Las acciones del principal mercado bursátil de Brasil se desplomaron un 10,47 por ciento en los primeros minutos de la apertura del jueves, desencadenando el llamado “cortocircuitos” automático, que detuvo el comercio por primera vez desde la crisis financiera mundial del 2008.
La venta motivada por el pánico en la capital financiera de Sao Pablo fue causada por la dramática intensificación de la crisis política del país, con el presidente Michel Temer y su aliado político principal, el senador Aecio Neves, líder del derechista PSDB (Partido de la Social Democracia Brasileña), implicados directamente en el prolongado escándalo de corrupción, la Operación Lava Jato.
El gigante de los medios de comunicación del país, O Globo, informó la noche del miércoles que, como parte de un acuerdo judicial, un prominente ejecutivo de negocios había entregado grabaciones a la Suprema Corte del país. Las grabaciones registran a Temer avalando la compra del silencio del político encarcelado Eduardo Cunha, y pidiéndole a Neves 2 millones de reales (casi 600.000 dólares) para pagar su propia defensa contra cargos de corrupción.
Según O Globo, las grabaciones, hechas en secreto el pasado marzo, registran a Joesley Batista, director ejecutivo de JBS, una de las compañías frigoríficas más grandes del mundo, diciéndole a Temer que le está haciendo pagos mensuales a Cunha, el exlíder de la cámara baja del Congreso brasileño encarcelado por múltiples cargos de corrupción, para evitar que delate a otros involucrados en el inmenso soborno y el escándalo de corrupción que gira alrededor de la compañía petrolera estatal Petrobras. Según el informe, se escucha a Temer en la grabación indicándole a Batista, “Tienes que mantener eso, ¿de acuerdo?” Cunha, miembro del Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), de Temer, fue el arquitecto inicial del juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), que colocó a Temer en el poder. También fue el nexo de la vasta operación de soborno que ha implicado prácticamente a todos los partidos en Brasil, incluyendo al PT.
Temer pronunció un breve discurso el jueves en la tarde, declarando, “No renunciaré, repito que no renunciaré”. Afirmó que no tiene “nada que ocultar” y pidió una “investigación plena y una rápida aclaración de las cosas para el pueblo brasileño. Esta situación de incertidumbre no puede durar mucho tiempo”.
Continuó advirtiendo que la revelación de la “conversación grabada secretamente” amenazaba con intensificar la crisis política del país a un nivel sin precedentes, haciendo inútil el “inmenso esfuerzo para sacar al país de la recesión”. “No podemos tirar al basurero de la historia tanto trabajo hecho por el país”, dijo.
Temer se refería a la contrarrevolución social en la que su gobierno se ha embarcado desde que asumió la presidencia tras el juicio político de Rousseff. Profundizando el asalto a los derechos sociales de la clase trabajadora ya iniciado bajo el PT y Rousseff, el gobierno ha presentado ante el Congreso una reforma aplastante de las pensiones que aumenta drásticamente la edad de retiro, reduce los beneficios, aumenta las contribuciones de los trabajadores y los somete a planes privados de jubilación. Esto ha sido acompañado por una “reforma laboral” que le quitaría derechos a los trabajadores, desechando restricciones en trabajos a tiempo parcial, externalizando y permitiendo que los sindicatos negocien por fuera derechos protegidos por el código laboral del país.
Ambas piezas de legislación estaban destinadas a comenzar una agenda sistemática de medidas de austeridad para colocar toda la carga de la crisis económica más profunda de Brasil en un siglo sobre las espaldas de la clase trabajadora.
El desempleo se sitúa actualmente en niveles récord, con más de 14 millones figurando oficialmente como sin trabajo. La cifra real probablemente se acerca a 25 millones cuando se incluye a quienes han dejado de buscar trabajo. Los ingresos familiares de los trabajadores, mientras tanto, han caído más de 10 por ciento desde el 2014.
A pesar de las condiciones cada vez más desesperantes para las masas obreras brasileñas, los medios de comunicación corporativos y financieros, junto con los políticos de las grandes empresas, aplauden el supuesto giro en la economía del país, basándose en gran medida en la respuesta entusiasta de los mercados bursátiles y el capital financiero internacional al aparente progreso de Temer en los ataques a las pensiones y leyes laborales.
La venta generalizada de valores del jueves reflejó los miedos de que la implementación de estas medidas vaya a ser detenida por la cada vez más profunda crisis política que envuelve a todos los sectores de la clase política gobernante de Brasil.
El senador Ricardo Ferraço (PSDB), que estaba a cargo de la redacción de la legislación laboral, confirmó el jueves los miedos de Wall Street y del capital financiero brasileño, al decir que las reformas de Temer quedaban suspendidas momentáneamente.
“La crisis institucional que estamos enfrentando es devastadora, y necesitamos priorizar su solución”, dijo el senador en una declaración. “Ahora todo lo demás es secundario”.
Mientras tanto, la Corte Suprema de Brasil suspendió el jueves a Aecio Neves de su banca en el Senado mientras la policía federal allanaba sus múltiples casas en Río de Janeiro, Belo Horizonte y Brasilia. El tribunal no les otorgó a los fiscales las solicitudes de una orden para detener a Neves, quien perdió la elección presidencial del 2014 ante Rousseff por un margen estrecho. La policía federal, empero, sí arrestó tanto a su hermana como a su primo en Belo Horizonte por su papel en el intercambio de dinero con el ejecutivo de la compañía frigorífica.
Incluso antes de las últimas revelaciones, el porcentaje de aprobación de Temer era de apenas 9 por ciento, con grandes sectores de la población calificando su presidencia como totalmente ilegítima. Sin embargo, ha lucido en gran medida indiferente ante esta hostilidad popular, viendo a las grandes corporaciones y al capital financiero brasileño e internacional como su verdadero electorado.
Si renunciara, o terminara enjuiciado en un proceso que se prolongaría durante meses, según la Constitución brasileña, le corresponde al Congreso, mediante la elección indirecta de un sucesor que desempeñe el cargo por el resto del término presidencial, hasta después de las elecciones generales de octubre del 2018. El cuerpo legislativo está tan desacreditado como la presidencia, con 39 diputados y un tercio del Senado bajo investigación por el escándalo de corrupción. Rodrigo Maia, el presidente derechista de la cámara baja del Congreso y quien sigue en la línea de sucesión a Temer, también un exvicepresidente, es acusado por solicitar donaciones de campaña de la firma constructora OAS, una importante contratista de Petrobras, a cambio de favores políticos.
Las organizaciones de pseudoizquierda y los sindicatos brasileños han planteado el reclamo de una asamblea constituyente y elecciones directas. Su objetivo es canalizar el enojo creciente contra el sistema capitalista entero en Brasil detrás del desacreditado PT y, en particular, de la candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, el antiguo líder sindical metalúrgico que ocupó la Presidencia de Brasil del 2003 al 2010. El propio Lula se enfrenta a múltiples juicios de corrupción. Su gobierno del PT fue instrumental en la creación de la red de corrupción mediante su canalización de recursos estatales para promover el crecimiento y las ganancias de corporaciones capitalistas brasileñas como JBS, Odebrecht y OAS, a cambio de beneficios políticos.
Un regreso al poder de Lula y el PT significaría una continuación de las políticas capitalistas de austeridad iniciadas por su gobierno, continuadas por Rousseff y profundizadas por Temer. La misión de otro gobierno de Lula sería contener la creciente militancia de la clase trabajadora brasileña y mantenerla subordinada a los intereses del capital.
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