Prácticamente todos los altos ejecutivos norteamericanos comparten un sueño: librarse de los impuestos a los beneficios de las grandes empresas. Para muchos, eso significa hacer lobby en el Congreso a fin de cambiar las leyes fiscales. Pero, para un número cada vez mayor, implica también el desarrollo de trucos creativos –y exitosos— que les permitan evadir sus obligaciones fiscales.
La moda más reciente es la reversión. En estos últimos años, algunas de las empresas más grandes del país se las han arreglado para caer bajo la toma de control de empresas más pequeñas convenientemente radicadas en las Bahamas o en algún otro paraíso fiscal. Una empresa tiene entonces que pagar impuestos sólo en ese paraíso fiscal; se libra completamente del impuesto estadounidenses al beneficio empresarial. Por ejemplo, Pfizer, la gran empresa farmacéutica, cayó bajo la toma de control de una empresa mucho más pequeña con sede en una Irlanda con un impuesto de sociedades más bajo.
Aun cuando los EEUU tienen legalmente el impuesto de sociedades más elevado del mundo desarrollado, trucos como las depreciaciones o los agujeros fiscales han ido erosionando el ingreso público durante décadas. Los impuestos pagados por las grandes empresas representaban ya sólo un 1,9% del PIB en 2014. Mucho menos que el 2,6% de los años 70, aun si los beneficios andan ahora cercanos al nivel de posguerra en proporción al ingreso nacional.
La administración Obama busca acabar con el truco de las reversiones, pero está perdiendo la batalla. Y aparecerán otros trucos. Lo que nos deja frente a dos vías tan solo. Si sacamos menos dinero de las grandes empresas, tenemos que acudir a otras fuentes de ingreso. O bien podemos adoptar un enfoque radicalmente nuevo en relación con la fiscalidad de las grandes empresas.
El juego de la evasión fiscal trae consigo un enorme despilfarro de recursos y energía. Nos gustaría que Pfizer se centrara en el desarrollo de mejores fármacos, y que no se extraviara por la vía de reducir su carga fiscal. El sector empresarial en su conjunto dedica una enorme cantidad de dinero y de energía intelectual al juego de la evasión fiscal, lo que no contribuye en nada a la economía. Muchos de los magos empleados en el diseño de esos esquemas consiguen hacerse muy ricos con la práctica de este juego: el juego de la evasión fiscal es un factor nada despreciable de la desigualdad de ingresos.
Por todas esas razones, deberíamos explorar otras vías mejores para hacernos con una parte del beneficio empresarial para destinarla a propósitos públicos. Afortunadamente, una vieja idea podría venir aquí muy al punto.
Supongamos que, en vez de gravar fiscalmente los beneficios de las grandes empresas, pidiéramos a las empresas la cesión al Estado de un determinado volumen de sus acciones en forma de participaciones sin derecho a voto. Podemos discutir sobre el porcentaje luego –preferiríamos igualar lo que idealmente tendríamos que estar consiguiendo con el presente esquema fiscal, es decir, presumiblemente, entre el 17% y el 35%—. Pero limitémonos ahora a dilucidar el principio.
Las participaciones no serían transferibles, salvo en el caso de fusiones o liquidaciones, pero, por lo demás, podrían considerarse como cualesquiera otras participaciones. Si la empresa pagara un dividendo a sus otros tenedores de acciones, tendría que pagar también al Estado el mismo dividendo proporcional a su participación. Si recomprara un 10% de sus acciones, también debería recomprar un 10% de las acciones del Estado al mismo precio. En caso de una toma de control, el comprador tendría que pagar al Estado el mismo precio por acción que al resto de tenedores.
Por esta vía no hay forma de que la empresa escape a sus obligaciones fiscales. Una porción de cualquier beneficio que realice irá a parar automáticamente al Estado. También eliminará el enorme costo y despilfarro asociado al cumplimiento y evitación de las obligaciones fiscales. (Habría, desde luego, algunos costos de inicio y de control, pero nada remotamente parecido a lo actual.) Y los ingresos federales subirían, porque las empresas tendrían un incentivo para hacer lo que resulta más beneficioso, y no lo que minimiza sus obligaciones fiscales
Si adoptáramos ese sistema y Pfizer decidiera irse a Irlanda, su comprador tendría que comprar la participación del Estado al mismo precio que pagara por el resto de las participaciones en Pfizer. Y dado que presumiblemente exigiríamos que las empresas extranjeras que hicieran una parte substancial de sus beneficios en los Estados Unidos nos cedieran participaciones, la empresa irlandesa seguiría pagando impuestos aquí también.
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