El impacto del Brexit en la economía no está dejando títere con cabeza. Ante la caída del sector manufacturero y los servicios luego del referendo del 23 de junio, el Banco Central de Inglaterra intervino esta semana bajando las tasas de interés a su nivel más bajo en décadas y anunciando un masivo programa de emisión de dinero electrónico. El ministro de finanzas Philip Hammond celebró el anuncio, las acciones subieron, la libra cayó y no hay la más mínima garantía de que con estas medidas se pueda parar la hemorragia.
Los datos de la economía británica esta semana prepararon el camino para el anuncio del Banco de Inglaterra. El lunes se supo que en julio se había registrado la peor caída de actividad manufacturera desde 2012. En el sector de Servicios, que incluye desde hotelería hasta informática y finanzas, hay que retrotraerse a la recesión global de 2009 para observar una disminución similar de la actividad.
Ante este panorama y en un intento de evitar errores pasados, el Banco de Inglaterra intervino con una disminución de la tasa de interés que pasó del 0,50 al 0,25%, su nivel más bajo desde la posguerra. Al mismo tiempo anunció un nuevo programa de flexibilización cuantitativa (quantitative easing) equivalente a unos 100 mil millones de dólares para estimular el crédito, el consumo y la producción.
El ministro de economía Philip Hammond reconoció que la incertidumbre del Brexit estaba golpeando la economía. “El voto a favor de la salida de la Unión Europea generó un período de incertidumbre al que seguirá un período de ajuste para ver cómo se reformula nuestra relación con la Unión Europea”, dijo Hammond.
Más interesante todavía es lo que Hammond no dijo. El período de incertidumbre no tiene por el momento fin a la vista o, para formularlo en la inmortal metáfora de la vicepresidenta de Argentina, Gabriela Michetti, la luz se verá en el “túnel allá lejos”, pero sin salir del túnel. El túnel europeo en el que está metido el Reino Unido se puede extender como mínimo hasta fines de 2018, siempre y cuando las negociaciones con el resto de la Unión Europea comiencen antes de diciembre.
El gobierno británico tiene que invocar el artículo 50 del tratado europeo para poner en marcha la negociación que tiene un plazo fijo de dos años para llegar a un acuerdo. En julio la nueva primer ministro Theresa May lanzó una ofensiva diplomática por Europa que la llevó a Alemania, Francia, Italia, Eslovaquia y Polonia. La primer ministro procuró persuadir a sus aún socios de la Unión Europea que el Reino Unido debía conservar el vínculo económico establecido en el mercado único europeo (comercio sin barreras entre los miembros), pero necesitaba cambiar la libre circulación de personas, es decir, introducir controles a la inmigración europea.
La propuesta de May es un intento de cuadrar el círculo entre el voto a favor del Brexit y la exigencia europea de que el mercado único exige la libre circulación de personas, tanto para los miembros de la UE (27 países sin el Reino Unido), como para los que forman parte del Area Económica Europea (Noruega, Lichestein e Islandia), que tiene algunas cláusulas especiales de exclusión, como por ejemplo pesca, que no abarcan, sin embargo, la inmigración.
En el mosaico de intereses cruzados que es la Unión Europea el acuerdo parece casi imposible. En Alemania, Francia y España hay sectores que ven con buenos ojos el Brexit siempre y cuando les permita desplazar el Reino Unido del negocio financiero. En los países del este europeo hay mucho recelo a cualquier concesión en el tema inmigratorio. Naciones ultra europeístas como Bélgica ven al Brexit como una amenaza a la existencia y exigen una negociación dura que demuestre que la votación “fue una victoria pírrica”, según dijo el primer ministro de Bélgica Charles Michel.
Con este panorama diplomático está claro que la incertidumbre económica va a continuar y que el túnel seguirá bastante oscuro durante unos cuantos semestres.
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