Sin argumentos frente al éxito de los modelos económicos y sociales de los gobiernos progresistas latinoamericanos, la derecha de esos países se dedica al ataque a la imagen personal de los líderes de la izquierda latinoamericana.
Cada vez más favorito para volver a ser presidente de Brasil, asumiendo la coordinación del gobierno de Dilma Rousseff, Lula es acusado de tener un departamento que nunca fue suyo, de una quinta que nunca le perteneció. Se ha vuelto el político más investigado por sus enemigos en el Judiciario y en la Policía Federal, se ha presentando siempre para declarar, sin ningún problema, pero nunca han encontrado nada que lo deshonrara.
Lula, después de ser el presidente más exitoso que Brasil jamás tuvo, dentro y fuera del país, volvió a vivir en el mismo departamento de antes, en Sao Bernardo do Campo, un barrio en la periferia de San Pablo habitado por empleados de la industria automotriz de San Pablo, donde él había hecho su carrera profesional de tornero mecánico y de líder sindical metalúrgico. Mientras que Cardoso, después que salió de la presidencia, tiene, entre otros bienes nuevos, un departamento en la Avenue Foch, en el barrio más rico de París.
De la misma manera, Dilma Rousseff tiene un pedido de impeachment encaminado por 38 votos de una comisión parlamentaria, 35 de los cuales están implicados en procesos de corrupción, mientras que nada se ha probado en contra de ella.
Tratan de implicar a Evo Morales en supuestas acciones de favorecimento de una empresa privada, a partir de una relación afectiva que tuvo en el pasado. Y buscan acusar sin fundamento a Cristina en un supuesto caso de lavado de dinero.
Se trata de casos de persecución política, promovidos por la alianza entre sectores del Poder Judicial y de los medios, unidos en el combate a la imagen pública de líderes populares.
Es la confesión de que la derecha no puede competir con esos líderes en la disputa democrática de las elecciones. Trata entonces de buscar la judicialización de la política, intentando sacar de la vida política a líderes populares de amplio apoyo en la sociedad.
La forma que buscan es la de la descalificación personal. Los gobiernos del PT habrían tenido éxito porque habrían financiado sus elecciones y reelecciones mediante procesos de corrupción. No encuentran ningún dato, pero insisten en esas acusaciones, intentando descalificar todo el proceso de inmensa democratización social que le país ha vivido en esos anos.
Tratan de descalificar las gigantescas trasformaciones que ha vivido Bolivia bajo el liderazgo de Evo Morales y de Alvaro García Linera, alegando comportamiento personal indebido del presidente y de que el documento universitario que comprueba el currículum académico del vice presidente no correspondería.
Al igual que intentan criminalizar a Cristina, como si ello pudiera descalificar el rescate de Argentina que Néstor y ella hicieron, de la peor crisis de su historia.
Lo que tratan de hacer es de ensuciar el imagen pública de los líderes populares, con la reiteración de denuncias sin base alguna, pero que, por la reiteración, buscan crear sospechas respecto al comportamiento de esos lideres. Buscando, a la vez, de desplazar los temas económicos, políticos y sociales, hacia temas de la corrupción, con la acción correspondiente del Judiciario.
El inmenso proceso de democratización social que ha vivido América latina en este siglo está en peligro, si no se avanza en la democratización de la formación de la opinión publica y en la democratización del Judiciario.
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