piñera en una inversión en el sector de la salud, fue objeto de una funa (escrache) durante una visita a un hospital público por parte de los médicos, paramédicos y hasta los mismos pacientes.
Cada día los hechos parecen precipitarse. Tras un miércoles intenso en movilizaciones, con largas batallas callejeras, Piñera reaccionó el día siguiente con un paquete de medidas que aumentan los castigos por saqueos, barricadas y hasta por el uso de capuchas junto a una batería de nuevas atribuciones a los organismos de inteligencia.
Estos anuncios, que la oposición y las organizaciones sociales han calificados de incendiarios y aterradores, solo aumentarán su aislamiento y la indignación entre la población. Con un trece por ciento de apoyo, cabe preguntarse si estas decisiones son personales o son el resultado de presiones en este momento difíciles de definir. Lo que sí está claro es que más allá de la crisis está la catástrofe.
En esta escena, Piñera pierde puntos cada día. Cada hora que pasa suma nuevos adversarios por la represión desatada, por el aumento de jóvenes heridos y chicas humilladas y violadas en los cuarteles, por la prepotencia de una policía que parece haberse saltado todos los protocolos y cortado todos los límites. Ya no se sabe si son órdenes del gobierno aquellos abusos, que han sido denunciados como evidentes violaciones a los derechos humanos, o es una policía que ya no responde a una autoridad política.
Hay analistas que se han preguntado sobre los poderes que están hoy en juego y cuál es el poder que le queda a Piñera. Pero aquello tiene, por el momento, un no menor rango de especulación. Nadie sabe bien todavía qué alcances tendrá el movimiento, en qué medida logrará conquistar sus demandas y qué fuerzas, además del gobierno y su coalición política, están en conflicto. Con la excepción de una caída de once puntos de la bolsa chilena desde que estalló la crisis y de un no despreciable deterioro del peso frente al dólar, las cúpulas empresariales y las grandes corporaciones se han mantenido en silencio.
El bloque sindical en escena
Lo único claro es que este trance sigue en alza. Cada día tiene nuevas actividades convocadas por las redes sociales y este viernes se prevé otra gran concentración en la Plaza Italia. Para la semana entrante, habrá una nueva prueba de fuerzas con una huelga nacional que intentará afectar la producción, los servicios y el consumo.
Un desafío de los trabajadores que deberá estar a la altura de las movilizaciones de la población y que debiera torcer una abulia sindical de varias décadas. Desde hace más de 40 años que no ha habido un paro general en Chile.
La crisis actual podría cambiar la historia sindical reciente. La plataforma Unidad Social, que integra a centrales, federaciones, sindicatos, al movimiento estudiantil y numerosas organizaciones, ha convocado para el martes 12 al paro, que en esta oportunidad contaría con la participación de la Unión Portuaria de Chile, los poderosos sindicatos de la gran minería, la Confederación de la Construcción y los trabajadores de la Empresa Nacional de Petróleos.
De resultar el paro, sería una demostración de unidad y marcaría un fortalecimiento del bloque sindical en un movimiento que hasta hoy no pierde sus rasgos juveniles.
La estrategia de Unidad Social, que tiene como objetivo final iniciar un proceso constituyente, pasa también por fortalecer la movilización y participación ciudadana mediante los más de 15 mil cabildos y asambleas territoriales, que se arman periódicamente en plazas e incluso en esquinas de barrios.
Desde aquí debe surgir el poder constituyente en un país cuyas constituciones siempre han sido impuestas desde las elites. La actual, la espuria y que está hecha a la medida de las oligarquías y tiene como eje fundamental la propiedad privada por sobre derechos fundamentales, fue redactada e impuesta por la dictadura.
En estos días se vive en Chile un proceso destituyente. Del gobierno, del mismo presidente, de la constitución de Pinochet y del régimen neoliberal, observado desde diversos ángulos como una amenaza. Estos son los avances que se persiguen con la aceleración de las movilizaciones.
¿Contra qué lucha el movimiento y Unidad Sindical? Contra una paradoja. Contra un gobierno y un presidente con apenas un trece por ciento de respaldo ciudadano que pide salvavidas a sus tradicionales opositores políticos, aquellos que conformaron los gobiernos de la Concertación y Nueva Mayoría.
Un presidente que busca el amparo del régimen político y económico, representado desde los otros poderes del Estado, las Fuerzas Armadas y del Orden, las iglesias y, por cierto y en primer lugar, el poder económico. Un acercamiento que busca aliados para reforzar el orden neoliberal, alargar las negociaciones en espera del desgaste del movimiento social.
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