El mandatario interino, que llegó al puesto sin ningún respaldo ciudadano, está dispuesto a transferir al sector privado todo lo que sea posible según una frase contenida en un informe denominado travesía social que delinea los postulados de su Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Se trata de una hoja de ruta económica prevista por Temer una vez que alcanzara el poder.
La línea política neoliberal en aras de ir desmontando los programas sociales que beneficiaron a millones de personas en el gigante sudamericano durante los gobiernos de Inacio Lula da Silva y de Dilma Rousseff, se inició con un recorte previsto para 2017 al presupuesto público nacional en los sectores de la educación, salud y derechos sociales.
El proyecto prevé aumentar la jornada laboral a 12 horas diarias, elevar la edad mínima para la jubilación a la par de entregar los principales recursos del país a las compañías transnacionales con el manido pretexto de sanear las arcas públicas.
Solo desde mayo cuando comenzó como presidente interino, hasta agosto de este año, puso en manos de esas compañías diversos sectores. En el energético, la estatal Electrobras entregó 174 pequeñas empresas dedicadas a la generación y distribución de electricidad, así como varios parques eólicos e hidroeléctricos.
En la rama del transporte, ya fueron transferidas las otrora empresas públicas, Infraero, Ocas y parte de la compañía prestamista Caixa.
Se ha trazado un plan para entregar a partir de este mes de septiembre varios aeropuertos nacionales que reciben a numerosos pasajeros. En la lista aparecen Congonhas de Sao Paulo, Santos Dumont de Río de Janeiro y otros ubicados en Florianópolis, Porto Alegre, Salvador y Fortaleza.
A solo cuatro días de asumir el cargo, Ricardo Barros, designado como ministro de Salud, afirmaba en una entrevista con el diario Folha: “No hay suficiente capacidad financiera que permita suplir todas las garantías constitucionales”, en referencia al Sistema Único de Salud (SUS) instaurado por los gobiernos de Lula y Dilma, que destinó en 2016, 36 000 millones de dólares y que atiende al 65 % de la población.
El recorte planteado para 2017 en ese sector será de 13 000 millones de dólares y afectará los programas básicos como Farmacia Popular, el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y colapsará la atención por epidemias de dengue, chikungunya y zika.
En el trimestre de mayo a junio de 2016, el desempleo subió al 11,6 % de la población económicamente activa.
En la indetenible carrera de privatizaciones aparece el ente más importante del gigante sudamericano, la Petrobrás que llegó a un acuerdo para vender el 90 % de su unidad de conductores para gas natural en 5 200 millones de dólares, a un grupo de inversores pertenecientes a Brookfield Asset Management Inc, de Canadá.
La negociación se expondrá a los gerentes de las empresas para su aprobación definitiva y cerrar las operaciones a fines de este septiembre.
Éste ha sido el mayor traspaso de inversiones de la compañía insigne de Brasil que tiene un plan de vender activos por 15 100 millones de dólares, de los cuales ya ha traspasado activos por 3 900 millones de dólares.
El apuro por privatizar se debe primordialmente para tratar de eliminar cualquiera investigación que profundice sobre la gran corrupción en que esta envuelta esa empresa y en la que aparecen involucrados la mayoría de los senadores que decretaron la separación de Rousseff de la presidencia.
Además, de los 513 diputados de la Cámara de Representante, 299 son investigados en procesos judiciales y 76 han sido sancionados.
Entre los más relevantes aparecen el presidente interino Michel Temer, quien recientemente fue denunciado por haber recibido de Petrobrás más de 3 000 000 de dólares para llevar adelante su campaña electoral.
El otro gran involucrado es el ex presidente de la Cámara, Eduardo Cunha que resultó destituido del cargo por tener un enorme expediente de corrupción y que junto a Temer hizo lo indecible por sacar de la presidencia a Dilma.
De que la privatización de Petrobrás esta directamente relacionada con las ansias de presidente, diputados y representantes corruptos por tapar las investigaciones sobre esa empresa conocida como Lava Jato, no queda la menor duda.
Han sido varios testigos esenciales los encargados de denunciarlo, y el más reciente fue el Abogado General de la Unión, Fabio Medina Osorio, que había sido designado anteriormente por Temer para llevar adelante el caso.
Medina Osorio manifestó que fue destituido recientemente de su cargo como una estrategia del gobierno interino para “tapar” la investigación por corrupción en Petrobrás.
“El Gobierno quiere tapar el Lava Jato, dijo, y mi remoción del cargo ocurrió tras chocar con ministros de esta gestión que intentan detener la pesquisa para proteger a los aliados de Temer”.
El abogado detalló que sus problemas con el Gobierno de Temer se iniciaron hace tres meses cuando pidió acceso a las investigaciones de Petrobrás con el objetivo de hallar vínculos entre altos funcionarios involucrados en la red de corrupción, abrirles procesos y declarar su inhabilitación política. Fue entonces, aseguró, cuando el ministro de la Presidencia, Eliseu Padilha, me ordenó no meterme con las investigaciones y permanecer lejos de esos asuntos.
Parar las investigaciones sobre corrupción y a la par detener los avances sociales alcanzados durante las presidencias de Lula y Dilma están en la hoja de ruta del gobierno interino.
Del 2003 (llegada de Lula al poder) hasta 2015, se crearon 5,5 millones de puestos de trabajo; se construyeron más de un millón de viviendas y la meta era alcanzar 2,75 millones a finales de 2016; la tasa de pobreza bajó del 26 % en 2002 al 8,9 % en 2015; en ese año se dedicó el 15,57 % del presupuesto nacional a la educación; la cobertura de los servicios médicos gratuitos, alcanzó al 65 % a los sectores más desfavorecidos.
Al observar los datos anteriores y las noticias sobre la extensa corrupción existente entre los directivos del país, se puede comprender mejor que diariamente salgan a las calles miles y miles de personas para gritar: Fora Temer.
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