Condena a Lula: ¿Estado de derecho o ‘lawfare’?

Para lograr el rechazo del habeas corpus a Lula, medios de comunicación, poderosos ministros del gobierno, movilizaciones en la calle y el ejército presionaron al Tribunal Supremo en una defensa contradictoria del Estado de derecho y la independencia judicial

Andy Robinson, La Vanguardia

Una de las cosas que llamaron la atención durante una visita al resort playero de Guarujá donde se encuentra el apartamento triplex que ha tumbado al ex presidente de Brasil, Luis Inázio Lula da Silva, era la convicción inquebrantable de todos los vecinos del inmueble de que Lula era culpable de recibir el inmueble como soborno. “El apartamento es suyo. ¡Seguro! Ellos venían por aquí”, dijo el marido de una pareja de vecinos que salían del bloque de pisos en el que Lula supuestamente se había beneficiado de una obra realizada por la constructora OAS a cambio de contratos de obras públicas. Por “ellos” el vecino se refería al expresidente y su ya difunta mujer Marisa. “¿Cómo saben?, ¿Los habéis visto?”, preguntamos. “No. Pero la Rede Globo da muchas pruebas en televisión”, respondieron en referencia al poderosísimo grupo mediático que ha sido un portavoz leal de los jueces de la investigación Lava Jato (lava coches) en su investigación anticorrupción.

Lo cierto es que es casi imposible saber si Lula era el verdadero propietario del triplex. Los jueces han fallado que sí lo era en dos juicios distintos. Los once jueces del Tribunal Supremo Federal de Brasil defendieron esa decisión el miércoles al negar por una diferencia de solo un voto el habeas corpus a Lula. Pero los abogados de Lula responden : “¡Enséñenos las pruebas!”. Sostienen que los intrépidos jueces de la investigación Lava Jato (Lava coches) encabezados por Sergio Moro -el Elliot Ness brasileño (al menos según los medios conservadores)-, en realidad son guerreros de una campaña de lawfare. Es el término en ingles que ya se usa cada vez más para denominar una supuesta politización del poder judicial, bien sea en España, en relación con la inculpación de los lideres independentistas en Catalunya, bien sea en Brasil, en relación con los ex gobernantes de la izquierda y los lideres del Partido del Trabajo.

En un Estado de derecho que funcionase habría que apoyar la decisión de los jueces. Ellos son los encargados de investigar asuntos opacos como la verdadera propiedad del triplex de Guaruja que nadie más está en condiciones de saber. Pero es muy discutible afirmar que Brasil, en estos momentos, sea un estado de derecho funcional. El golpe parlamentario contra Dilma Rousseff fue claramente diseñado para quitar el poder a un Gobierno heterodoxo en tiempos de crisis económica que requería, según los poderes empresariales y bancarios y los inversores globales, medidas ortodoxas. La acusación de que Rousseff, uno de los pocos políticos que no se ha visto involucrado en la investigación Lava Jato, había ocultado un déficit fiscal, era claramente un pretexto. “Fue un golpe; así de simple; Dilma es una de las personas mas honestas que he conocido”, dijo Luiz Carles Bresser, el ex ministro del gobierno de Fernando Henrique Cardoso en una entrevista a La Vanguardia en Sao Paulo.

Asimismo, aunque la investigación de Moro y los otros jueces de Lava Jato hayan implicado a otros peces gordos de la política brasileña concretamente Michel Temer, el Congreso en Brasilia ha hecho lo necesario para evitar que sean inculpados.

Es difícil no llegar a la conclusión, tras cuatro años de juicios, encarcelamientos y destituciones, que la defensa del Estado de derecho es muy selectiva en Brasil. Las grandes manifestaciones en favor del encarcelamiento de Lula en Brasilia el martes fueron un buen ejemplo. Los manifestantes, cuya composición sociológico (blancos de clase media) era muy parecida a la de las protestas que había llenado la avenida paulista en el 2014 y el 2015 para pedir la cabeza de Rousseff, reivindicaban apasionadamente que a los jueces del Tribunal Supremo no les temblara la mano ante el encarcelamiento del presidente más popular de la historia de Brasil y que lidera en estos momentos los sondeos para las presidenciales de octubre. Hacía falta demostrar que nadie, ni el expresidente, es impune ante la ley, repetían los entrevistados y los columnistas. Diversos ministros y poderosos políticos como el ex fiscal general Rodrigo Janot anunciaron públicamente que apoyaban las movilizaciones de defensa del Estado de derecho.

Pero, obviamente, el simple hecho de presionar desde la calle para intimidar a los jueces fue un atentado contra este mismo Estado de derecho. Pasaba lo mismo con los grandes medios de comunicación, que se emplearon a fondo para apoyar las concentraciones en favor de una decisión contra Lula en el Tribunal. Gilmar Mendes Franco, uno de los jueces que defendió el habeas corpus de Lula denunció que se había sentido “chantajeado”. “Si tenemos que decidir causas como estas porque los medios quieren ese o aquel resultado es mejor despedirnos e ir a casa”, dijo. El habeas corpus, a fin de cuentas, ha sido concedida en el pasado en circunstancias similares sentando precedentes que era lógico tener en cuenta.

Pero quizás el mejor ejemplo del esperpento que se esconde en las manifestaciones contra Lula y las defensas exaltadas de la democracia, el Estado de derecho y la independencia judicial en Brasil ocurrió cuando el ejército decidió intervenir. El general Eduardo Villas Boas, máximo responsable del ejército federal ya desplegado en las favelas de Río tras la decisión de Michel Temer de ocupar militarmente la ciudad, anunció en la víspera de la decisión del Tribunal: “El ejército brasileño comparte el ansia de todos los buenos ciudadanos de repudiar la impunidad”. El mensaje, en un país en el cual uno de cada tres ciudadanos dice ser favorable a un golpe militar, estaba claro: “Si los jueces no defienden la democracia contra el ex presidente de izquierdas, el ejército sí lo hará…”