El plan económico de Donald Trump incluye fuertes reducciones de impuestos, tanto para individuos como para empresas, y posibilidades de deducciones fiscales hasta cuatro veces más altas que las existentes en la actualidad. Se calcula que éstas y otras reformas reducirán el ingreso fiscal en 9.5 billones (castellanos) de dólares a lo largo de la siguiente década y llevarán los ingresos tributarios a su nivel más bajo desde la Segunda Guerra Mundial.
En el caso de los impuestos a las personas físicas, el plan contempla consolidar las siete tasas impositivas existentes en solamente tres estratos de ingresos. Hoy las siete tasas de impuestos existentes van de 10 a 39.6 por ciento y el plan de Trump compactará esos estratos en sólo tres con niveles de tasas impositivas de 10, 20 y 25 por ciento. Es decir, la tasa marginal más alta será reducida en casi 40 por ciento y al mismo tiempo se aumentarán los niveles de las deducciones personales. Además, la tasa impositiva máxima para las personas físicas con ganancias derivadas del capital y dividendos se reduce a 20 por ciento.
Por el lado de los impuestos a las empresas la tasa impositiva pasará de 35 a 15 por ciento. Las ganancias repatriadas se gravarán con una muy baja tasa (10 por ciento) lo que supuestamente servirá para que los grandes grupos corporativos y empresas que operan a escala trasnacional abandonen los paraísos fiscales. La tasa aplicable a las entidades fiscales de transición (diseñadas para evitar doble tributación para empresas y sus dueños) también se reducirá a 15 por ciento de su tasa aplicable que es la del impuesto al ingreso de las personas físicas. Esta reforma simplifica algunos aspectos del régimen fiscal pero, por otra parte, crea incentivos para que algunas personas físicas se transformen en esas entidades fiscales de transición y aprovechen las menores tasas que se aplican a las empresas.
Es claro que los beneficios de la reducción de impuestos serán muy desiguales. Los causantes en los deciles inferiores de la escala de distribución del ingreso apenas verán su ingreso neto aumentar 0.8 por ciento, mientras que los deciles superiores experimentarán aumentos de hasta 21 por ciento. La reforma tributaria de Trump está diseñada para beneficiar a los más ricos y aumentará la desigualdad.
Si se quisiera mantener el equilibrio en el presupuesto federal frente a estas reducciones de impuestos la administración Trump tendría que recortar el gasto en por lo menos 20 por ciento. Pero el plan del nuevo gobierno contempla una ampliación del gasto público en un ambicioso programa de renovación y construcción de obras de infraestructura, fuerzas armadas y rubros como el de la atención a los veteranos de guerra. El aumento en gasto militar es absurdo (Estados Unidos ya gasta más que los 10 países juntos que destinan grandes recursos al rubro militar). Militarizar la frontera con México y construir su famoso muro también tendrían un costo significativo. Además, en su campaña Trump siempre mantuvo que el gasto en seguridad social y el programa federal de asistencia médica no sería recortado.
¿Qué hay del gasto en infraestructura? Todos los analistas concuerdan en que el rezago en infraestructura en Estados Unidos debe ser atendido. Trump dijo la noche de su victoria electoral que vamos a reparar carreteras, puentes, túneles, aeropuertos, escuelas y hospitales; nuestra infraestructura será la mejor del mundo y pondremos millones de personas a trabajar al reconstruirla. Pero el plan de Trump descansa en esquemas de asociaciones público-privadas, en los cuales una empresa privada recibe créditos fiscales para realizar una inversión en infraestructura (por ejemplo, una carretera) y posteriormente el costo es recuperado a través del cobro de peaje. Es decir, estamos hablando de privatizar buena parte de la infraestructura existente (detalles en peternavarro.com).
Cada quien puede pensar lo que quiera de la participación privada en obras de infraestructura, pero estos esquemas de privatización no son aplicables a la mayoría de los proyectos de construcción y reparación de este tipo de obras. Muchos proyectos prioritarios desde el punto de vista social no podrían ser financiados con créditos fiscales (agua, transporte urbano, reparación de carreteras existentes, modernización de hospitales y escuelas). Otros necesitarían peajes y cuotas muy elevados, así como niveles de aforo muy altos, que no existen, para garantizar la rentabilidad que los inversionistas privados exigen. La experiencia internacional (incluyendo la de México) está repleta de ejemplos que terminan en la quiebra de las entidades privadas y en episodios de su rescate con recursos públicos.
El estímulo del paquete fiscal de Trump puede aumentar el crecimiento económico en 2017, pero ese efecto se disipará y para 2019-2020 regresarán el estancamiento y la recesión. Mientras tanto, la desigualdad y el desequilibrio en las finanzas públicas habrán aumentado. Los que votaron por Trump no verán mejorar su situación.
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La Jornada
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