En enero de 1916 el entonces presidente Woodrow Wilson designó a Louis Brandeis como ministro de la Suprema Corte. El debate que siguió en el Congreso fue uno de los más impetuosos y duró más de cuatro meses. La oposición desconfiaba de las inclinaciones progresistas de Brandeis, en especial en lo que se refería a la legislación antimonopolios. Al final, obtuvo la aprobación y a lo largo de los siguientes 23 años este jurista dejó una profunda huella en las decisiones del más alto tribunal estadounidense.
La política antimonopolios se basaba en la ley Sherman anti-trust de 1890. Hay que recordar que en el último cuarto del siglo XIX la economía estadounidense atravesó un periodo de fusiones y adquisiciones que llevaron a la consolidación de grandes corporaciones en casi todas las ramas de la industria y los servicios.
Los orígenes de esa ley no se relacionan con el tema del bienestar de los consumidores (afectado por prácticas no competitivas en la fijación de precios), sino por la desmedida influencia política que adquirían las grandes empresas. Brandeis compartía esta visión y a lo largo de su carrera luchó contra la aglutinación de poder financiero, industrial y político que distorsionaba no sólo las estructuras económicas, sino el entramado de la democracia en la sociedad estadounidense. Su obra inspiró la aprobación de la ley Clayton (1914), que complementó y facilitó la aplicación de la ley Sherman, y todavía más importante, la ley Glass-Steagall (1932), que separó las actividades de los bancos comerciales y las de la banca de inversión. Esta última dio estabilidad al sector bancario durante siete décadas y cuando fue derogada bajo la administración Clinton en 1999 abrió las puertas a la crisis financiera de 2007.
Durante el periodo 1890-1975 la aplicación de la legislación antimonopolios se mantuvo como una constante. En la perspectiva de Brandeis, la legislación anti-monopolios estaba relacionada con algo más que simples consideraciones económicas. Pero el surgimiento de la llamada escuela de Chicago desde los años 1960 vendría a transformar ese panorama. Las figuras de Robert Bork, Richard Posner y Ronald Coase contribuyeron a infundir una nueva visión a la política anti-trust, argumentando que el tema central en la materia debía ser el de la eficiencia y no el del poder político. Coase habría de llevar este enfoque hasta el extremo con la idea de que cualquier asignación de derechos entre personas puede ser mejorada por el mercado. Así nació la nefasta escuela denominada Derecho y Economía que ha convertido a la justicia en una mercancía.
Durante el periodo 1965-1975 la economía estadounidense tuvo que enfrentarse de lleno a la competencia de la industria japonesa y alemana. Además, en los años setenta la productividad en la economía estadounidense se estancó. El gobierno mostró señales de preocupación y, como resultado, la política anti-monopolios sufrió una adecuación. La concentración industrial dejó de ser vista como un peligro y pasó a ser considerada una muestra de éxito económico, sobre todo de cara a la competencia internacional. Las economías de escala y la construcción de un complejo científico-tecnológico-industrial fueron percibidas con aprobación. Para los años 1980 todo el panorama de la política antimonopolios se había transformado y la aplicación de las leyes Sherman-Clayton se debilitó considerablemente.
No es sorprendente, entonces, que las tasas de concentración industrial se hayan incrementado desde la década de los años 1990. Uno de los trabajos más importantes sobre este tema es el de Grullon, Larkin y Michaely (disponible en https://finance.eller.arizona.edu). Su investigación cubre más de cuatro décadas y revela que en los últimos 20 años más de 75 por ciento de las industrias en Estados Unidos experimentaron un incremento significativo en los niveles de concentración. El estudio utiliza el índice de Hinferdahl-Hirschman y muestra también que las tasas de rentabilidad de las empresas dominantes se han incrementado. Las fusiones y adquisiciones han sido un instrumento clave para mantener los fuertes niveles de concentración. La entrada de nuevas empresas a los distintos mercados también ha declinado en los últimos dos decenios (lo que indica que las barreras a la entrada asociadas a la mayor concentración se han incrementado). Según los autores, la aplicación laxa de la legislación antimonopolios es uno de los principales factores detrás de estas tendencias.
Hay que añadir a este panorama que la concentración industrial también está ligada a la desigualdad creciente. La investigación del autor Dorn, et al muestra que en las industrias con mayores niveles de concentración la participación de los ingresos de la fuerza de trabajo es declinante. Es claro que la enfermedad de la concentración económica no sólo se traduce en pérdida de eficiencia en la asignación de recursos. Su daño principal radica en la aglutinación de poder político y la corrosión de las instituciones de una república.
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