El Fondo Monetario Internacional y su máquina de relaciones públicas en la prensa internacional de negocios alaban hoy la recuperación de la economía española. Presentan la tasa de crecimiento del PIB para este y los pasados dos años como prueba de que sus políticas de austeridad y responsabilidad financiera sí funcionan. Pero tantos elogios a la gestión económica del gobierno central del reino de España no pueden maquillar las cicatrices que dejó la debacle. En buena medida la quiebra política que hoy atraviesa el Estado español es producto de esa crisis del capitalismo neoliberal que insiste en seguir queriendo marcar el derrotero de España y de toda Europa.
El mismo día que el presidente del gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont, anunciaba la declaración de independencia y solicitaba suspender sus efectos en aras del diálogo, en Madrid la comisión del Congreso sobre la investigación de la crisis financiera ha rechazado la iniciativa que pedía la comparecencia de los ex presidentes de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar. El portavoz del Partido Popular en la comisión ha explicado que su grupo rechazó la comparecencia de los ex presidentes del Gobierno porque ya se había citado a los responsables económicos de estos jefes del Ejecutivo. Es un hecho extraordinario que revela la quiebra política del Estado español.
Esta era una decisión esperada. La comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro no sólo ha rechazado llamar a comparecer a los presidentes de Gobierno en los años aciagos del rescate bancario, sino que ha puesto a salvo también a los presidentes de los grandes bancos y constructoras evitándoles el trabajo y la pena de rendir su testimonio en el curso de las investigaciones sobre el gran rescate bancario.
La maquinaria económica no es una entidad movida sin orientación política. Las decisiones sobre el rescate de los bancos españoles que hicieron la crisis financiera de 2008 no eran simples rutinas de programación para ser adoptadas por ingenieros que oprimían botones frente a un tablero de mando. Y las orientaciones fiscales que castigaron con austeridad a las autonomías y, por ende, a la población española a lo largo de estos años, tampoco fueron producto de una quimera de simples funcionarios de tercer nivel. Lo cierto es que el rescate bancario y los recortes al gasto público (que constituyen el desvío de recursos más importante y descarado que se ha visto en la historia económica de España) fueron producto de directrices establecidas en el plano más alto de la jerarquía política. Ese es el origen de la verdadera fractura de España.
Hoy los anuncios favorables sobre el desempeño de la tasa de crecimiento del PIB en España insisten en que por tercer año consecutivo la expansión alcanzará 3 por ciento. Pero olvidan mencionar que apenas este año se habrá podido alcanzar el nivel del PIB que se tenía en 2007. Es decir, una década perdida que nadie en Madrid se atreve a reconocer.
En materia de generación de empleo, el balance es todavía más desalentador. Entre 2008 y 2014 se perdieron más de 3.8 millones de empleos y hoy apenas se ha recuperado 40 por ciento de esos empleos perdidos. El balance por regiones y grupos de edad es todavía lastimoso. Es verdad que la tasa general de desempleo pasó de 28 a 17 por ciento entre 2014 y 2017. Pero si se examinan los datos con detenimiento se observa que una parte muy importante de esa reducción se debe a la contracción de la fuerza de trabajo. En efecto, entre 2012 y 2017 la fuerza de trabajo pasó de 23.5 a 22.7 millones de personas, lo que explica una tercera parte de la caída del desempleo.
No es la recuperación lo que reduce el desempleo en las autonomías, sino las secuelas de una crisis de larga duración que ha terminado por fracturar el ánimo de muchos jóvenes que han preferido dejar de buscar empleos de mala calidad. Por eso la tasa de actividad de jóvenes de entre 20 y 24 años se desplomó de 70 a 55 por ciento entre 2007 y 2017. La precariedad del empleo existente es la otra fea cara de una recuperación que sigue castigando con salarios bajos.
La lucha por la plena independencia de una República de Cataluña es su larga historia nacional. Sin duda es también consecuencia de los torpes y oportunistas acomodos de una burguesía catalana que ha jugado la carta del separatismo cuando le ha convenido y la del centralismo cuando se le ha ofrecido. Pero hoy existe un ingrediente nuevo en la compleja ecuación catalana. Se trata del peso de la crisis financiera y económica de 2008 y del autoritario capitalismo neoliberal en España y en la Unión Europea.
La incapacidad del centralismo español para entender la actual encrucijada política recuerdan aquella carta de Pierre Vilar, el gran historiador francés, a unos días después de proclamada la república en 1931: Las palabras república federal que utilizan en sus encabezados los diarios de Barcelona, me arruino de comprar diarios madrileños para encontrarlas.
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