Las deudas soberanas buscan su tribunal

Roberto Bissio, RTM

El retorno a Argentina de la fragata Libertad, después de meses de reclusión en un puerto africano, no fue solo un triunfo político de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sino también una victoria para quienes proponen la creación de un tribunal internacional para las deudas soberanas.La creación de un “mecanismo de reestructura de la deuda soberana” fue originalmente propuesta por el economista turco Yilmaz Akyuz en el año 2000 y retomada luego por la entonces vicedirectora del FMI, Anne Kruger, para evitar las incertidumbres jurídicas que aprovechan de forma oportunista los llamados “fondos buitre”.

Cuando un país está en crisis y se sospecha que tal vez no cumpla con sus obligaciones de deuda externa, estos fondos compran a los ahorristas asustados sus bonos a precio de remate para después intentar cobrar el cien por ciento de su valor nominal por la vía judicial.

Así, después del default (cese de pagos) de 2001, Argentina negoció con la mayoría de los acreedores privados el canje de sus bonos por otros papeles con un valor entre treinta y sesenta por ciento menor. Elliot Associates, un fondo buitre oficialmente domiciliado en las islas Caimán, se negó a aceptar el canje y el año pasado, aprovechando la presencia en un puerto de Ghana de la fragata Libertad, un velero de instrucción de la marina argentina, solicitó a un juez local el embargo del buque para rematarlo y cobrarse su deuda. Después de meses de retención en África, la fragata pudo finalmente volver a Argentina el 9 de enero pasado, cuando el Tribunal Internacional del Mar, con sede en Hamburgo, decidió que, como barco de guerra que es, la Libertad es inembargable, al igual que las embajadas.

A pesar de este triunfo, para evitar un potencial y bochornoso embargo del avión presidencial Tango Uno, la presidenta argentina resolvió utilizar una aeronave de alquiler en su actual gira por Asia.

Mientras tanto, y como los bonos que Elliot compró a veinte centavos por cada dólar establecían en su letra chica la jurisdicción de la ciudad de Nueva York para potenciales litigios, los “buitres” lograron que un juez neoyorquino decretara en primera instancia que Argentina debe pagar el total del valor nominal de estos papeles, unos 1,600 millones de dólares. No se trata solo del escándalo de que Elliot cobre a precio de oro lo que compró como basura, sino de las otras consecuencias. Si Argentina paga, todos los acreedores que aceptaron recortes podrían reclamar un trato igual y exigir demasiados billones de dólares. Si Argentina no paga, la justicia de Nueva York decretaría la existencia de un default y podría embargar cualquier propiedad o cuenta bancaria de la República Argentina en Estados Unidos.

El caso puede llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. Lo que está en juego no es solo la economía argentina, sino la posibilidad de reestructuración de cualquier otra deuda soberana en el futuro. Una eventualidad nada improbable, considerando la evolución de la crisis europea. Y, además, si Elliot triunfara, la posición de Nueva York como plaza financiera se vería comprometida, ya que los países emisores de bonos preferirán hacerlo desde Londres, donde la legislación y jurisprudencia es menos tolerante con los fondos buitre.

No es tan sorprendente, entonces, que a pesar de las notorias diferencias políticas, la posición argentina haya sido defendida públicamente por el Departamento de Estado y por la propia Anne Kruger.

El Financial Times ha editorializado, a partir de este litigio, sobre la necesidad de un tribunal internacional de deuda, que a juicio de este influyente diario debería ubicarse en el FMI, de manera similar a como los arbitrajes sobre inversiones se localizan en el Banco Mundial.

Esta tesis ha sido tajantemente refutada por Nick Dearden, líder de la campaña por un Jubileo de la deuda, con el argumento de que nadie podría tomar en serio a tal tribunal “si se aloja en uno de los mayores acreedores del mundo”, ya que “ningún juicio es creíble si el acusador designa al juez y al jurado”.

Un tribunal de deuda realmente imparcial podría compensar las asimetrías de poder que existen entre deudores y acreedores y que permite a los últimos imponer condiciones devastadoras para las sociedades de los países deudores.

Aplicando los derechos económicos, sociales y culturales, el tribunal podría decidir sobre un mínimo de servicios sociales que un país debe garantizar antes de pagar a los acreedores externos o aceptar que algunas deudas son “odiosas” y por lo tanto nulas, tales como las contraídas por dictadores para reprimir a sus propios pueblos. Ambos principios ya existen en la legislación de Estados Unidos, pero el Congreso va a cuestionar como pérdida de soberanía la posibilidad de que una instancia internacional decida por encima de la justicia norteamericana.

¿Puede funcionar un tribunal internacional de deuda creado sin Estados Unidos? El antecedente de la Corte Penal Internacional, establecida en 2002, hace pensar que sí. Aunque Washington no la integra, respeta sus decisiones y hasta le envía casos.