La declinación del imperio romano comienza después de la muerte de Marco Aurelio y estuvo marcada por el predomino de lo que los historiadores llaman el despotismo militar. Pero la fuerza armada y la represión no pudieron detener el deterioro institucional, político y moral. La caída de Roma era inevitable. Habiendo desaparecido la justicia de la lista de prioridades del cuerpo político, el proceso culminaría con la disolución, por más que una casta privilegiada pretendiera apoyarse en la violencia para dominar y sojuzgar.
En México el desgaste del gobierno acelera el proceso de disolución del Estado. Los signos están por doquier y, sobre todo, en el discurso del poder público. Cada vez que hablan los funcionarios públicos se observa su incapacidad para descifrar las señales que le envía la sociedad civil. El mejor ejemplo es el anuncio que hizo Peña Nieto de sus 10 medidas para mejorar la seguridad, la justicia y el estado de derecho. El contenido de cada una estas medidas es revelador de su falta de contacto con el mundo real.
En su conferencia en Palacio Nacional el 27 de noviembre el señor Peña Nieto anunció el envío de una iniciativa de reforma constitucional al Congreso para aprobar una ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales. Esta nueva legislación entregaría al gobierno federal la facultad de tomar el control de la seguridad en los municipios donde hubiere indicios de colusión entre la autoridad municipal y el crimen organizado. Por supuesto, esa reforma quita todo sentido al artículo 115 constitucional y destruye el régimen del municipio libre, uno de los pilares de la vida civil y política en México.
Además, esta medida descansa en un diagnóstico equivocado pues adjudica los abusos de autoridad y violación de los derechos humanos exclusivamente a las fuerzas de policía municipal. El corolario es claro: las fuerzas federales sí acatan la ley, están por arriba de la corrupción y se comportan dentro del estado de derecho. Tal pareciera que los abusos que han cometido policías federales y el propio Ejército no cuentan.
Las medidas de Peña Nieto incluyen una iniciativa para redefinir la competencia de cada autoridad en el combate a la delincuencia. Es decir, el gobierno confiesa que hasta el día de hoy la administración pública ha sido incapaz de organizarse para que cada órgano de gobierno pueda asumir la responsabilidad que le corresponde. La pregunta es obvia: ¿pues que ha estado haciendo la clase política mexicana todos estos años?
Además de sus 10 medidas, el señor Peña Nieto habló de una estrategia de desarrollo integral para reducir pobreza, marginación y desigualdad en Chiapas, Guerrero y Oaxaca. El vocabulario desgastado revela el mar de ignorancia en el que se sumerge el Poder Ejecutivo. Entre los principales elementos de esa estrategia se encuentra la creación de Zonas Económicas Especiales, terminología que reenvía a los esquemas adoptados en China e India para crear enclaves que permiten a grandes corporaciones intensificar la explotación de mano de obra. Vaya manera de abordar el problema de la marginación y la pobreza.
Entre esas zonas económicas se encuentra un corredor industrial interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, pero nadie le dijo a Peña Nieto que ésa es una vieja estrofa del canto de las sirenas de hace varios sexenios. Y por supuesto, nadie le alertó que con el déficit fiscal que marca las finanzas públicas no hay ni cuatro pesos para asignarle a su gran estrategia de desarrollo integral regional.
La falta de contacto del gobierno con el mundo real es evidente en todas las medidas anunciadas. Pero es más clara en lo que Peña Nieto denomina justicia cotidiana. Entre los ejemplos de falta de justicia de todos los días mencionó al propietario al que no le pagan la renta y al consumidor que no recibe el producto por el que pagó.
Los ejemplos empleados por Peña Nieto son los del proyecto neoliberal. La justicia del casero es el mejor ejemplo de la mentalidad de estado censitario que impera en el gobierno: el Estado no es de todos, sino de los propietarios que aparecen en el censo como tales y no se tolerarán los abusos de los no inquilinos que no paguen la renta.
La justicia de todos los días se ejemplifica con el consumidor que no recibe la mercancía por la que ha pagado, poco importa que su vecino sea torturado o su hijo secuestrado y desaparecido. Mejor consumidores y agentes económicos que ciudadanos, es lo que nos dice el régimen todos los días. Para el gobierno los derechos del consumidor son preferibles a los del ciudadano (no que los ciudadanos tengan mucho poder de compra en estos tiempos). Vaya, tenemos una emergencia nacional y una seudoinvestigación con cero resultados. ¡En qué cabeza cabe poner de ejemplo los derechos del consumidor cuando hay 43 estudiantes desaparecidos!
Como dice Marco Aurelio en sus Meditaciones: el pueblo puede tener confianza porque su mejor venganza es no ser como los miembros de la clase política.
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