Austeridad: la idea que no quiere morir

Alejandro Nadal, La Jornada

El gobierno mexicano impuso el fuerte aumento en los precios de la gasolina por una razón: ha optado por regresar a la austeridad y lo que se denomina el superávit primario. Es muy importante analizar las causas que llevan al gobierno a esta elección, que corresponde a un poderoso mito neoliberal y conlleva la descomposición del Estado mexicano.

El año pasado las calificadoras Standard & Poor’s y Moody’s rebajaron la perspectiva crediticia de México de estable a negativa. La primera de estas agencias señaló que existía una probabilidad de 30 por ciento para que degradara la calificación sobre México en los próximos dos años debido al creciente endeudamiento. Por su parte, Moody’s justificó su decisión argumentando que el desempeño de México era muy débil y que el entorno externo no facilitaba las cosas. En síntesis, la vulnerabilidad de las finanzas públicas en los próximos dos años comenzaba a alarmar a los mercados financieros.

La deuda neta del gobierno federal era 42 por ciento del PIB en 2015 y ya se proyectaba que en 2016 ese indicador subiría a 45 por ciento. Si en 2005 el índice de la deuda se había colocado en 28 por ciento, el incremento de dicho indicador había sido el resultado de los déficit primarios que el gobierno mantuvo desde 2008. Las calificadoras señalaron que el aumento del endeudamiento era moderado, pero les preocupaba que el margen de maniobra fiscal se hubiera reducido. Para completar su análisis S&P y Moody’s señalaron que a pesar de que el gobierno mexicano había instrumentado importantes reformas estructurales el crecimiento siguiera siendo mediocre y continuara el deterioro de la posición fiscal.

El superávit primario es una noción que proviene de un simple ejercicio contable: comparar los ingresos totales del gobierno con el gasto pero sin incluir el pago de intereses. Es decir, se cotejan los gastos en todos los rubros que afectan el desarrollo económico y social (salud, educación, agricultura, medio ambiente, ciencia y tecnología, etcétera) pero se excluye del gasto el servicio de la deuda. Al final del ejercicio se busca tener un excedente para pagar intereses sin tener que recurrir a un nuevo endeudamiento. Detrás de esto está la austeridad fiscal, una peligrosa idea que se resiste a morir y que conduce a cero crecimiento y mayor endeudamiento (como lo demuestran las economías de la cuenca del Mediterráneo).

Hay dos formas de generar ese excedente primario. La primera consiste en incrementar los ingresos fiscales, ya sea aumentando los impuestos o los precios de los productos y servicios que ofrece el sector público. Pero cuando se trata de aumentar impuestos, el gobierno siempre ha preferido proteger a los estratos de altos ingresos y ha optado por elevar impuestos regresivos como el IVA. Al mismo tiempo ha dejado con gravámenes nulos las transacciones financieras. Y ahora, una vez más, escoge incrementar los precios de gasolinas y energía eléctrica sin importarle el impacto negativo sobre el resto de la economía.

La segunda forma de generar un superávit primario consiste en recortar el gasto. Y aquí el gobierno mexicano ha mostrado una extraordinaria tenacidad al mantener estancado el gasto per capita en rubros como salud y educación. No importa sacrificar a la población con tal de generar un superávit primario. Y eso es lo que estuvo haciendo el gobierno a lo largo de los pasados 25 años. Pero cuando llegó la crisis financiera global, las cosas cambiaron y el superávit primario se esfumó. Claro, el gobierno señala que adoptó una postura fiscal contra cíclica y que por eso desapareció excedente que ahora le reclaman las calificadoras. De todos modos, el muy tímido estímulo fiscal del que se vanaglorió en su momento el gobierno no sirvió para gran cosa porque el modelo económico neoliberal no permite crecer ni en tiempos normales.

El paquete de política económica que envió el Ejecutivo al Congreso en septiembre del año pasado señala el objetivo de volver a generar un superávit primario. Para ello propuso un recorte en el gasto programable equivalente a 1.2 por ciento del PIB. Pero no mencionó de manera explícita que en los primeros días de enero aplicaría un aumento de 20 por ciento a los precios de las gasolinas. No se necesita ser un genio en economía para saber que esos incrementos tienen un impacto generalizado en toda la economía pues se trata de insumos que entran en la producción de todos los demás bienes. En consecuencia, los referentes (de por sí poco realistas) que utilizó el gobierno federal para definir su postura de política económica se han visto trastocados. Las perspectivas sobre tasas de inflación, crecimiento económico y expectativas sobre recaudación que se presentaron en los Criterios generales de política económica se han modificado de manera significativa. Todo eso hace que el paquete económico que dócilmente aprobó la Cámara de Diputados no corresponda a la realidad que afrontará el país en 2017.

A corto plazo seguiremos siendo testigos de la desintegración del Estado mexicano.