Arabia Saudita y el efecto explosivo de una ejecución

Par Rédaction A l’Encontre

El Reino de los Saud - cliente militar de los Estados Unidos, Francia, Canadá o Gran Bretaña y apoyo de la dictadura de Sissi en Egipto- bombardea Yemen desde el 26 de marzo de 2015, con un nombre militar clave que se diría inventado en el Pentágono: “Tempestad decisiva”. Más exactamente, las bombas reales -de precios suntuosos - debían lanzarse contra las posiciones de las tribus Hutis, asimiladas muy rápidamente al poder de Teherán. Un Irán que es la competencia del Reino en esta región en la que los libros sagrados huelen a petróleo. Y un área que constituye una articulación geopolítica de primera importancia igual que, en los tiempos presentes, una zona de guerras impulsadas por numerosas potencias imperialistas así como subpotencias imperialistas regionales en un Medio Oriente en el que los Estados Unidos ya no son lo que eran.

El tipo de coalición formada para la “Tempestad decisiva” -que ha provocado miles de muertos civiles, destruido ciudades históricas y provocada una de las llamadas crisis humanitarias más terribles, por retomar el lenguaje orwelliano de la ONU- habla por si misma: 30 aviones de combate proporcionados (inicialmente) por los Emiratos Unidos; 15 por Bahrein, donde la mayoría chiíta es reprimida con firmeza, 15 por Kuwait y 10 por Qatar. Bombardeos gestionados por las firmas que los vendieron que aseguran el servicio “técnico”.

Y luego, los “combatientes” de esta coalición subcontratan “su” guerra en el terreno yemenita -que está en el cruce de una capa petrolera que no respeta los límites de los mapas geográficos- a mercenarios colombianos que han hecho su aprendizaje en un ejército que ha combatido a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y que han servido también de sicarios para permitir a los grandes propietarios de Colombia -entre los cuales hay numerosos militares de alta graduación- extender su propiedad expulsando a los campesinos pobres. El New York Times del 25 de noviembre de 2015 daba de ellos una buena descripción.

La firma que organiza esta subcontrata militar para príncipes “guerrilleros” estaba dirigida por un antiguo miembro de Blackwater, rebautizada desde los escándalos demasiado mediatizados Academi (sic), Erik Prince. Desde entonces, esta firma privada de mercenarios ha pasado a estar bajo la dirección del ejército de los Emiratos. Los salarios son de alrededor de 3000 dólares. En lo que se refiere al personal incluido en los “contratos de asistencia” garantizados por los vendedores de armas y el aparato militar de los países proveedores, no se mencionan los salarios en la cuentas del Reino de los Saud. Es cierto que son tan transparentes como los de Nestlé o Amazon. Pues, en el camino de la democracia, el Reino de los Saud ha asumido el riesgo de permitir conducir o incluso votar a las mujeres: mercenarios con galones de un poder que se les escapa. Sin olvidar infligir penas capitales, ejecutadas limpiamente, a unas 135 personas (Les Echos, 15/10/2015).

Este poder de los Saud ha anunciado, el sábado 2 de enero de 2016, la ejecución de 47 personas condenadas por “terrorismo”. Al margen del carácter masivo de estas ejecuciones, ha sido un nombre entre todos los ejecutados el que ha tenido un efecto de “explosivo” en una región en llamas: el del clérigo al-Nimr. Un jefe religioso chiita, opositor tenaz y no violento al régimen saudí encarnado por la dinastía sunita de los Al-Saud. Tan pronto como se ha hecho pública, su ejecución ha provocado manifestaciones en Bahrein, condenas en el Líbano así como en Irak. La reacción de Teherán no se ha hecho esperar: “El gobierno saudí apoya por un lado a los movimientos terroristas y extremistas [alusión a Siria y a Yemen, aquí Al Qaeda en el sur de Yemen] y al mismo tiempo utiliza el lenguaje de la represión y la pena de muerte contra sus opositores internos (…). Pagará un precio elevado por estas políticas”. Estas palabras han sido pronunciadas por el ministro de Asuntos Exteriores Hossein Jaber Ansari; un dirigente que no pronuncia tales términos sin el acuerdo de las más altas instancias de la monarquía.

Una ejecución estrictamente política

De 56 años, al-Nimr era un ardiente defensor de la minoría chiita en un país en el que la población es sunita en un 90%. Este dignatario dirigió en 2011 la protesta popular que estaló en el este del reino, siguiendo la onda de las “primaveras árabes”. “El clérigo al-Nimr era una de las responsabilidades religiosas más respetadas de la comunidad chiita. Era un opositor bastante determinado. Contrariamente a otros dirigentes que a partir de 1993 habían abierto un diálogo con las autoridades, él era hostil a ese diálogo. Pero por lo que se sabe, no estaba implicado en acciones violentas contra el régimen”, describe Alain Gresh, director del periódico en línea Orient XXI y periodista de Le Monde Diplomatique. Al producirse su detención el Jeque al-Nimr -no violento reconocido- había sido acusado de haber abierto fuego sobre las fuerzas del orden, sin que esta acusación haya sido verificada. Él mismo fue herido por bala, con la consecuencia de varios meses de hospitalización. Las autoridades sauditas le reprochaban “esencialmente provocar la división entre los musulmanes y poner en cuestión la unidad nacional […]; se le reprochaba, evidentemente, tener relaciones con Irán, lo que sin duda era cierto, pero en el sentido en que numerosos religiosos chiitas tienen relaciones con ese país”, añade A. Gresh.

En 2014 este jefe religioso fue condenado a la decapitación seguida de crucifixión por “terrorismo”, “sedición”, “desobediencia al soberano” y “tenencia de armas” por un tribunal de Riad especializado en los asuntos de terrorismo. “En su proceso, la acusación se basó fundamentalmente en sus predicaciones. Así pues, ha sido condenado sobre todo por sus sermones”, subraya Adam Coogle, especialista de Medio Oriente en Human Rights Watch (HRW).

Según HRW: “Su proceso ha estado marcado por numerosas irregularidades. Además, no ha tenido representación legal en sus interrogatorios y las autoridades no le han dado la oportunidad de disfrutar de una defensa digna de ese nombre. No se puede considerar que haya tenido derecho a un juicio imparcial”.

Callar a toda la oposición

La ejecución del jeque al-Nimr expresa las pretensiones regionales del nuevo rey Salman. Una decisión propia, según Gresh, de quienes han “tomado el poder desde la muerte del rey Abdalá, en particular el rey Salman y sobre todo su hijo y el ministro del Interior Mohammed Ben Nayef. Así pues dos de los tres principales dirigentes son muy jóvenes y han dado pruebas de una agresividad en el plano regional que no era habitual en los sauditas. Esto se ha comprobado cuando han desencadenado la guerra contra Yemen (…). Muchos se hacen preguntas, incluso entre los aliados de Arabia Saudita, como los Estados Unidos, sobre la sensatez de este equipo”.

Washington camina sobre una alfombra llena de cristales rotos, sin ser exactamente un fakir. John Kirby, antiguo contralmirante de la marina de los Estados Unidos y portavoz del Pentágono ha declarado que “en numerosas ocasiones hemos hecho saber al más alto nivel a las autoridades sauditas nuestras inquietudes, y llamamos de nuevo al gobierno a respetar los derechos humanos y a garantizar juicios honrados”. ¿Como en Guantánamo? Salman ha aprendido la lección. Más allá de la declaración, el Departamento militar comprende que el Reino de los Saud está empantanado en Yemen, “en mala posición” en Siria y que el Estado Islámico llama a la población a levantarse contra el poder. Esto en un contexto en que la caída drástica de los precios del petróleo ha llevado a numerosos dirigentes a imponer una política de austeridad a la que la población saudita no está acostumbrada, por utilizar un eufemismo. La crisis regional, a la que se añaden las guerras, golpea la puerta del llamado Occidente.