El pasado 14 de noviembre el weichafe Camilo Catrillanca, de 24 años, fue asesinado por el comando jungla carabineros del Estado chileno. Este suceso representa uno más de los sistemáticos crímenes que se han cometido contra el pueblo nación mapuche. En 2002, Alex Lemun, de 17 años, fue asesinado y en 2008 en una recuperación de tierras en la Araucanía Matías Catrileo, de 22 años, padeció el mismo atentado. Tan solo por mencionar tres casos que conforman la larga lista. Además de las persecuciones policiacas, detenciones y encarcelamientos que asechan continuamente a las y los comuneros que defienden sus tierras. Un caso menos visible fue la prisión del joven Ernesto Llaitul Pezoa, en 2016, acusado de portar arma de fuego, ante la ausencia de pruebas fue liberado recientemente en octubre de 2018.
Estos crímenes se instalan en una lucha histórica del pueblo nación mapuche: La recuperación de sus tierras ancestrales hasta lograr la reconstrucción del Wallmapu.
Desde tiempos de la invasión colonial los mapuches fueron caracterizados como los más radicales y jamás conquistados de América, ello no es una exageración, pues lograron mantener sus territorios y autonomía desde el río Bío Bío hasta el sur del río Tolten. De modo que fue la conformación del Estado nación chileno y argentino el golpe más contundente en el proceso de espoliación que ya enfrentaban y habían logrado contener desde el siglo XVI.
Desde ahí se ha configurado una geografía, un marco jurídico, político y económico que fragmenta la territorialidad ancestral, por lo que la consolidación del Estado nación del siglo XIX sentó los precedentes de la violenta y acelerada ocupación del Wallmapu, cimentando las bases del llamado conflicto mapuche del cual cabe señalar dos puntos:
El problema nacional. Deviene de la inauguración de los Estado nacionales en América Latina, cuya monomanía política renovó la guerra contra los pueblos indígenas, dando paso a un colonialismo interno. En el caso concreto de Chile su carácter de Estado nación y el ascenso de una oligarquía comercial y terrateniente inicio un avasallador despojo de tierras de los pueblos pehuenches, lafkenches, huilliche, puelche, huenteche y nagche.
El carácter totalizador de la nación chilena desde entonces ha pretendido suprimir a la nación mapuche generando una coexistencia teñida de violencia. Este fenómeno históricamente ha sido interpretado como el problema de las minorías, el problema indígena o la cuestión étnica nacional, no obstante esta lectura soslaya la crítica de fondo que muy contundentemente ha puesto sobre la agenda política internacional el pueblo mapuche al señalar el problema estructural que supone en sí el modelo político, económico y territorial del Estado nación. En ese caso la diversidad de naciones y pueblos con formas de autogobiernos no son el origen del problema, ni son las minorías étnicas las que necesariamente tienen que sujetarse a la estructura de un Estado nación decimonónico, puesto que los autogobiernos ancestrales de los pueblos indígenas o mapuches hunden sus raíces en más de cinco siglos de existencia frente a los tempranos 200 años de proyectos nacionales homogéneos.
El segundo punto refiere al terrorismo de Estado que por definición alude al terror que ejecutan agentes del Estado para mantener el dominio e imponer políticas públicas contrarias a la democracia y a los intereses generales. Una de las manifestaciones es la ocupación territorial y demarcación de fronteras que no toman en cuenta a los pueblos originarios ni permiten su libre desarrollo cultural y vital. Desde ahí el neoliberalismo aplicado mediante la doctrina del shock ha fraguado el marco jurídico de Chile, concretamente se ha sustentado en la Ley Antiterrorista 18.314 promulgada desde 1984 por Augusto Pinochet. Esta medida de seguridad interna es bien sabida que cobra sentido frente a la creación de un enemigo interno que en este caso se le ha acuñado al pueblo mapuche, justificando así el allanamiento de las casas de los comuneros, violentando a las comuneras, encarcelando a las machis y sentenciando a más de 100 años de prisión a los weychafes.
De modo que la gran usurpación liberal nacionalista y el marco jurídico neoliberal son los forjadores del llamado conflicto mapuche, en la medida que han resguardado los intereses de la oligarquía chilena, de los terratenientes y de las corporaciones trasnacionales que invierten en los megaproyectos de hidroeléctricas y monocultivos de eucalipto y pino, fundamentalmente, que mantienen ocupado más de 95 por ciento del territorio mapuche, según Héctor Llaitul vocero de la Coordinadora Arauco Malleco.
Por tal el cuestionamiento al monolítico Estado nación es tajante y lo señala hoy día el pueblo nación mapuche, cuya lucha histórica por el territorio y la autonomía traza en este siglo XXI un horizonte de posibilidades para los pueblos de Latinoamérica que actualmente afrontan la avasallante oleada de despojo y extractivismo.
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(*) Zoque de San Miguel Chimalapa, Oaxaca. Socióloga y maestra en Estudios Latinoamericanos por la UNAM
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