La Justicia luxemburguesa condenó a 12 y 9 meses de cárcel a los dos exempleados de la compañía PricewaterhouseCoopers (PwC), acusados de haber filtrado miles de documentos del escándalo fiscal LuxLeaks, aunque no ingresarán en prisión; mientras que el periodista francés Edouard Perrin, acusado de difundir la información, quedó absuelto de todos los cargos.
El exauditor de PwC Antoine Deltour, junto con otro exempleado, Raphaël Halet, ambos franceses, fueron acusados de filtrar cerca de 30.000 páginas de documentos sobre las resoluciones tributarias acordadas entre el Gran Ducado y 340 multinacionales. La Justicia luxemburguesa les impuso una multa de 1.500 y 1000 euros, respectivamente, informa el diario Luxemburger Wort.
El escándalo, revelado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), descubrió acuerdos secretos fiscales entre Luxemburgo y 340 multinacionales entre 2002 y 2010, entre ellos Pepsi, IKEA, AIG, Coach o Deutsche Bank, que permitieron a las empresas rebajar drásticamente sus impuestos, hasta menos de un 1% en lugar de 29%. Este escándalo salpicó directamente al actual presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, quien en aquel entonces era primer ministro de Luxemburgo, además de ministro de Finanzas.
Deltour fue acusado de haber robado documentos de la consultora antes de que la abandonara en 2010 y de revelar secretos empresariales y haber violado la confidencialidad profesional. El exauditor confió los documentos a Perrin, quien primero reveló la información en 2012 en un programa de la cadena de televisión pública France 2, y está acusado de complicidad en el robo de documentos, de la revelación de información confidencial y de violación del secreto profesional. El periodista galo se declaró no culpable al comienzo del juicio, que atrajo a unos 30 activistas delante del tribunal para expresar su solidaridad con los acusados. Deltour fue acusado además de haber manipulado a Halet, el otro exempleado de PwC, para que efectuara una segunda filtración de documentos.
La Federación Internacional de Periodistas (IFJ) lamentó que la sentencia dé una señal equivocada a posibles soplones y ponga "en gran riesgo la relación entre periodistas y sus fuentes".
"El impresionante trabajo realizado por el ICIJ y Edouard Perrin en este caso y el acto de valor de los denunciantes debe considerarse como uno de los mejores ejemplos de la forma en que los periodistas y sus fuentes pueden trabajar por el interés público", apuntó el presidente de IFJ, Philippe Leruth, quien advirtió que debe garantizarse la "plena protección" de los periodistas en sus relaciones con las fuentes.
El diputado de ICV en el Parlamento Europeo (PE) y miembro del comité de investigación de los Papeles de Panamá, Ernest Urtasun, consideró "escandalosa" la sentencia, que en su opinión "debería ser una llamada de atención clara sobre la necesidad de reconocer y proteger legalmente el papel de las personas que denuncian la corrupción política o empresarial". La portavoz de Izquierda Unida (IU) en el PE, Marina Albiol, dijo que las sentencias suponen "una grave amenaza al derecho a la información".
La filtración de este escándalo fue la más importante en materia de elusión fiscal hasta la publicación de los "Panamá Papers", en abril de este año.
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