Islandia y el rechazo de la austeridad

Salim Lamrani, ArgenPress

Cuando en septiembre de 2008, la crisis económica y financiera golpeó a Islandia, pequeño archipiélago del Norte de Europa con una población de 320.000 habitantes, el impacto fue desastroso, como en el resto del continente. La especulación financiera llevó a los tres principales bancos a la quiebra, cuyos activos representaban una suma diez veces superior al PIB de la nación, con una pérdida neta de 85.000 millones de dólares. La tasa de desempleo se multiplicó por 9 entre 2008 y 2010, mientras que antes el país gozaba del pleno empleo. La deuda de Islandia representaba el 900% del PIB y se devaluó la moneda nacional un 80% con respecto al euro. El país cayó en una profunda recesión, con una disminución del PIB de un 11% en dos años.

Frente a la crisis

En 2009, cuando el gobierno quiso aplicar las medidas de austeridad que exigía el FMI, a cambio de una ayuda financiera de 2.100 millones de euros, una fuerte movilización popular lo obligó a renunciar. En las elecciones anticipadas, la izquierda ganó la mayoría absoluta en el Parlamento.

No obstante, el nuevo poder adoptó la ley Icesave –cuyo nombre procede del banco online que quebró y cuyos ahorradores eran en mayoría holandeses y británicos–, con el fin de rembolsar a los clientes extranjeros. Esta legislación obligaba a los islandeses a rembolsar una deuda de 3.500 millones de euros (un 40% del PIB) –9.000 euros por habitante– en quince años con una tasa de interés del 5%. Frente a las nuevas protestas populares, el Presidente se negó a ratificar el texto parlamentario y lo sometió a referéndum. En marzo de 2010, el 93% de los islandeses rechazó la ley sobre el rembolso de las pérdidas de Icesave. Cuando se sometió de nuevo a referéndum en abril de 2011, el 63% de los ciudadanos volvió a rechazarla.

Una nueva Constitución, redactada por una Asamblea Constituyente de 25 ciudadanos elegidos por sufragio universal entre 522 candidatos, que se compone de 9 capítulos y de 114 artículos, se adoptó en 2011. Ésta prevé un derecho a la información, con un acceso público a los documentos oficiales (Artículo 15), la creación de un Comité de Control de la Responsabilidad del Gobierno (Artículo 63), un derecho a la consulta directa (Artículo 65) –un 10% de los electores puede pedir un referéndum sobre las leyes que vota el Parlamento–, así como el nombramiento del Primer Ministro por el Parlamento.

Así, al contrario que las otras naciones de la Unión Europea en la misma situación, que aplicaron escrupulosamente las recomendaciones del FMI que exigía medidas de una austeridad severa como en Grecia, Irlanda, Italia o España, Islandia eligió una vía alternativa. Cuando en 2008 los tres bancos principales del país, Glitnir, Landsbankinn y Kaupthing, se derrumbaron, el Estado islandés se negó a inyectar fondos públicos como lo había hecho el resto de Europa. Al revés, procedió a su nacionalización.

Del mismo modo, los bancos privados tuvieron que cancelar todos los créditos con tasas variables que superaban el 110% del valor de los bienes inmobiliarios, lo que evitó una crisis de subprime como en Estados Unidos. Por otra parte, la Corte Suprema declaró ilegales todos los préstamos ajustados a divisas extranjeras que se otorgaron a particulares, obligando así a los bancos a renunciar a sus créditos en beneficio de la población.

En cuanto a los responsables del desastre –los banqueros especuladores que provocaron el desmoronamiento del sistema financiero islandés–, no se beneficiaron de la mansedumbre que mostró hacia ellos en el resto de Europa, donde fueron sistemáticamente absueltos. En efecto, Olafur Thor Hauksson, Procurador Especial que nombró el Parlamento, los ha perseguido y encarcelado. Incluso al Primer Ministro Geir

Una alternativa a la austeridad

Los resultados de la política económica y social islandesa han sido espectaculares. Mientras la Unión Europea se encuentra en plena recesión, Islandia se benefició de una tasa de crecimiento de un 2,1% en 2011 y prevé una tasa de 2,7% para 2012, y una tasa de desempleo de un 6%. El país hasta se dio el lujo de proceder al rembolso anticipado de sus deudas al FMI.

El presidente islandés Olafur Grímsson explicó este milagro económico: “La diferencia es que en Islandia dejamos que los bancos quebraran. Eran instituciones privadas. No inyectamos dinero para salvarlas. El Estado no tiene por qué asumir esta responsabilidad”.

Contra todo pronóstico, el FMI saludó la política del gobierno islandés –el cual aplicó medidas en las antípodas de las que preconiza–, que ha permitido preservar “el precioso modelo nórdico de protección social”. En efecto, Islandia dispone de un índice de desarrollo humano bastante elevado. “El FMI declara que el plan de rescate al modo islandés ofrece lecciones para los tiempos de crisis”. La institución agrega que “el hecho de que Islandia haya logrado preservar el bienestar social de las unidades familiares y conseguir una consolidación fiscal de gran envergadura es uno de los mayores logros del programa y del gobierno islandés”. No obstante, el FMI omitió precisar que estos resultados fueron posibles sólo porque Islandia rechazó su terapia de choque neoliberal y elaboró una programa de estímulo económico alternativo y eficiente.

El caso de Islandia demuestra que existe una alternativa creíble a las políticas de austeridad que se aplican a través de Europa. Éstas, además de ser económicamente ineficientes, son políticamente costosas y socialmente insostenibles. Al elegir ubicar el interés general por encima del de los mercados, Islandia muestra el camino al resto del continente para escapar del callejón sin salida.