La campaña para implementar el mayor recorte de impuestos para los ricos en la historia de Estados Unidos fue acelerada el martes en una reunión a puerta cerrada entre el presidente Donald Trump y senadores republicanos para finalizar el plan.
La Cámara de Representantes tiene programado aprobar este jueves la resolución presupuestaria ya ratificada por el Senado la semana pasada. Esta es una maniobra parlamentaria para que los republicanos puedan promulgar el plan fiscal con una simple mayoría en el senado mediante el uso de una vía rápida, en vez de optar por un voto que necesite una mayoría de tres quintas partes pero que bloquearía maniobras obstruccionistas. La propuesta actual será emitida el primero de noviembre, a fin de buscar una aprobación para fin de año.
Wall Street celebró este paso en la elaboración del plan fiscal con un brinco de 167 puntos en el índice bursátil Dow Jones, llevándolo cerca de los 24 000 puntos. Desde que Trump quedó electo en noviembre, el Dow ha aumentado más de un 25 por ciento, multiplicándose cuatro veces desde el 2009 gracias al multimillonario rescate bancario y otras dádivas a las corporaciones y los bancos durante el mandato de Obama.
La medida fiscal que planea tomar Trump elevará a otro nivel el saqueo de los recursos sociales por parte de la clase gobernante.
Sus disposiciones parecen una lista de deseos navideños para los ricos: rebajar la tasa impositiva para las empresas del 35 al 20 por ciento, generando $6,7 billones adicionales en ganancias empresariales para el 2037; reducir la tasa impositiva personas más alta del 39,6 por ciento al 35 por ciento; abolir el impuesto alternativo mínimo que sólo aplica para los ricos; y recortar a 25 por ciento el gravamen a los ingresos de los propietarios de “entidades de paso”.
También, pondría fin al impuesto sobre la herencia, al cual están sujetos aquellos patrimonios mayores a los $5 millones, es decir, sólo el 0,02 por ciento de la población. Esta medida ha sido perseguida por mucho tiempo por la oligarquía empresarial, permitiéndole a sus miembros heredarles a sus hijos la vasta riqueza que acumularon a través del fraude y la especulación, efectivamente estableciendo una forma de gobierno dinástico.
El uno por ciento más pudiente verá sus ingresos tras pagar impuestos aumentar un 8,5 por ciento si se llegan a adoptar todas estas medidas. El Centro de Prioridades Políticas y Presupuestarias estima que la mitad de las rebajas a los impuestos beneficiarán al uno por ciento más rico de hogares, aquellos con ingresos mayores a los $700 000 por año. Dentro de este grupo, el 0,1 por ciento superior recibirá el 30 por ciento de los recortes fiscales, generándoles $800 000 en promedio a cada hogar por año.
El noventa por ciento de la población, de clase trabajadora o clase media baja, obtendrá poco o nada. Una pareja casada con un hijo que gane menos de $24 850 al año no recibirá ninguna rebaja a sus impuestos, mientras que una familia que gane $48 700 tan sólo verá una disminución de $180. Al mismo tiempo, los déficits presupuestarios que resulten de estos recortes fiscales serán utilizados por ambos partidos para exigir medidas austeras severas contra los programas sociales, como el programa jubilatorio del seguro social o el seguro médico público para adultos mayores, Medicare.
Como era de esperar, Trump y los republicanos están promoviendo el plan con mentiras descaradas, negando que está diseñado para beneficiar a los ricos e insistiendo en que tiene como objetivo reducir la carga impositiva de los “arduos trabajadores estadounidenses” y crear fuentes de empleo.
Por su parte, los demócratas apoyan un recorte enorme a los impuestos de las empresas y están presentando una oposición puramente simbólica a estos obsequios para los ricos. Después de la reunión republicana del martes, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Charles Schumer, y otros senadores demócratas tuvieron una rueda de prensa. Schumer, el senador de Wall Street, acusó a Trump de mentir sobre su plan, pero no dijo nada al respecto de los impuestos a las empresas. Otros demócratas atacaron el plan por ser fiscalmente irresponsable.
Como siempre, los republicanos crean el marco del proyecto de ley y los demócratas aseguran que sea aprobado y que quede virtualmente intacto. La principal función de los demócratas es desarmar a la clase obrera por medio de una pantalla de humo de debate democrático y oposición.
El plan fiscal del mandatario es el resultado de décadas de contrarrevolución social que han visto una copiosa transferencia de riqueza de la clase obrera a los ricos y superricos, creando así niveles de desigualdad social sin precedentes desde los años veinte y convirtiendo a EUA en una oligarquía.
La Decimosexta Enmienda a la Constitución estadounidense, la cual le concede al Congreso el poder de cobrarle impuestos a la población, fue aprobada en 1913, como parte de los esfuerzos del movimiento progresistas para controlar a los capitalistas ladrones. Este también fue el momento en que se implementó el impuesto sobre la herencia.
Durante la Gran Depresión, el Gobierno de Franklin Roosevelt aumentó la tasa más alta de los impuestos sobre la renta de 25 por ciento a 63 por ciento como parte de sus reformas del Nuevo Trato con las pretendía ahogar una revolución socialista. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta tasa alcanzó el tope de 94 por ciento. Luego, durante las siguientes tres décadas, nunca bajó del 70 por ciento.
La primera reducción impositiva de la posguerra fue llevada a cabo bajo John F. Kennedy, siendo apenas una pizca de lo que vendría luego con la contrarrevolución social de la burguesía encabezada por Ronald Reagan. Los demócratas, quienes controlaban el Congreso en ese entonces, capitularon ante Reagan en 1981 y rebajaron la tasa impositiva más alta del 70 al 50 por ciento, y luego al 28 por ciento. Gradualmente, volvió a subir a su nivel actual de 39,6 por ciento.
En este mismo periodo, el impuesto sobre las ganancias del capital en la especulación de acciones o bonos fue rebajado al 25 por ciento, como parte de la expansión del mercado bursátil que ha continuado desde la década de 1980. Las rebajas a los impuestos de los ricos han constituido una parte esencial del mecanismo por medio del cual el mercado bursátil y otras formas de especulación financiera han sido la principal avenida de la aristocracia financiera para acumular mayores riquezas.
Las consecuencias son claras. Desde los años ochenta, la proporción del ingreso nacional que ha ido a manos del uno por ciento se ha disparado del 12 al 20 por ciento, mientras que la proporción del 50 por ciento inferior ha caído del 20 al 12 por ciento.
El más reciente Estudio de Finanzas del Consumidor realizado por la Reserva Federal de EUA muestra que un 10 por ciento de estadounidenses ahora controla el 77 por ciento de toda la riqueza. El uno por ciento en la cima cuenta con el 38,5 por ciento, una proporción que ha crecido incluso desde el 2013. Al mismo tiempo, la tajada del 90 por ciento inferior se ha reducido en más de dos puntos porcentuales a 22,9 por ciento.
El impacto que han tenido estas transferencias de riquezas e ingresos en las condiciones de vida de los millones que viven en EUA ha tenido una amplia gama de expresiones: la disminución de la esperanza de vida, el aumento de la mortalidad infantil y materna, adicciones fuera de control y la tasa de suicidios en alza.
Este aumento del parasitismo ha coincidido con la destrucción de sectores industriales enormes, la devastación de los antiguos centros industriales del país y el empobrecimiento de amplias capas de la clase obrera. Ahora, con el recorte impositivo de Trump —elaborado por el exbanquero de Goldman Sachs y actual secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, cuyo patrimonio neto es de $500 millones, y el asesor económico, Gary Cohen, cuyo patrimonio neto alcanza los $610 millones—, la oligarquía tendrá abasto para un nivel de enriquecimiento que opacará los niveles actuales de desigualdad.
Las condiciones están siendo creadas para un levantamiento social. El crecimiento de la oposición de la clase obrera tiene que avanzar la demanda de que toda la política fiscal sea modificada dramáticamente para librarla del dominio de la oligarquía financiera y poder redistribuir radicalmente la riqueza a favor de la población trabajadora. La mayor tasa impositiva sobre los ingresos personales y empresariales tiene que ser regresada a los niveles de los años cuarenta y cincuenta y así poner fin al robo de los recursos sociales y poder atender las necesidades sociales de las masas.
En sí, estas son demandas democráticas, pero no pueden ser alcanzadas sin un ataque frontal contra la fuente del poder de la élite corporativa y financiera: su control sobre la vida económica y, a partir de ello, de todo el sistema político. La redistribución de la riqueza hacia la clase obrera tiene que estar conectada a la lucha por el poder obrero, la transformación de las gigantescas corporaciones y los grandes bancos en utilidades públicas y la reorganización socialista de la vida económica.
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