La reunión del Eurogrupo del lunes pasado terminó sin acuerdo acerca del cuarto rescate a Grecia. Cuarto rescate, así lo llaman los sindicatos y la oposición. La razón de esta dominación radica en que, si bien en puridad el dinero que va a recibir el país heleno pertenece al tercero, al que se firmó en 2015, ahora se condiciona su desembolso a nuevas medidas y recortes. Otra vuelta de tuerca. Es la enésima. La verdad es que no se debería llamar ni cuarto ni tercero ni primer rescate, porque nunca se ha rescatado a Grecia. Solo hay que contemplar su situación actual. A los que en realidad se ha rescatado ha sido a los bancos alemanes y franceses, mientras que se hundía al país heleno más y más en la crisis. Grecia no levanta cabeza. Y se confirma una y otra vez la nefasta política impuesta por Berlín y Bruselas.
La Comisión, no obstante, presenta estos días una visión triunfalista e idílica, quizás para justificarse y para que la esperanza haga los recortes menos duros y amargos. Afirma que está resurgiendo la confianza, despuntando el consumo, aumentando el empleo, que la temporada turística va a ser buena y que el saldo presupuestario primario (antes de pagar intereses) es mejor de lo esperado. En 2016, 3,95% del PIB.
De todo ello lo único cierto es lo que hace referencia al déficit público, que por otra parte parece que es tan solo lo que le interesa a Bruselas. Grecia acaba de entrar de nuevo en recesión (tal como se suele considerar técnicamente, dos trimestres seguidos con tasas negativas del PIB). Durante el cuarto trimestre de 2016 el PIB se redujo en el 1,2%, y en el primero de 2017 el 0,1%. Pero es que, además, hay que presumir que los nuevos recortes (2% del PIB, 3.600 millones entre 2019 y 2020), tendrán un efecto contractivo sobre la economía, con lo que se pierde toda esperanza de que la situación mejore.
Los sucesivos ajustes han tenido sobre Grecia un efecto devastador, la economía ha sufrido tres recesiones, la renta nacional se ha reducido en un 25%, la tasa de desempleo alcanza el 24% y el stock de deuda pública el 180%. El castigo sufrido parece propio de una situación de posguerra. Además las medidas adoptadas no han dañado a todos por igual. Han sido las capas bajas y medias de la población las que más las han sufrido, y la pobreza y desigualdad ha alcanzado niveles alarmantes e inconcebibles hace años.
Las condiciones impuestas ahora en lo que se ha llamado cuarto rescate continúan en la misma línea, son humillantes e injustas y gravitan sobre las clases más humildes. Las pensiones sufren el decimocuarto recorte, y disminuirán entre el 9 y el 18%, y el límite exento en el impuesto sobre la renta pasará de 8. 600 a 5.700 euros. Hay que preguntarse si la intención de los representantes de las instituciones comunitarias es tan solo eliminar el déficit público o si, por el contrario, se mueven por motivos ideológicos y a la hora de escoger las medidas se inclinan por las predilectas del neoliberalismo económico, tales como hundir lo más posible las pensiones públicas y potenciar así los fondos privados de pensiones o atacar los tributos directos y progresivos.
Esta clara intencionalidad ideológica se percibe también en el resto de medidas impuestas, diferentes de los recortes presupuestarios. Se abarata el despido y -cosa insólita en la democrática Europa- se suspende la negociación colectiva por lo menos hasta 2019. Es decir, se profundiza en la liberalización del mercado laboral con la finalidad evidente de reducir los salarios.
Pero no solo es el mercado de trabajo el que se pretende liberalizar. Las medidas afectan también al comercio y a la energía. Se establece la posibilidad de abrir treinta domingos al año en lugar de los ocho actuales. Uno no puede por menos que preguntarse qué tiene que ver esta condición con el control del déficit público. De tener algún efecto, será negativo tanto sobre la economía como sobre las finanzas públicas. Constituye, eso sí, una vieja aspiración de las grandes superficies y del poder económico, pero va en contra del pequeño comercio que es el que de verdad crea el empleo. La argumentación de que de esta manera se potencia el consumo es una falacia y una cierta ironía cuando desde 2009, año en el que comienzan los ajustes, no se ha hecho otra cosa que hundir el consumo. La llamada liberalización del sector energético pretende el mismo objetivo, abrir espacios rentables al poder económico. De ahí las privatizaciones impuestas hasta ahora y la exigencia en este acuerdo de que el Estado se desprenda de su 40% de participación en el sector.
A cambio de todas estas cesiones del Gobierno griego, lo único que se ofrece es desembolsar 7.000 millones de euros y promesas. Los 7.000 millones de euros no se destinan realmente a Grecia sino a los acreedores, ya que servirán para que este país pague los intereses de los créditos que vencen en julio. Se demuestra una vez más que lo que se pretende rescatar no es tanto los países como los prestamistas. El FMI tiene mucha experiencia en ello. Los préstamos de esta entidad a los países con problemas iban siempre orientados a que los acreedores pudiesen cobrar sus deudas. Ello explica la insistencia de Merkel en que el FMI estuviese presente en los rescates de la Eurozona.
Las promesas no dejan de ser eso, promesas, y casi nunca se han cumplido. En esta ocasión la golosina radica en que los bonos helenos entren en los programas de expansión cuantitativa del BCE, pero sobre todo en la reestructuración de la deuda pública griega. El FMI hace tiempo que viene manifestando que Grecia en ningún caso podrá hacer frente al stock de deuda pública, que en los momentos presentes alcanza el 180% del PIB. Su postura es tan radical que condiciona su participación en el rescate a que esta reestructuración se lleve a cabo. Los planteamientos del FMI dan más credibilidad actualmente a la promesa. Sin embargo, la reunión del pasado lunes del Eurogrupo indica de forma clara que Merkel es absolutamente reacia, especialmente antes de que se celebren las elecciones de septiembre, a que sus ciudadanos tengan que asumir el coste; aunque en honor de la verdad no lo van hacer en un porcentaje mayor que el resto de los contribuyentes de la Eurozona.
Desde hace mucho tiempo todo el mundo está convencido de que antes o después, de buen grado o por la fuerza de los hechos, tendrá que realizarse una quita de la deuda pública griega. El problema es que sería la segunda y nadie garantiza que, de continuar con esta política suicida, sea la última. El endeudamiento público del país heleno en 2009 era del 120% del PIB, en la actualidad y después de la primera reestructuración y de las atrocidades y sufrimientos que se han infligido al pueblo griego, del 180%.
La expropiación de derechos y los atropellos a los que se ha sometido a la población griega pasan de los límites posibles en una sociedad democrática. Nunca se sabe hasta cuándo los ciudadanos están dispuestos a soportar. Las manifestaciones y huelgas generales se han multiplicado, y hoy en día las clases bajas y medias se han sumido más bien en la tristeza y en la desesperanza, pero la violencia puede estallar en cualquier momento, especialmente después del fiasco de Syriza.
Tsipras cometió dos errores. El primero, enfrentarse en solitario a Berlín, Bruselas y Frankfurt, si no se estaba dispuesto a llegar hasta el final, es decir, a la salida de Grecia de la Eurozona. El segundo, gobernar en esas pésimas condiciones, con lo que está quemando a su partido y cegando toda posibilidad de cambio en el país heleno. Algo parecido le sucedió a Zapatero en España.
En nuestro país las formaciones políticas de izquierdas deberían tomar nota y no tener tanta prisa en llegar al gobierno. La pertenencia a la Unión Monetaria dificulta, cuando no imposibilita, cualquier política de izquierdas. Si resulta forzoso aplicar la política de Bruselas, mejor que se queme la derecha, y que las formaciones políticas de izquierdas desde la oposición vendan caro su apoyo, doblen la mano al Gobierno y le obliguen a adoptar determinadas medidas que palien la situación, al tiempo que se trabaja para aunar fuerzas en Europa en el objetivo de romper la Eurozona y retornar a las monedas y políticas nacionales.
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