Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, hizo el pasado 13 de septiembre balance del Estado de la Unión Europea en Estrasburgo y estableció los objetivos para el curso político que ahora se inicia. Además de sus loas a la supuesta recuperación, que mantiene en situación de pobreza severa a 40 millones de europeos, su apoyo al euro, la unión bancaria y su propuesta de aumentar las expulsiones de migrantes, reiteró la posición de la Comisión Europea sobre los acuerdos comerciales con otros países. Mantiene, como apuesta fuerte de su presidencia, la firma de nuevos tratados, siguiendo la estela del recientemente firmado con Canadá (CETA), aunque aún no ratificado por todos los parlamentos estatales. En concreto, Junker pidió a los Estados miembros su autorización para empezar a negociar nuevos acuerdos comerciales con diversos países, citando a Australia y Nueva Zelanda, además de seguir negociando con aquellos cuyos procesos están abiertos.
Los llamados tratados de libre comercio son escasamente conocidos por la población en general, a pesar de la enorme repercusión que tienen sobre su vida. Indudablemente, este hecho no es casual, sino que sus contenidos son conscientemente ocultados por quienes los negocian, conocedores de a quién favorecen realmente.
No obstante, dos de ellos, el TTIP y el CETA, sí han tenido cierta repercusión mediática, lo que ha propiciado que se conociera, aunque de forma muy superficial, cómo son este tipo de tratados entre la Unión Europea y otros países.
Desafortunadamente, lo que no sabe la población en general es que existe una lista extensa de acuerdos ya sea firmados, en fase de negociación, en espera de apertura de las negociaciones o paralizados – por distintos motivos-, pero no suspendidos, con otros países de todos los continentes, y que repasamos a continuación.
América del Norte
La Comisión Europea y Estados Unidos comenzaron las negociaciones por el TTIP en junio de 2013. Desde la llegada a Trump a la Casa Blanca, sin embargo, parecen haber quedado congeladas, pero todo parece apuntar que no definitivamente. Mientras, el CETA, entre la UE y Canadá, está a la espera de ratificación por parte de los Estados miembros tras la aprobación del Parlamento Europeo el pasado mes de junio. Este acuerdo, además, tiene la particularidad de que a pesar de no haber recibido el visto bueno de todos los parlamentos estatales, entró en vigor el 21 de septiembre de manera provisional. Por último, la UE negocia con México desde junio de 2016 la modernización del Acuerdo Global vigente. Su quinta ronda de negociaciones está prevista entre el 25 y el 29 de septiembre en Bruselas.
América del Sur
Las rondas de negociaciones con Mercosur se reanudaron en 2016, después de varios años de interrupción por desacuerdos en varias materias. Tras de los cambios políticos en Argentina, Paraguay, Brasil, y la marginación de Venezuela, su cuarta ronda de negociaciones está prevista entre el 2 y el 6 de octubre de este año en Brasilia.
Al igual que el tratado con México, la UE espera poder llegar a un acuerdo de actualización del Acuerdo que ya tiene con Chile en los pocos meses que quedan del año. De hecho, la Eurocámara ya aprobó este mes de septiembre una serie de recomendaciones para las negociaciones, que están lejos de las exigencias que el respeto a la democracia, al interés general y a unas relaciones comerciales dirigidas a acabar con las asimetrías, requerirían.
Asia
En noviembre de 2012 se iniciaron las negociaciones del acuerdo comercial con Japón – conocido como JEFTA- y, a falta de acercar posiciones en materia de protección de inversiones, el objetivo es cerrar un acuerdo para finales de este año.
La UE también abrió negociaciones bilaterales con algunos de los 10 miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en julio de 2007. Por ejemplo, con Singapur se cerró un acuerdo en 2014, aunque su entrada en vigor está paralizada al haberse puesto en duda que la Comisión Europea fuera competente para su firma y haberse llevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en mayo pasado dictaminó que el acuerdo comercial no puede celebrarse sin la participación de los Estados miembros. Este dictamen es determinante para la firma de futuros tratados en los que se contemple el campo de las inversiones y el régimen de solución de controversias entre inversores y estados.
Con Vietnam el acuerdo está en fase de revisión legal del texto y se espera su entrada en vigor en 2018. Y con Indonesia, la negociación está abierta y la próxima ronda de negociaciones se celebrará probablemente en otoño de este año.
Finalmente, con India se iniciaron negociaciones en abril de 2007, pero fueron paralizadas en 2013 por “desajustes en el nivel de ambiciones”, según las propias palabras de la Comisión Europea.
África del Norte
Marruecos y la UE entablan negociaciones en marzo de 2013 para modernizar el tratado vigente firmado en 1996. No obstante, quedan en suspenso en 2014 ya que Marruecos pretendía incluir aspectos no considerados anteriormente, con el Sáhara Occidental y sus recursos naturales como telón de fondo. Asimismo, con Túnez hay un proceso negociador abierto desde octubre de 2015 que pretende encarar la modernización del tratado que ya existe y que también se selló en 1996. La segunda ronda de negociaciones también está prevista para este otoño.
Países de África, Caribe y Pacífico
El Acuerdo de Cotonú, adoptado en el año 2000 en sustitución del Convenio de Lomé de 1975, constituye el marco general para las relaciones de la UE con 79 países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP). Entre sus objetivos se plantea la cooperación económica y social, y en ella, la firma de acuerdos comerciales, llamados en este caso acuerdos de asociación económica (AAE), en teoría ligados a programas de ayuda para el desarrollo y un mejor acceso a los mercados de la UE. Entre estos se cuentan el acuerdo con países de África Occidental, aún no firmado; el acuerdo con países del África Meridional, firmado en junio de 2016; el acuerdo con países de la Comunidad de África Oriental, aún sin firmar; el acuerdo con países del África Central, aplicado de forma provisional desde agosto de 2014; el acuerdo con países del África Oriental y Meridional, aplicado de forma provisional desde mayo del 2012; el acuerdo con países del Foro del Caribe, aplicado de forma provisional desde diciembre de 2008; el acuerdo con países del Pacífico, ratificado por Papúa Nueva Guinea en mayo de 2011; y el aplicado provisionalmente con Fiyi desde julio de 2014.
Oceanía
Con respecto a Australia y Nueva Zelanda existe una resolución del Parlamento Europeo de 25 de febrero de 2016, sobre la apertura de las negociaciones de acuerdos de libre comercio con estos dos países. En el caso de Australia, el pasado mes de agosto se firmó un Acuerdo Marco de cooperación que contempla poner en marcha esta iniciativa, mientras que con Nueva Zelanda se quiere iniciar este mismo año.
Otros acuerdos
La UE tiene asimismo como uno de sus objetivos firmar el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TiSA), con 23 países de la OCDE, un acuerdo que pretende liberalizar los servicios, incluyendo sectores de información y comunicación, tecnología, logística y transporte, servicios financieros y servicios para empresas. Las negociaciones se iniciaron en febrero de 2013 y hasta ahora se han celebrado hasta 21 rondas.
Los acuerdos comerciales como herramienta de dominación del capital
Este repaso del número total de tratados negociados o en negociación por parte de la UE nos hace ver la dimensión real del alcance de la política comercial de la Comisión Europea. Parece evidente que tras el fracaso de la ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio en su intento por lograr unas reglas del juego globales con carácter asimétrico, para favorecer claramente intereses de algunos países del Norte y, sobre todo, a sus multinacionales, la nueva estrategia neoliberal pasa por lograr alcanzar esos objetivos mediante la firma de acuerdos bilaterales o plurilaterales.
Si bien todos los acuerdos anteriormente citados no tienen un redactado común y pueden variar en alguno o bastantes de sus contenidos, sí que participan de un ideario compartido que se refleja en unos principios básicos:
Desregular
Todas aquellas normas que se entiendan que pueden limitar el comercio, en el sentido de reducir el volumen de ganancias de quien lo ejerce o cuestionar la viabilidad social sanitaria o ecológica de un producto, deben ser puestas en tela de juicio o directamente eliminadas. En este sentido, son muy significativas las palabras de Junker – por oportunistas y faltas de coherencia-, quien a la vez de hacer una defensa cerrada de la lucha contra el cambio climático, no hace nada para introducir cláusulas ambientales en muchos de estos tratados.
Un caso paradigmático es la connivencia para arrasar las selvas ecuatoriales y tropicales – que son garantía de biodiversidad-, en África, Sudámerica o el Sudeste asiático, para implantar monocultivos de palma; o la comercialización de productos petrolíferos o derivados de combustibles fósiles como el gas de esquisto o las arenas bituminosas, aún más contaminantes que los convencionales, saltándose los ya débiles acuerdos de París. Sin normas que preserven la biodiversidad y limiten la quema de combustibles fósiles no se puede luchar contra el cambio climático.
Asegurar las inversiones
La sentencia del TJUE sobre el tratado de Singapur resultó dura para la Comisión Europea, que no quería reconocer que los Estados miembros tenían algo que decir sobre los contenidos complejos y diversos contemplados en este y otros tratados. De esta forma, también en el CETA se ha reconocido su carácter de tratado mixto, porque invade competencias de los estados y, por tanto, debe ser ratificado por los parlamentos estatales y, en alguno de ellos, dependiendo de su Constitución, por los parlamentos regionales.
Pero la Comisión Europea no ha tirado la toalla y entre el paquete de medidas que planteó el pasado 14 de marzo para implementar los acuerdos comerciales existe una que puede modificar su propia estructura actual para esquivar la decisión judicial. En este sentido se entiende la propuesta de crear un tribunal multilateral de inversión, que evitaría incluir un capítulo especial sobre este tema en los tratados, por lo que sería suficiente hacer una referencia a la obligatoriedad de asumir que cualquier litigio se solventaría en dicho tribunal. De esta forma, los acuerdos comerciales podrían ser aprobados sin pasar por los parlamentos estatales. Una nueva perversión.
Mención aparte merece la propuesta de crear un marco europeo de control de la inversión extranjera directa, entendiendo por ello un freno a la entrada de capitales estatales, de China particularmente, que pongan en peligro el statu quo del negocio de las grandes empresas europeas.
Controlar la adopción de nuevas normas
En alguno de los tratados aprobados o en vías de aprobación existe la posibilidad de crear un ente de cooperación reguladora cuyo cometido estaría enfocado a asesorar a las partes firmantes sobre aquello que pueda ser legislado y pueda ir en contra de los tratados firmados, en una clara intromisión en la soberanía estatal.
Ahora se plantea crear un grupo consultivo sobre los acuerdos comerciales de la UE, invitando a participar a distintos sectores de la sociedad civil. Esta medida, al igual que la de informar por su parte sobre cualquier nuevo mandato de apertura de negociaciones, responde al interés de la Comisión Europea de mejorar la imagen de falta de transparencia que ha mostrado hasta ahora en las negociaciones de los tratados más conocidos, por no hablar de su inexistencia en aquellos no conocidos.
Oposición y alternativas a los acuerdos comerciales actuales
Como puede verse, no hay nada nuevo entre los objetivos comerciales de la Comisión Europea. En realidad, sólo existe uno: favorecer a los grandes grupos transnacionales profundizando en la senda de nuevos tratados bilaterales o plurilaterales de comercio que afiancen la agenda neoliberal.
El discurso de Junker y el paquete de medidas diseñado para implementar los acuerdos comerciales tratan de ofrecer una mejor imagen de los mismos y de sus procesos de negociación, presentándolos como iniciativas progresistas encaminadas a mejorar las relaciones entre países y sus niveles de desarrollo a través del comercio.
Pretenden ofrecer una mayor transparencia con la publicación, a partir de ahora, de todas sus recomendaciones de directrices de negociación para acuerdos comerciales -conocidas como mandatos de negociación-, y tratando de sumar a colectivos o entidades sociales a esos procesos siempre y cuando se muestre apoyo y docilidad, como se demuestra con iniciativas como las ratificaciones exprés que estudia la Comisión Europea para evitar la crítica o el disenso de parlamentos, territorios o colectivos sociales.
En el plano global, algunos estados de la UE han mostrado reservas sobre la actual proliferación de acuerdos comerciales, sobre todo con los aspectos relacionados con la protección de inversiones –que limita la soberanía de los estados- y en el caso de los países más pobres, con la protección de sus productos agroganaderos.
Pero ha sido la sociedad civil organizada la primera que ha mostrado su rechazo a unos acuerdos que no sólo no garantizan una mejora en sus condiciones de vida, sino que en muchas ocasiones destruyen sus modos de producción tradicionales o esquilman sus recursos naturales. Las protestas desatadas en la India y otros países de Asia y Oceanía integrantes del RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership); las acusaciones de neocolonialismo por parte de las organizaciones campesinas africanas contra los AEE, en relación con la soberanía alimentaria y la agricultura en pequeña escala; el llamamiento de Vía Campesina a una semana de lucha global contra la OMC y los tratados de libre comercio, en paralelo a la convocatoria de la ‘Asamblea Argentina mejor sin TLC’, que ha organizado una movilización hasta Buenos Aires entre los días 11 y 14 de diciembre, coincidiendo con una reunión de la OMC; o las protestas generalizadas en el conjunto de la UE y las más de 3,2 millones de firmas de la Iniciativa Ciudadana Europea contra el TTIP y el CETA ,son una muestra de las dimensiones de la protesta contra la globalización neoliberal.
Algunos países de América del Sur se enfrentaron al ALCA, aquel tratado que EEUU quería imponer como una nueva forma de dominio, planteando alternativas como el ALBA o la Nueva Arquitectura Financiera Regional (NAFR) que abogaban por la construcción de relaciones de complementariedad y solidaridad entre pueblos y se oponían a la competencia absoluta dictada por el libre comercio.
Estas iniciativas, que actualmente combaten y han desmantelado – en parte- los nuevos dirigentes neoliberales de algunos de estos países latinoamericanos, tienen su continuación en el Tratado Internacional de los Pueblos, un espacio creado para el control de las empresas transnacionales, que ha sido impulsada por la red global de movimientos sociales ‘Desmantelando el poder corporativo’. Su objetivo es “someter la arquitectura jurídico-política que sustenta el poder de las empresas transnacionales a normas y reglas de protección de los derechos humanos”.
Porque lo que está sucediendo con estos acuerdos no es otra cosa que un ataque inmisericorde a los derechos de los seres humanos, a sus recursos patrimoniales, tanto naturales como culturales, a su modo de entender la vida, o a sus relaciones, cambiando el sentido de sus economías, que pasan a estar dedicadas casi exclusivamente a la exportación, rompiendo las cadenas de producción y consumo locales y condenando a las poblaciones de los países del Sur global al desempleo, al hambre y la pobreza.
Para derrotar a la ya conocida como arquitectura de la impunidad plasmada en los textos de estos tratados y que protege a las grandes corporaciones, no queda otra que la solidaridad y las acciones conjuntas entre pueblos. Frente a la globalidad neoliberal, globalidad popular.
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