El ejército de los fondos buitres que extorsiona a Argentina

Quiénes son las firmas y los lobbistas de Estados Unidos contratados por los fondos buitre para la tarea de extorsión sobre Argentina. Desde 2007 ya han gastado más de seis millones de dólares. Paul Singer financia además la campaña electoral de decenas de políticos

Alfredo Zaiat, Página 12

Los fondos buitre tienen un ejército de lobbistas que intervienen en diferentes niveles del gobierno y del Congreso de Estados Unidos. Además, tienen como misión influir en las coberturas periodísticas de medios de su país y de Argentina. La base de operación es la American Task Force Argentina, entidad de lobby de los fondos buitre liderada por Elliott Associates, de Paul Singer. En 2014, eran catorce lobbistas integrantes de distintas firmas que representaban a la AFTA en varios ámbitos del poder estadounidense. En este año, la cantidad de miembros de ese comando subió a diecisiete. La ATFA ha invertido varios millones de dólares en esa milicia donde participan demócratas y republicanos. Contabilizando sólo el 2014, los fondos buitre distribuyeron 1.490.000 dólares entre sus lobbistas, un 48 por ciento más respecto de lo gastado un año anterior, acumulando desde 2007 un total de 6.095.000 dólares.

Los diecisiete soldados del lobby buitre (ver cuadro) pertenecen a cinco firmas dedicadas a esa tarea: The Raben Group, DCI Group, Covington & Burling, S-3 Group y Mack Strategies. La característica que los unifica es que han sido funcionarios públicos en el Estado norteamericano y que luego han pasado a trabajar en esas empresas de lobby. Es lo que se conoce como “puerta giratoria”: personas que luego de ejercer cargos en el sector público pasan a trabajar para firmas que antes fiscalizaban. En la selección de los soldados del ejército de lobby los buitres no tienen preferencia entre los dos grandes partidos políticos: ocho están vinculados al Demócrata y nueve al Republicano.

Una de las firmas de lobby más destacada es The Raben Group que en lo que va del año ya recibió 360 mil dólares y cuyo titular es Robert Raben, que a la vez es director de ATFA. Es decir que se paga a sí mismo. Raben fue fiscal general adjunto del Departamento de Justicia y es presentado en la página oficial de esa entidad como quien “dirige los esfuerzos de educación y promoción de la American Task Force Argentina en el Capitolio, animando al gobierno de Estados Unidos a tomar medidas en nombre de los contribuyentes, empresas y tenedores de bonos estadounidenses”. Hace pocos meses fue designado por el presidente Barack Obama como miembro del directorio de My Brother’s Keeper Alliance, organización del sector privado creada en 2014 con el respaldo de la Casa Blanca. El programa tiene como objetivo ampliar la inserción de los “hombres jóvenes de color” (negros, hispanos, indios americanos y nativos de Alaska, de acuerdo con las categorías utilizadas por el gobierno estadounidense) en el mercado laboral y contrarrestar la desigualdad de oportunidades.

El canciller Héctor Timerman envió una carta a su par estadounidense John Kerry el 12 de mayo pasado observando la designación de Raben, principal lobbista buitre en Washington. La misiva advierte que “el señor Raben ha instrumentado en nombre de ATFA una campaña difamatoria e injuriosa de proporciones inauditas contra el pueblo y las más altas autoridades de mi país. Su objetivo ha sido, y continúa siendo, el de acosar a la República Argentina en beneficio de un puñado de fondos buitre que pretenden obtener ganancias exorbitantes en detrimento, no sólo del pueblo argentino, sino de la enorme mayoría de los acreedores de mi país, muchos de ellos estadounidenses”. El gobierno de Obama no respondió públicamente a los reclamos de Argentina por la presencia de uno de los principales ejecutivos de la ATFA en la Casa Blanca.

El copresidente de la ATFA es Robert Shapiro, quien fue subsecretario de Comercio para Asuntos Económicos y asesor del presidente Bill Clinton. La tercera ejecutiva de ATFA es Nancy Soderberg, ex embajadora de Estados Unidos en la ONU durante la gestión Clinton. Soderberg es la tesorera de la ATFA y tiene un cargo político en el gobierno de Obama. Un comunicado de prensa de la Casa Blanca del 10 de enero de 2012 informó que Obama nombró a Soderberg en un “puesto clave”, como presidenta del directorio de la Public Interest Declassification Board. Es un comité asesor creado por el Congreso de los Estados Unidos en 2000 para promover el mayor acceso posible del público a las decisiones y actividades de seguridad nacional de ese país.

Soderberg asesora al presidente Obama en la “clasificación y desclasificación de información de seguridad nacional”. Una tarea cuya actuación está incluida en la ley por la que el Congreso autoriza fondos para “Inteligencia y actividades relacionadas con la Inteligencia del gobierno de los Estados Unidos y la Oficina del director nacional de Inteligencia, el Sistema de Retiro e Inhabilidad de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y otros propósitos”. Fue confirmada por Obama en el cargo el 16 de noviembre de 2012, el viernes anterior al primer fallo del juez Griesa contra Argentina. Es un puesto por el que recibe una compensación monetaria equivalente a lo que se paga al “servicio ejecutivo Senior”.

Otra firma del ejército de lobby buitre es Mack Strategies, que ya facturó 320 mil dólares en lo que va del año y tiene como único lobbista al ex diputado republicano Connie Mack IV. Es un ex legislador que ocupó su banca entre 2005 y 2013 impulsando iniciativas a la medida del dueño del fondo NML y Elliott Management: antes de terminar su mandato presentó el proyecto de ley “Judgment Evading Foreign States Accountability Act”, que propone que los países en default no tengan acceso en ninguna de sus formas al sistema financiero estadounidense y que la Casa Blanca tenga en cuenta esa situación de mora del país deudor al momento de definir políticas de ayuda. En 2012, Singer financió las campañas electorales de Mack y su esposa, Mary Bono Mack. Singer ejerce una influencia notable sobre el Partido Republicano a través de donaciones millonarias para campañas electorales. Más de un tercio de los senadores de la actual bancada republicana recibieron aportes de Singer a través de Elliott Management.

En las elecciones legislativas de 2014, Singer fue el principal aportante a las campañas de candidatos republicanos destinando más de siete millones de dólares. El Centre for Responsive Politics calculó que Singer financió a 56 diputados o senadores desde 2004. Cinco fueron demócratas. A título personal, figuró como sexto aportante global en la campaña de 2012, con 745.000 dólares, para Mitt Romney, candidato republicano derrotado por Barack Obama La información sobre los dólares del lobby buitre la proporciona el Center for Responsive Politics. Este es el grupo más importante de Estados Unidos en el seguimiento del dinero aportado en la política y su efecto sobre las elecciones y la política pública. En sus registros figuran otras empresas e individuos que recibieron dinero de ATFA para ejercer la tarea de lobby. Entre ellos, Covington & Burling (360 mil dólares), Doug Davenport (240 mil dólares), S-3 Group (130 mil dólares) y DCI Group (80 mil dólares). En 2014 hay registros de misiones conjuntas divididas en 57 “acciones” de lobby desplegadas en la Cámara de Representantes, el Senado y los Departamentos del Tesoro, de Justicia y de Estado, como así también en la propia Casa Blanca.

Las áreas de intervención de los soldados del lobby buitre son variadas. Por ejemplo, Dave Grimaldi (Raben Group) se desempeñó en el ámbito de los medios de comunicación, siendo jefe de Gabinete en la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Martin Gold (Covington & Burling) ha trabajado para el Servicio de Radiocomunicación Pública y el diario The Washington Post. También fue miembro de la Comisión de Inteligencia del Senado y prestó sus servicios en la firma británica Gray & Co., vinculada a la construcción naval. El lobbista Jeffrey Shockey también fue directivos de la comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Otros tres lobbistas se destacan porque fueron asesores inmediatos de dos presidentes: Stuart Einzenstat formó parte del gabinete de Jimmy Carter, y Angela Flood y Bill Wichterman trabajaron en el último mandato de George W. Bush. Por su parte, Frank Craddock (DCI Group) estuvo vinculado con la actividad del transporte el integrar la Asociación de Camioneros Independientes y la Asociación Nacional de Trabajadores Portuarios. En ese mismo sector trabajó Carl Bentzel (DCI Group), quien fue jefe del bloque de abogados de los demócratas en la subcomisión de Transporte de Superficie y Marina Mercante de la Comisión de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado.

La American Task Force Argentina también contrató a la firma de lobby de Madeleine Albright, secretaria de Estado en el segundo mandato de Bill Clinton. Uno de los empleados de Albright Stonebridge Group, Carlos Gutiérrez, secretario de Comercio del segundo período de gobierno de George W. Bush, se reunió en agosto de 2014 con el entonces jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Economía Axel Kicillof, por recomendación del encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en el país, Kevin Sullivan.

En ese encuentro Gutiérrez transmitió la amenaza buitre si Argentina no acataba la sentencia de ejecución del fallo Griesa.

La amenaza para generar pánico e incertidumbre tenía cinco puntos:

1. Provocar una nueva devaluación brusca.
2. Reforzar los ataques mediáticos contra CFK y su familia.
3. Impedir el pago de los vencimientos de la deuda reestructurada.
4. Bloquear el acceso del sector público y las empresas locales al financiamiento internacional.
5. Propiciar la instalación de candidatos presidenciales con una actitud amigable.

La difusión de la misión con carácter extorsivo, como su fracaso, derivó en que Singer cancelara el contrato con la empresa de lobby de Albright. Fue una tarea más del ejército de lobbistas financiado con millones de dólares de los fondos buitre. El objetivo es desplegar campañas de desinformación en forma permanente y se han convertido en el instrumento central de extorsión contra la Argentina para que se someta a la extravagante sentencia del juez.