A partir de septiembre, España, Italia y el Reino Unido incluirán en sus estimaciones del PIB los ingresos que aportan actividades ilegales como el tráfico de drogas o la prostitución. Según algunos cálculos preliminares, este cambio aportará al PIB español como mínimo 10.000 millones de euros, mientras que la Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido cuantifica en 10.000 millones de libras (12.280 millones de euros) la contribución de estas actividades al PIB británico. ¿Salvará esta polémica medida la economía europea?
Lo de España, Italia y el Reino Unido no será nuevo para Europa dado que Estonia, Austria, Eslovenia, Finlandia, Suecia y Noruega, ya contabilizan la aportación de la prostitución y las distintas formas de tráfico ilegal de bienes y servicios a sus respectivas economías. Grecia trató de implementar la medida en 2006, pero el dinero procedente de la prostitución, las drogas y el lavado de dinero disparó el PIB en un 25% de la noche a la mañana. Bruselas consideró que era un escándalo y rechazó las cifras revisadas.
No obstante, si bien en la teoría la llamada 'economía sumergida' puede traer a los países europeos grandes éxitos, es poco probable que la situación cambie para mejor teniendo en cuenta que los traficantes y proxenetas no son muy escrupulosos a la hora de pagar los impuestos. Por eso esta no es una solución a la desaceleración económica de Europa y si en un país las personas se ven obligadas a trabajar clandestinamente, no se puede pensar que sea una recuperación saludable. Por otra parte, no se entiende muy bien el razonamiento de los legisladores que apuestan por algunos nichos de la economía sumergida pero ignoran otros.
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