Un plan de acción para la recuperación de Grecia

Yanis Varoufakis, Project Syndicate

Los meses de negociaciones entre nuestro gobierno y el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y el Banco Central Europeo han producido pocos avances. Una de las razones es que todas las partes se están centrando demasiado en los compromisos que debe conllevar la próxima inyección de liquidez y no lo suficiente en una visión de cómo Grecia puede recuperarse y desarrollarse de forma sostenible. Si hemos de salir del estancamiento actual, tenemos que apuntar a lograr una economía griega saludable.

Para alcanzar una recuperación sostenible es necesario emprender reformas sinérgicas que destraben el considerable potencial del país y permitan su desarrollo mediante la eliminación de los cuellos de botella en varios ámbitos: inversión productiva, otorgamiento de créditos, innovación, competencia, seguridad social, administración pública, poder judicial, mercado laboral, producción cultural y, por último pero no menos importante, la gobernabilidad democrática.

Estos siete años de deflación por sobreendeudamiento, agravada por la perspectiva de una austeridad sin fin, han diezmado la inversión privada y pública y obligado a los bancos, sumidos en un estado de gran fragilidad y ansiedad, a dejar de otorgar préstamos. Ante una situación en que el gobierno no tiene margen de maniobra fiscal y los bancos griegos se encuentran agobiados por la morosidad, es importante movilizar los activos restantes del estado y destrabar el flujo del crédito bancario a las partes sanas del sector privado.

Para lograr que la inversión y el crédito vuelvan a niveles que permitan que la economía entre en velocidad de arranque, será necesario crear dos nuevas instituciones públicas que trabajen codo a codo con el sector privado y las instituciones europeas: un banco de desarrollo que aproveche los activos públicos y un "banco malo" que permita al sistema bancario salir de la gran carga que significan sus activos improductivos y volver a dar crédito a las empresas rentables y orientadas a la exportación.

Imaginemos un banco de desarrollo que apalanque garantías comprendidas por el patrimonio que el estado haya conservado tras las privatizaciones, además de otros activos (por ejemplo, bienes raíces) que fácilmente se puedan valorizar (y convertir en garantías) mediante la reforma de sus derechos de propiedad. Imaginemos también que este banco vincula el Banco Europeo de Inversiones y los 315 mil millones de euros (350 mil millones de dólares) del plan de inversiones propuesto por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, con el sector privado de Grecia. En lugar de verse como una venta de liquidación para llenar agujeros fiscales, la privatización sería parte de una alianza por el desarrollo del país entre los sectores público y privado.

Imaginemos además que el "banco malo" ayuda al sector financiero (que en medio de la crisis ha sido recapitalizado generosamente por los atribulados contribuyentes griegos) a cambiar su carga heredada de morosidad y desatascar su entramado financiero. Como consecuencia del efecto beneficioso del banco de desarrollo, regresarían los flujos del crédito y las inversiones a los hasta ahora áridos terrenos de la economía griega, ayudando con el tiempo a que el banco malo vaya dando utilidades y se convierta en "bueno".

Por último, imaginemos el efecto de todo esto sobre el ecosistema financiero, fiscal y de seguridad social de Grecia: si las acciones de los bancos suben con rapidez, se irían reduciendo y extinguiendo las pérdidas sufridas por nuestro Estado debido al rescate financiero, a medida que se vaya valorizando el patrimonio que tiene en ellos. Mientras tanto, los dividendos del banco de desarrollo se canalizarían a los tan sufridos fondos de pensiones, que fueron abruptamente descapitalizados en 2012 (debido al "recorte" a su cartera de títulos del estado griego).

En este escenario, la tarea de reforzar la seguridad social se completaría con la unificación de los fondos de pensiones, el aumento de las contribuciones por el alza del nivel de empleo, y el regreso al sector formal de los trabajadores condenados a la informalidad por la brutal desregulación del mercado laboral durante los años oscuros del pasado reciente.

Es fácil imaginar una Grecia en fuerte recuperación como resultado de esta estrategia. En un mundo de rendimientos extremadamente bajos, se la vería como una excelente oportunidad y recibiría un flujo constante de inversión extranjera directa. Pero, ¿por qué esto habría de ser diferente de las entradas de capital previas a 2008 que impulsaron el crecimiento financiado por el endeudamiento? ¿Podría realmente evitarse otro esquema Ponzi en lo macroeconómico?

Durante la era de crecimiento a lo Ponzi, los bancos comerciales canalizaron los flujos de capital en un frenesí de consumo, mientras que el estado lo hacía en una orgía de adquisiciones sospechosas y un descarado despilfarro. Para asegurarnos de que esta vez sea diferente, Grecia tendrá que reformar su economía social y su sistema político. La creación de nuevas burbujas no es la idea que nuestro gobierno tiene del desarrollo.

Esta vez, en cambio, el nuevo banco de desarrollo tomaría la iniciativa en la canalización de los escasos recursos generados por el país hacia inversiones productivas bien seleccionadas, como empresas emergentes, compañías de tecnologías de la información que utilicen talento local, empresas agro-orgánicas pequeñas y medianas, compañías farmacéuticas orientadas a la exportación, iniciativas para atraer a la industria cinematográfica internacional hacia lugares de filmación locales, y programas educativos que aprovechen la producción intelectual y los incomparables sitios históricos de Grecia

. Mientras tanto, las autoridades reguladoras griegas estarían muy atentas a cómo se otorgan los préstamos comerciales, al tiempo que el freno a la capacidad de endeudamiento impediría a nuestro gobierno volver a caer en los viejos y perniciosos hábitos que acabaron causando déficits primarios en las cuentas fiscales. Los carteles, las prácticas de facturación anticompetitivas, las profesiones colegiadas insensatamente y una burocracia que tradicionalmente ha convertido al estado en una amenaza pública pronto descubrirían que nuestro gobierno es su peor enemigo.

En el pasado, las barreras para el crecimiento se debieron a una alianza impía entre los intereses oligárquicos y los partidos políticos, prácticas de contratación escandalosas, clientelismo, medios de comunicación que han sufrido intervenciones de forma permanente, bancos demasiado complacientes, autoridades fiscales débiles y un poder judicial sobrecargado y temeroso. Sólo la brillante luz de la transparencia democrática puede eliminar esos obstáculos, y nuestro gobierno está decidido a ayudarla a relucir.