Francis Dubois, wsws
Tres días antes de la presentación del 31 de agosto de decretos para destruir el Código de Trabajo, el primer ministro francés, Edouard Philippe, anunció una serie de medidas para completar su ruptura con lo que queda del "modelo social". Bajo el pretexto de "modernizar" los sistemas de bienestar social, el Gobierno del presidente francés, Emanuel Macron, se propone destruir todos los derechos sociales que la clase trabajadora ganó en la lucha durante el siglo XX.
Estas medidas están siendo presentadas como una "renovación", pero en realidad apuntan a liquidar los principales sistemas de seguro y asistencia social en su forma actual. "Este es sólo el comienzo", dijo Edouard Philippe al presentar las enmiendas al Código de Trabajo.
Impulsado por el apoyo de los sindicatos a sus decretos pero también presionado por una impopularidad que crece día a día, el gobierno quiere atacar este mes el seguro al desempleo, la formación laboral, las ayudas a la vivienda y el seguro médico, esto antes de abordar las pensiones. La lista no es exhaustiva; el Medef (Asociación de Empleadores de Francia) ya ha indicado que quiere romper el SMIC (salario mínimo). El método, ya utilizado contra el Código de Trabajo, sigue siendo el mismo: una estrecha colaboración con los sindicatos para imponer medidas de austeridad.
Bajo el pretexto de aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores, el gobierno quiere eliminar las cotizaciones al desempleo y reemplazarlas por un aumento menor de un impuesto separado pagado por la población, no por los empleadores. El objetivo final es eliminar el sistema de seguro al desempleo y eximir a los empleadores de cualquier responsabilidad financiera.
El gobierno está prometiendo una "drástica" supervisión de los desempleados. Perderán sus subsidios si rechazan un trabajo y tendrán que aceptar trabajos cada vez más precarios y mal pagados.
Esta es también una forma de crear un sector de bajos salarios, como en Alemania con las leyes Hartz, con el objetivo de socavar los derechos sociales y crear una gran masa de "trabajadores pobres".
El modelo, según la revista Marianne, rememora “el sistema inglés y sus ‘Centros de Empleo’ [establecidos bajo Margaret Thatcher] donde el desempleado no tiene más remedio que aceptar lo que se le propone, el nivel de salario, términos y la ubicación geográfica de la posición, ante el riesgo de perder sus asignaciones de inmediato".
Tratarán de la misma manera la formación profesional. La financiación conjunta entre trabajadores y empleadores también deberán ser sustituidos y los recursos deben ser controlados directamente por el Estado, con el objetivo de convertirse en una fuente de ganancias. Según el diario Le Monde, una comisión garantizará un "rendimiento sobre las inversiones en los fondos de la formación profesional".
Bajo el pretexto de volver a poner a los desempleados en el trabajo, el gobierno pretende eliminar las capacitaciones estables y globales para empleos decentes y reemplazarlas con “pequeños” y constantes entrenamientos, entre trabajos precarios en diversas industrias y dependiendo de las necesidades inmediatas de los patrones.
Del mismo modo, el gobierno anunció también un "replanteamiento" de las pensiones para principios del 2018. Bajo el falso pretexto de "simplificar" y "democratizar", fusionaría 37 esquemas de pensiones en uno solo, de manera que todos los franceses tengan una misma y barata pensión "independientemente de su estatus y carrera".
El ejemplo de Reino Unido vuelve a mostrar lo que el gobierno tiene en mente. Todos reciben la misma pensión baja, y los que quieren más deben suscribirse a las pensiones privadas vendidas por los fondos de inversión y las compañías de seguros.
El sistema de seguros médicos es también un blanco. La semana pasada, el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, anunció una serie de privatizaciones que someterán a los servicios sociales a esquemas de lucro, perturbarán o desregularán sectores sociales o industriales críticos como el suministro de agua o el transporte público. Las consecuencias serán desastrosas para la población.
A pesar de la jerga tecnocrática utilizada por el Gobierno para definir sus proyectos, su política es evidente: se está embarcando en una campaña para destruir todos los beneficios sociales de la clase trabajadora en pro de los superricos. Esta política es claramente ilustrada por la reforma del ISF (impuesto sobre el patrimonio). "Se espera que reduzca la recaudación del impuesto sobre la riqueza en tres cuartas partes. Un regalo que beneficiará especialmente a los más ricos de los ricos", dice Le Monde.
La política de Macron es fundamentalmente ilegítima y antidemocrática. Planeó su destrucción del Código de Trabajo con el Medef y los sindicatos y lo impuso, a pesar de que casi dos tercios de los franceses están en contra —esto gracias a los decretos que pasan por alto el Parlamento—.
Para imponer esta política de destrucción social, la oligarquía financiera está planificando la represión permanente y generalizada de la población. Esa es la razón por la cual la otra prioridad del gobierno es una "segunda sesión parlamentaria de emergencia" el 25 de septiembre para una nueva "ley antiterrorista", es decir, la transformación de las medidas represivas claves del estado de emergencia al derecho consuetudinario.
El estado de emergencia, impuesto por el gobierno del Partido Socialista (PS) de François Hollande y ampliado por Macron hasta que entre en vigor su nueva ley, se dirige principalmente contra la clase obrera. Su finalidad fue plenamente demostrada durante la represión de las protestas contra la nueva legislación laboral en julio del 2016. El estado de emergencia tiene principalmente en la mira los derechos democráticos fundamentales de la clase obrera, los derechos adquiridos y defendidos durante largas luchas, incluida la sangrienta lucha contra la ocupación nazi y el régimen colaboracionista de Vichy.
También se ha comprobado que los ataques terroristas en Europa durante los últimos dos años han sido llevados a cabo por redes de combatientes islámicos movilizados por las agencias de inteligencia occidentales como parte de su guerra para derrocar al régimen sirio del presidente Bashar al Asad. Los terroristas viajaron bajo la protección de los servicios de inteligencia, que los vieron como instrumentos críticos de política exterior. Se ha establecido, entre otras cosas, que el Estado belga tenía conocimiento previo de los atentados de Bruselas en marzo del 2016 y sabía dónde encontrar a sus autores.
Así como Trump representa los intereses de la oligarquía financiera estadounidense, Macron quiere imponer los dictados de la aristocracia financiera francesa contra los trabajadores. La similitud de los lemas no es una coincidencia. Donde Trump habla de "volver a hacer grande a EUA", el gobierno de Macron dice "Francia está de vuelta" o que "debemos hacer a Francia más fuerte".
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