El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, evita su destitución por un caso de corrupción gracias a los votos del principal partido opositor, liderado por la hija de Alberto Fujimori. Días después, Kuczynski concede el indulto al exdictador. ¿Casualidad? Poco probable.
El indulto por “razones humanitarias” del expresidente peruano Alberto Fujimori, condenado en 2006 a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, ha encendido la política peruana. La medida ha puesto en el centro de las críticas al presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien explicó al país que se trató de la decisión “más difícil” de su vida. Por la tarde del 25 de diciembre hubo manifestaciones en Lima y otras ciudades, en contra de la excarcelación, aunque también algunas a favor.
“Se trata de la salud y las posibilidades de vida de un expresidente del Perú, que habiendo cometido excesos y errores graves, fue sentenciado y ha cumplido ya 12 años de condena”, justificó el mandatario. Kuczynski argumentó que llegó a esta decisión porque, si bien durante la campaña electoral había negado la posibilidad de beneficiarlo con un indulto, propuso “alternativamente la dación de una Ley que hiciera posible el arresto domiciliario para personas de su condición, pero el Parlamento no recogió esta propuesta”.
Lo más sorprendente, más allá de las aclaraciones oficiales, fueron los elogios que Kuczynski regaló a la gestión de Fujimori al frente del Gobierno y cómo minimizó las condenas por delitos de lesa humanidad que pesan contra el expresidente, refiriéndose a ellas como “transgresiones significativas”.
“A todos nos es evidente que su Gobierno, que heredó al inicio de la década de los años 90 un país sumido en una crisis violenta, caótica, incurrió en transgresiones significativas a la ley, al respeto por la democracia y a los derechos humanos, pero también creo que su Gobierno contribuyó al progreso nacional”, declaró.
Alberto Fujimori se encuentra internado desde el sábado 23 de diciembre en una clínica de Lima por un cuadro de arritmia cardíaca. El 25 de diciembre su familia anunció que se encuentra estable y que en un día dejaría dejará la Unidad de Cuidados Intensivos.
¿Qué dice el informe médico que justificó su indulto? La resolución publicada en la tarde del día de Navidad se basó en un informe de la Junta Médica Penitenciaria. El mismo indica el siguiente diagnóstico: fibrilación auricular paroxística con riesgo moderado de tromboembolismo, hipertensión arterial crónica con crisis hipertensivas a repetición que han merecido atención de emergencia y evacuación, cardiopatía hipertensiva de grado leve-moderado, insuficiencia mitral e hipotiroidismo sub clínico.
El informe también hablaba de "cáncer de lengua tipo carcinoma epidermoide medianamente invasivo intervenido quirúrgicamente hasta en seis oportunidades con riesgo de recidiva, trastorno depresivo en tratamiento farmacológico, hipertrofia benigna prostática grado II, insuficiencia periférica vascular y hernia lumbar de núcleo pulposo L2-L3".
La misma Junta atendiendo al estado de salud recomienda el indulto por “razones humanitarias”.
¿Solo se trata de un informe médico? La posibilidad de un indulto, que había sido negada enfáticamente por voceros del Gobierno, llegó apenas siete días después de que Kuczynski superara un pedido de destitución solicitado por el principal partido de la oposición y de mayoría en el Congreso, Fuerza Nueva, cuya líder es la excandidata a la presidencia e hija del indultado, Keiko Fujimori.
Para eludir los cargos, el presidente se valió de la sorpresiva abstención de diez legisladores del mismo partido que había impulsado el pedido en su contra y del que se esperaba una votación en bloque. Fuerza Nueva tiene 71 de los 130 escaños y para salir adelante la denominada “moción por vacancia” se necesitaban 87 legisladores, número que se habría alcanzado de no ser por ese cambio repentino en el voto opositor. Solo hubo 79 votos a favor de la destitución, 19 por la negativa y 21 legisladores se abstuvieron.
La concatenación de ambas circunstancias originó fundadas sospechas de que se trató de un canje a cambio de salvar su mandato. Incluso desde las mismas filas que responden a Keiko Fujimori se corrió la voz de que, efectivamente, las diez abstenciones en su partido, entre ellas la de su hermano menor, Kenji, se produjeron porque el Gobierno les prometió liberar a su padre cuando recibiera un informe de salud. Así ha sucedido.
No son nuevas las posturas enfrentadas entre los hermanos respecto a la liberación de Alberto Fujimori. Mientras Kenji ha sido un activo defensor de su puesta en libertad y la ha venido solicitando por todos los medios posibles, Keiko ha preferido desvincularse con la idea de llegar al gobierno y, una vez en la presidencia, poder decidir sobre el particular.
Con independencia de esas diferencias, a la debilidad de su Gobierno, este indulto arrastra para Kuczynski unos efectos que pueden ser demoledores para la continuidad de su gestión: el cuestionamiento casi unánime de su propio electorado que le acusa de traidor, y una posible ruptura en las filas internas del partido que representa, Peruanos por el Kambio (PPK).
De los escasos 18 escaños en la Cámara, dos sumaron su apoyo a la medida y otros tres, Alberto de Belaúnde, Vicente Zevallos y Gino Costa, ya han anticipado que dejarán el grupo parlamentario. También presentó su renuncia quien presidía la Dirección General de Derechos Humanos, Roger Rafael Rodríguez Santander.
Un mandatario cercado por el caso Odebrecht Hace poco más de un mes saltó el escándalo: el presidente peruano estaría vinculado a la trama de corrupción de la constructora brasilera Odebrecht, envuelta en el pago de sobornos a cambio de obtener obras públicas en gran parte de los países de América Latina. Solo en Perú entre los años 2005 y 2014, período que abarca los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, la empresa habría pagado hasta 29 millones de dólares para quedarse con obras públicas.
Al parecer, las evidencias de “una posible vinculación” del mandatario con la empresa constructora brasilera se remontan a los años 2008/2009, cuando el ahora presidente ocupaba cargo ejecutivo en la compañía First Capital Partners, de la cual era cliente Odebrecht en por lo menos tres obras de envergadura desarrolladas en territorio peruano. La más destacada, la carretera Interoceánica sur, cuya licitación obtuvo tras pagar sobornos por valor de 20 millones, que habrían sido entregados al expresidente Toledo, actualmente en prisión.
Fue el propio exdirector ejecutivo de esa compañía, Marcelo Odebrecht, quien denunció ante los fiscales peruanos que además de contratarlo como consultor, había financiado la campaña electoral de Kuczinsky.
El presidente ha negado tajantemente tal vinculación. “Yo nunca he recibido aporte alguno de Odebrecht para mis campañas electorales del 2011 y 2016. Tampoco he tenido vínculo profesional con Odebrecht”, escribió en su cuenta personal de Twitter el pasado 14 de noviembre.
Sin embargo, para la oposición no fueron suficientes las explicaciones dadas y tras solicitar su renuncia, se llegó a la moción de vacancia por “permanente incapacidad moral” a la que fue sometido el lunes 21 de diciembre y en la que sorprendió que no se lograra su aprobación, cuando parecía imposible evitar su destitución.
“Reconciliación” con sabor a impunidad Tras superar el fallido intento de destitución, Pedro Pablo Kuczynski llamó a la “reconciliación y reconstrucción” del país, y prometió abrir “un nuevo capítulo” en la historia política del país. A la luz de lo sucedido, todo parece indicar que esas palabras no fueron casuales.
Es bastante usual en la experiencia latinoamericana que los presidentes utilicen un llamado a la “reconciliación” para esconder, o al menos justificar y apaciguar, medidas que presuponen antipopulares y que, en todos los casos, se implementan con sesgos ciertos de impunidad.
Tal fue el caso del expresidente argentino, Carlos Saúl Menem, que en el decreto Nº 1003 de octubre de 1989 fundamentó el indulto de los genocidas de la dictadura en la búsqueda de “la reconciliación, el mutuo perdón y la unión nacional”.
También el expresidente chileno Patricio Aylwin consultado en 1992 sobre el posible enjuiciamiento del dictador Augusto Pinochet y otros hombres del régimen, expresó que deseaba “que cada uno sea juzgado, en todos los casos”, pero aclaró que la justicia debía hacerse en tanto hubiera posibilidad. “La justicia debe hacerse en la medida de lo posible. Es probable que sin ley de amnistía la proliferación de los casos hubiera creado un clima peligroso para la reconciliación”, afirmó.
Más recientemente, el pasado 8 de septiembre, en su visita a Colombia el Papa Francisco expresó, precisamente, que "la reconciliación, no puede ser una excusa para legitimar la injusticia".
Ayer mismo, Keiko Fujimori, en su visita a la clínica donde está internado su padre también apeló a la reconciliación. "Esperamos que este paso que se ha dado se abra sin odios y que se genere la reconciliación que todos los peruanos estamos esperando", expresó.
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