Según el Banco de España, la deuda pública española es de algo más de un billón de euros. El 97,1% del PIB. Es decir, de toda la riqueza nacional. La deuda se ha triplicado desde que empezó la crisis; en 2007 era un 36% del PIB y hoy es casi el 100%. Una deuda que es impagable, una deuda que es imprescindible auditar y reestructurar.
En el Reino de España, los intereses de la deuda a pagar en 2015 sobrepasan los 35.000 millones de euros. Casi una quinta parte de lo que se ingresará por impuestos. De reducirse los intereses de la deuda pública, los países de la eurozona, España incluida, tendrían presupuestos con superávit. O, dicho de otro modo, si los gobiernos hubieran sido financiados por el Banco Central Europeo al interés con el que generosamente financia a la banca privada, la deuda pública europea sería mínima. Y es que la utilización de la deuda no es técnica, inocente, neutral ni imparcial. Los bancos han destinado el dinero barato del BCE para pagar los créditos con los que alimentaron la burbuja inmobiliaria y para comprar deuda pública con la que obtienen beneficios a costa del erario público.
Que la deuda sea impagable hace imprescindibles moratorias, reestructuraciones, suspensiones y quitas. Medidas normales en el capitalismo, como lo fueron en el feudalismo y antes. En la Babilonia de Hammurabí, hace cuatro mil años, hubo una treintena de reestructuraciones de deuda, incluidas cuatro anulaciones.
Pero no hay que ir tan lejos para comprobar que reestructuraciones y quitas de deuda son actuaciones frecuentes. Por el Acuerdo de Londres de 1953, 25 países acreedores aceptaron anular un 62% de la deuda externa alemana. Reducción que fue clave para la rápida recuperación y posterior desarrollo de la República Federal Alemana. Reinhart y Trebesch nos ofrecen algunos datos históricos sobre otras reestructuraciones de deuda cercanas; las amplias reducciones de deuda pública de Francia o Italia tras la conflagración mundial del 52% y 36% respectivamente respecto a su PIB de 1934. La deuda fue condonada en su mayor parte, olvidada y, tras la reestructuración, mejoraron las condiciones económicas y ambos países crecieron.
La reestructuración o anulación de deuda pública es voluntad política, no cuestión técnica. Como también es voluntad política decidir a quién beneficia una reestructuración de la deuda. ¿A la ciudadanía? ¿A la minoría que detenta el poder económico? La deuda pública se utilizó en los noventa para obligar a América Latina a aplicar políticas neoliberales. El mecanismo era sencillo: para lograr préstamos del Banco Mundial, había que cumplir las condiciones que imponía el FMI. Que eran ajustes estructurales (despidos masivos y patente de corso para el capital), privatizar todo lo público y rebajar salarios. Chantaje puro y duro.
Desde hace tres décadas, es política neoliberal aumentar el endeudamiento de la mayoría de países para controlarlos o incidir en sus políticas. En la vieja Europa la deuda ha aumentado extraordinariamente por los tratados de Maastrich y Lisboa que prohíben al Banco Central Europeo prestar directamente a los gobiernos, pero no a los bancos privados. Con la caída de ingresos del Estado, por las rebajas de impuestos a los que más poseen y más ganan, los gobiernos recurren a la banca privada que compra sus bonos de deuda a interés más alto. Es el mecanismo de aumento de la deuda pública en Europa y de control que cierra así el círculo del uso torticero de la deuda.
Puesto que el modo clásico de producción flaquea desde hace décadas para obtener los beneficios que pretendía la clase dominante, la deuda pública se ha convertido en manos del poder económico y de sus gendarmes (FMI, BCE, CE…) no solo en mecanismo de control político sino también en medio para conseguir esos anhelados beneficios. En modo de acumulación de capital. Como también lo son la austeridad fiscal por trasvase de rentas de las clases populares a las élites, la corrupción (apropiación ilegal directa del contenido de las arcas públicas) y la especulación financiera desaforada. Si la deuda pública es hoy medio de acumulación, es un modo de explotación y de dominio.
Por todo ello, hacer frente a la deuda, auditarla, reestructurarla y reducirla, pensando sobre todo en la gente, es obligatorio para defender los derechos de la mayoría, para empezar a cambiar las cosas y construir otro mundo posible más decente.
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