La Comisión Europea acaba de presentar su informe anual sobre desequilibrios macroeconómicos. En realidad, este informe debería ser el más importante del Ejecutivo comunitario, ya que la Unión Europea se ha construido de forma asimétrica sobre la base de un cúmulo de desequilibrios, y son estos los que subyacen a todos los problemas de la Eurozona. Sin embargo, la realidad es otra, es un informe inútil, pues se encuentra lleno de contradicciones, reflejo de aquellas sobre las que se asienta la UE.
La Real Academia Española define equilibrio en una de sus acepciones como contrapeso, contrarresto o armonía entre cosas diversas, y eso es lo que ha faltado en Europa. No han existido los contrapesos. El Acta Única introdujo la libre circulación de capitales sin establecer al mismo tiempo la necesaria armonización en materia fiscal, social o laboral, con lo que en buena medida trasladaban la soberanía a los dueños del dinero que estarían así en condiciones de chantajear a los Estados imponiéndoles las mejores condiciones para sus intereses. El Tratado de Maastricht estableció la Unión Monetaria sin la imprescindible integración en materia presupuestaria y fiscal que compensase y contrarrestase los choques asimétricos, imposibles de corregir con la moneda única.
Por supuesto que el informe no indica nada de esto, y apenas toca el desequilibrio mayor de toda la Eurozona y causa de todos los demás: el gigantesco superávit exterior de Alemania, que alcanza ya más del 8% del PIB. La Comisión, por el contrario, se dedica señalar aquellos defectos de las economías de los otros países que por otra parte son evidentes.
De España resalta el cuantioso endeudamiento exterior tanto público como privado; la tasa de desempleo, la mayor de Europa, si exceptuamos Grecia; la temporalidad del mercado laboral; la pobreza y la exclusión social que afectan incluso a una parte de la población ocupada; la desigualdad, en cuyos índices nuestro país se sitúa a la cabeza de la UE; el déficit publico originado por una recaudación fiscal insuficiente; la ineficiencia de las prestaciones sociales; escasa inversión en I+D, etc. Como se puede apreciar, nada que no sea de sobra conocido, aunque tiene la virtud de servir de contrapunto al triunfalismo del Gobierno y de otros propagandistas de la política económica oficial, ya que deja patentes las debilidades e incertidumbres que anidan aún en la economía española y que pueden en cualquier momento invertir la actual tasa de crecimiento económico y devolvernos a la cruda realidad de una crisis no superada.
Hasta aquí todo sería correcto si no fuera porque, si se analizan las causas, encontramos que la mayor parte de las lacras que afectan a la economía española obedecen al diseño con el que se creó la UE o a la política económica impuesta por el BCE y la propia Comisión. El endeudamiento exterior, que ahora con razón señala el informe como uno de los mayores peligros de nuestra economía, no ha surgido ayer; tuvo un origen privado y solo en la recesión se ha trasladado al sector público. Se fue generando durante los años previos a la crisis, a partir de la creación de la moneda única, sin que la Comisión, muy ocupada con el déficit público, diese la menor señal de alarma. Nadie habló del endeudamiento privado. No se inquietaron cuando los banqueros alemanes y franceses prestaron sin rigor a los bancos españoles y tampoco cuando las entidades financieras españolas concedieron créditos a diestro y a siniestro con total irresponsabilidad y sin contrastar la solvencia de los clientes.
El incremento de la desigualdad a lo largo de la crisis, la pobreza y la exclusión social, el deterioro del mercado laboral, la insuficiencia de la protección social, el reducido gasto en I+D; todo ello en buena medida tiene su origen en la deflación interior a la que se ha sometido a la economía española, al no poder devaluar la moneda, y que fue impuesta por la Comisión y el BCE. Es la reforma laboral la que ha acentuado el deterioro del mercado de trabajo, ha hecho descender los salarios y permite que una parte de la población ocupada haya entrado en el círculo de la pobreza.
La preocupación por el déficit público lleva a la Comisión a recomendar al Gobierno que suba el IVA, y además en el tipo reducido. Estima que de esa manera se incrementaría la recaudación en un 1,4% del PIB. Creo que subir los impuestos indirectos no parece una receta muy adecuada para reducir la desigualdad que la propia Comisión denuncia. Es verdad que el informe se apresura a añadir que los efectos antisociales se podrían compensar con medidas de protección social. Pero, si se quiere que estas sean eficaces, es de suponer que el gasto aumentaría también aproximadamente el 1,4% del PIB, por lo que no se ve entonces donde se encuentra el efecto positivo sobre el déficit.
La mayor incongruencia del informe aparece a la hora de plantear las medidas para superar las amenazas y peligros que se ciernen sobre la economía española, puesto que en él se aconseja continuar e intensificar las reformas que han creado precisamente los desequilibrios. El problema con el que se encuentra la Comisión es el mismo que acecha a todo aquel que quiera trazar la política económica que debe seguir España. Es semejante a quien quiere corregir los rotos de una prenda vieja. Todo parche produce un nuevo agujero. Su pertenencia a la Unión Monetaria condena a nuestro país a una encrucijada de difícil salida.
No solo España se encuentra en esa ratonera. En realidad, la trampa afecta a todos los países de la Eurozona. El informe de la Comisión así lo recoge, y cita a Francia y a Italia como los dos mayores peligros para Europa. Hay que preguntarse si los desequilibrios de España, Italia y Francia, los tres mayores países de la Eurozona, no tienen todos igual origen: mantener el mismo tipo de cambio que Alemania y el empecinamiento de este país en mantener un superávit en su balanza por cuenta corriente desorbitado, por encima del 8%. La inestabilidad en la Eurozona continuará, hágase lo que se haga, mientras esta situación no cambie.
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