La política internacional de Chile se juzga en La Haya

Roberto Pizarro, Kaos en la red

La evidente incomodidad en que se encuentra Chile frente a la demanda peruana por los límites marítimos es exclusiva responsabilidad de una política internacional equivocada que se arrastra desde hace ya varios años. Las lamentables declaraciones del presidente Piñera y de los ex presidentes Frei y Lagos sobre el cuestionamiento a los supuestos “fallos salomónicos” de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya, revelan soberbia e irresponsabilidad. Piñera sostuvo que “es muy importante que el tribunal de La Haya actúe en base a derecho”. Lagos afirmó que “la CIJ debe fallar conforme a derecho porque de no hacerlo se erosiona su prestigio”. Las lecciones jurídicas de nuestros “estadistas” sobre lo que debe hacer la CIJ no sólo revelan falta de confianza en la postura chilena, sino que ofenden gratuitamente a jueces destacadísimos, cuya obligación es actuar conforme a derecho.

Por otra parte, cuando Frei declara que “Chile no puede aceptar acuerdos salomónicos”, amenazando con un posible desconocimiento, nos conduce a la ley de la selva si el resultado en la CIJ no es conveniente a nuestro país. La resolución de la disputa Nicaragua-Colombia ha conducido a la desesperación, colocando a nuestro país en delicada posición frente al orden jurídico internacional. Los líderes más destacados de Chile equivocan el blanco: en vez de criticar a los jueces internacionales, debieran apuntar al Presidente de Colombia por no acatar la reciente decisión de La Haya.

La evidente incomodidad en que se encuentra Chile frente a la demanda peruana por los límites marítimos es exclusiva responsabilidad de una política internacional equivocada que se arrastra desde hace ya varios años. Esa política ha colocado en un segundo plano la integración regional y, muy especialmente, ha olvidado el tema vecinal. Esa política ha privilegiado hasta el cansancio los negocios, y los Tratados de Libre Comercio con el mundo desarrollado por sobre los asuntos que tensionan las relaciones diplomáticas con nuestro vecinos. Esa política ha exacerbado el discurso autocomplaciente del éxito económico chileno y de la apertura indiscriminada al mundo, faltando el respeto a todos aquellos países de la región que impulsan políticas económicas e internacionales distintas a la chilena. Esa concepción adquiere preponderancia muy especialmente a mediados de los años 90 y ha aislado a Chile de su entorno regional.

Sólo muy al comienzo del retorno de la democracia, la Cancillería chilena priorizó la integración económica regional (Acuerdos de Complementación Económica en ALADI) y al mismo tiempo favoreció los entendimientos políticos vecinales (se destaca la solución a 24 de los 25 conflictos limítrofes con Argentina). Esto cambiaría posteriormente con la intromisión del Ministro Foxley, desde el Ministerio de Hacienda, en asuntos internacionales, quien impuso la política de favorecer prioritariamente un acuerdo económico con los Estados Unidos. A partir de ese momento perdió peso la Cancillería y se inició un camino de deterioro de las relaciones con el entorno regional. Y no existió la capacidad para combinar con inteligencia y pragmatismo la apertura económica al mundo con los asuntos vecinales.

El énfasis obsesivo por incorporarse al Nafta o materializar un TLC con los Estados Unidos desplazó la prioridad latinoamericana que había consagrado el programa de la Concertación. Los asuntos económicos, los negocios, comienzan a predominar por sobre la política en el ámbito internacional y el entendimiento con los Estados Unidos y con los países desarrollados colocan en un segundo plano los temas vecinales. La tesis de “Adiós a América Latina”, originaria de la derecha, respaldada por Foxley, adquirió preponderancia. A partir de ese momento es esa política la que se impone en los asuntos internacionales durante todos los gobiernos de la Concertación. Para mayor gravedad, durante la presidencia de Bachelet, con plena hegemonía de los gobiernos nacional-populares en la región, la Cancillería pasa a ser dirigida por Alejandro Foxley, adversario manifiesto de la integración latinoamericana y crítico de las nuevas políticas económicas impulsadas por los gobiernos nacional-populares: Argentina, Ecuador, Venezuela y Bolivia.

El aislamiento de Chile tiene hitos muy relevantes, que lo colocan en mala posición en la región y que le restan aliados. El apoyo del presidente Lagos al golpe de Estado contra Chávez. El retiro de las negociaciones para incorporarse al Mercosur, optando por el TLC con los Estados Unidos. El apoyo decidido al fracasado ALCA, proyecto norteamericano rechazado por Brasil y Argentina. El escaso compromiso con la CAF y el franco rechazo al Banco del Sur, favoreciendo siempre al FMI y al Banco Mundial. El impulso al Acuerdo del Pacífico y su manifiesto distanciamiento con gobiernos de Correa, Chávez, Kirchner y Morales.

Así las cosas, se elude o se dilata la demanda boliviana para una salida al mar y en cambio se llega al extremo -nuevamente los negocios- de hablar con impudicia de un trade off “mar por gas”. Largas conversaciones y palabras de buena voluntad, que nunca apuntaron a la salida soberana de Bolivia hacia el Pacífico. Salida soberana que, pasando por Arica, y a cambio de compensaciones de territorio boliviano, habría resuelto el asunto hace muchos años. Es cierto que Perú tiene que entregar una opinión sobre un acuerdo de esta naturaleza, pero el inmenso prestigio que había logrado Chile con la recuperación de la democracia y su reinserción política en el mundo bien podrían haberse invertido en comprometer a otros países de la región así como organismos internacionales, y países desarrollados, para acumular fuerzas a favor de una solución que fuese también convincente para Perú.

El cansancio de Bolivia ha llegado a un límite y hoy día su protesta se hace sentir en todos los foros regionales. Las tensiones con el gobierno Altiplánico se han multiplicado durante el gobierno de Piñera, con un deterioro manifiesto de las relaciones vecinales. Nuevamente una política internacional equivocada es la que impide a los gobiernos de Chile enfrentar con fluidez y voluntad política la posición boliviana, cuya solución habría aliviado notablemente nuestra frontera norte. Es probable que la demanda peruana en La Haya habría resultado de escasa viabilidad con una salida al mar de Bolivia por la ciudad de Arica o al menos estando presente de manera efectiva en las relaciones vecinales. Ahora nos encontramos en el peor de los mundos, porque si la CIJ le da razón a Perú, se cierran definitivamente las puertas para una salida soberana al mar de Bolivia. Y las tensiones con Perú se extenderán a Bolivia.

En suma, los tiempos son difíciles para la política exterior de Chile. Por propia decisión y no por comportamientos ajenos nuestro país se encuentra aislado de la región. Y la propia demanda peruana se ha aprovechado de nuestras debilidades. El rechazo a la salida al mar para Bolivia y nuestras diferencias con el resto de los países de la región no ayudan a enfrentar en buenas condiciones la controversia con Perú. Más aún, la inexistencia de una política de desarrollo efectivo para el extremo norte de Chile, culpable de la creciente pobreza de Arica y de la disminución de su población tampoco favorecen nuestra soberanía en el norte. Ello contrasta con el potente progreso y poblamiento de las zonas limítrofes del Perú, en especial de la ciudad de Tacna. Cuando no hay visión estratégica sobre las zonas limítrofes y la economía se fundamenta estrictamente en criterios de mercado, dejando de lado la responsabilidad inversionista y social del Estado, la seguridad nacional es la que termina debilitándose. En definitiva, es preciso asumir la responsabilidad propia en un eventual fallo doloroso para nuestro país antes que responsabilizar a la justicia internacional. La economía y los negocios, rasgos dominante de la política exterior chilena, le han jugado una mala pasada a nuestro país.