La guerra de Wall Street contra las ciudades: por qué no se puede – ni se debe – pagar a los tenedores de bonos

Michael Hudson, Sin Permiso

El ritmo de la guerra de Wall Street contra el 99% se acelera, preparándose para entrar a matar. Tras haber demonizado a los empleados públicos por tener programado recibir una pensión por los servicios prestados durante toda una vida de trabajo, los tenedores de bonos insisten en quedarse, por el contrario, con el dinero. Es la misma filosofía de austeridad a la que se ha obligado a Grecia y España, y la misma que está induciendo al presidente Obama y a Mitt Romney a apremiar a la reducción de la Seguridad Social y Medicare.

A diferencia del gobierno federal, la mayoría de los estados y ciudades disponen de constituciones que les impiden mantener un déficit presupuestario. Esto significa que, cuando recortan los impuestos sobre la propiedad, tienen o bien que pedir prestado a los pudientes o recortar el empleo y los servicios públicos.

Durante muchos años pidieron prestado pagando intereses libres de impuestos a los opulentos tenedores de bonos. Pero soportar su precio ha llegado a un punto en que parece arriesgado a medida que la economía se hunde en la deflación de la deuda. De California a Alabama encontramos ciudades en suspensión de pagos. No pueden invertir la tendencia y recuperar los impuestos sin ocasionar más suspensiones de pagos y abandonos por hipotecas. Alguien tiene que dar, de modo que las ciudades achican el gasto público, reducen los sistemas escolares y los contingentes policiales y ponen a la venta sus activos para pagar a los tenedores de bonos.

Esto se ha convertido en la causa principal del creciente desempleo en Norteamérica, contribuyendo a impulsar a la baja la demanda del consumo en una pesadilla keynesiana. Menos evidentes resultan los demoledores recortes que se producen en la atención sanitaria, la formación laboral y otros servicios, mientras se dispara el importe de las matrículas en las universidades públicas y las “tasas de participación” en los institutos de secundaria. Los sistemas escolares se desmoronan como nuestras carreteras conforme se deshacen de profesores en una escala como no se había visto desde la Gran Depresión.

Sin embargo, los estrategas de Wall Street consideran estas apreturas de los presupuestos locales y de los estados como una bendición del cielo. Tal como dio en expresarlo Rahm Emanuel, una crisis es una oportunidad demasiado buena para echarla a perder, y la crisis otorga a los acreedores apalancamiento financiero para impulsar medidas políticas contra el trabajo y oportunidades de privatización. Se prepara el terreno para una “cura” neoliberal: recortes de pensiones y de la atención sanitaria, incumplimiento de las promesas sobre pensiones hechas al mundo del trabajo y puesta a la venta del sector público, dejando que los nuevos propietarios levanten cabinas de peaje por todas partes, de carreteras a escuelas. El término novedoso del momento es “extracción de renta”.

De modo que tras haber provocado la crisis fiscal, el legado de decenios de recortes fiscales a la propiedad financiados a base de una deuda cada vez más ingente se va a pagar ahora arrendando o vendiendo activos públicos. Chicago ha arrendado su Skyway [vía elevada de tránsito de más de 12 km. de largo que atraviesa un puente] durante 99 años a quienes cobrarán el peaje, y sus parquímetros durante 75 años. El alcalde Emanuel ha contratado a la Gestión de Activos de J.P.Morgan para que imparta “consejos” sobre cómo vender a los privatizadores el derecho a cobrar tasas por utilizar servicios públicos que eran anteriormente gratuitos o estaban subvencionados. Es el moderno equivalente norteamericano del movimiento de cercamiento (“enclosure”) en Inglaterra entre los siglos XVI al XVIII.

Al presentar a los empleados locales como enemigo público número uno, la crisis urbana está contribuyendo a traer de vuelta la guerra de clases. El sector financiero sostiene que pagar las pensiones (o incluso el sueldo base) absorbe ingresos fiscales que se emplearían, si no, en pagar a los tenedores de bonos. Scranton, en el estado de Pennsylvania, ha reducido los salarios del sector público al mínimo legal “temporalmente”, mientras otras ciudades tratan de desbaratar los planes de pensiones y los contratos de sueldos diferidos…y se van al casino de Wall Street y juegan a perder en un intento desesperado de cubrir las responsabilidades de las pensiones sin financiación. Estas se han cifrado recientemente en un total de 3 billones, más otro billón en prestaciones de atención sanitaria sin financiación.

Aunque fue Wall Street quien urdió la economía de la burbuja cuya explosión ha disparado la crisis fiscal, a sus cabilderos y sus teorías de Quincalla Económica no se les exige que rindan cuentas. En lugar de culpar a quienes recortaban impuestos proporcionando beneficios imprevistos a los banqueros y a los magnates de bienes inmuebles, es a los profesores y a otros empleados públicos a quienes se les dice que devuelvan sus salarios diferidos, que es lo que son las pensiones. No se reservan reclamaciones para los depredadores financieros.

Por contra, ha llegado la hora del desahucio para proporcionar un surtido de oportunidades de sacar algo, conforme las ciudades se ven obligadas a operar como hizo Nueva York para evitar la bancarrota en 1974: traspasar la gestión a las personas designadas por Wall Street. Al igual que en Grecia e Italia, los políticos electos han de ser substituidos por “tecnócratas” nombrados para llevar a cabo lo que Margaret Thatcher y Tony Blair hicieron en Inglaterra: poner a la venta los restos del sector público y convertir todos los programas sociales en fuente de ganancias.

El plan consiste en lograr una triple meta. En primer lugar, otorgar a los privatizadores el derecho a convertir la infraestructura pública en oportunidades de imponer peaje. La idea consiste en obligar a las ciudades a equilibrar su presupuesto arrendando o vendiendo sus carreteras y sistemas de autobuses, escuelas y cárceles, bienes inmuebles y otros monopolios naturales. Mediante este proceso se promete crear un nuevo mercado para los bancos: prestar a los inversores carroñeros para que compren el derecho a instalar peajes en la infraestructura básica de la economía.

Los funcionarios públicos electos no podrían implicarse en medidas políticas tan depredadoras y contrarias al mundo del trabajo. Sólo la “magia del mercado” puede deshacer los sindicatos del sector público, reducir los servicios públicos y poner peajes en las carreteras, los sistemas de agua y alcantarillado, mientras se recortan líneas de autobuses y se elevan las tarifas. Para llevar a cabo este plan financiero, es necesario encuadrar el problema de modo que se descarten alternativas menos sociales. Tal como lo describió Margaret Thatcher: TINA (There Is No Alternative [NHA, No Hay Alternativa]) a la puesta a la venta del transporte público, los bienes inmuebles y hasta de los sistemas escolares y los penales.

Desmantelamiento de departamentos de educación pública y policía para pagar a los tenedores de bonos

La política de impuestos locales solía guardar relación con la educación. Los Estados Unidos se dividían en rejillas fiscales con el fin de financiar distritos escolares, junto a carreteras, líneas de autobuses, sistemas de agua y de alcantarillado. Los ayuntamientos con las mejores escuelas gravaban más la propiedad, pero esto hacía más deseable vivir en esos distritos, y de ese modo elevaban los precios inmobiliarios en lugar de hacer que bajaran. Con ello se realimentaban las mejoras urbanas. Los distritos de impuestos reducidos se quedaban atrás.

Ya no es ésta la vía norteamericana. Se ha demonizado la educación especialmente. El otrora gran sistema escolar de California es la víctima más visible de la Proposición 13 del estado, la congelación del impuesto sobre la propiedad en vigor desde 1978. La Asociación de Propietarios de Apartamentos de Los Ángeles utilizó a su testaferro, Howard Jarvis, como cabildero a fin de prometer a los votantes que poco cambiaría recortando la educación y las bibliotecas. Argumentó que “el 63 % de los graduados es analfabeto, en cualquier caso”, así que quién necesita libros. Se congeló la educación y otras partidas del gasto público mientras los impuestos sobre la propiedad se recortaban en un 57%, del 2.5 o el 3% a un 1% de su valoración estimada, y se congelaron a los niveles de precios de 1978 para los propietarios que han mantenido sus bienes. El resultado es que el sistema escolar de California se derrumbado, pasando al puesto número 47 de todo el país.

Para los neoliberales, lo positivo es que degradar la educación hace a los ciudadanos más susceptibles a la falsa conciencia del Tea Party cuando se trata de cómo votar de acuerdo con sus intereses económicos. Cuando se aprobó la Proposición 13, por ejemplo, los inversores comerciales prometieron a los propietarios de viviendas que los recortes de impuestos en todos los órdenes harían más accesible la vivienda y bajarían los alquileres. Pero subieron, igual que los precios inmobiliarios. Esta es la Gran Mentira de los recortadores neoliberales de impuestos: la promesa de que recortar impuestos rebajará los costes en lugar de proporcionar una ganancia inesperada a quienes poseen propiedades…y también a los bancos a medida que la subida del valor de los alquileres queda “libre” de capitalizarse en préstamos para hipotecas. Los nuevos compradores tienen que pagar más, con lo que se eleva el coste de la vida y se hace negocio.

En 1978, en vísperas de la Proposición 13, los propietarios de locales comerciales pagaban la mitad del total de los impuestos inmobiliarios y los que poseían viviendas la otra mitad. Pero hoy la parte de quienes tienen vivienda ha aumentado hasta llegar a dos tercios, mientras que los impuestos sobre usos comerciales han descendido a un tercio. Los encargados de los préstamos bancarios han capitalizado los recortes de impuestos en hipotecas más grandes, de modo que los precios de la vivienda no han caído, han aumentado. El alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, exclamó compungidamente el año pasado que “ya es hora de encarar la desigualdad de la Proposición 13, que permite que los grandes intereses empresariales consigan ganancias inesperadas que deberían destinarse a quienes tienen una vivienda. No estamos financiando el Estado. Estamos diezmando el Estado y los servicios que suministra”.[1] Propuso un impuesto de dos tramos sobre la propiedad, que recuperase mayores tasas para inversores comerciales y absentistas.

Enseñar en un colegio es una ocupación agotadora. Esa es una razón por la que los profesores forman uno de los sindicatos más fuertes de Norteamérica. Sus sueldos no han aumentado tan rápidamente como sus gastos, debido a que han acordado percibir menores ingresos a largo plazo con el fin de asegurarse una pensión al concluir sus días de trabajo. Estos contratos sufren hoy ataques…para pagar a los tenedores de bonos. Los estados y ciudades insisten hoy en que no se puede pagar a los tenedores de bonos sin dejar a dos velas a su mano de obra.

De forma que estamos hoy viendo la locura de no gravar fiscalmente la propiedad y substituir los ingresos fiscales por la petición de préstamos…pagando intereses libres de impuestos a los tenedores de bonos más ricos del país. Recortar la base del impuesto sobre la propiedad encuentra así a su víctima gemela en la suspensión de pagos de la promesa de pensiones.

Los impuestos al sector inmobiliario se han desfondado, pasando de dos tercios de los ingresos urbanos en la década de 1920 hasta solo una sexta parte hoy en día en el conjunto de los Estados Unidos. Pero en lugar de hacer más accesible la vivienda, estos recortes fiscales han “liberado” el valor de los alquileres sólo para acabar pagándoselo a los bancos.

También en esto California ha abierto camino. En 1996, sus votantes aprobaron la Proposición 218, que requiere de cualquier nuevo impuesto, tasa o tasación de propiedad, su aprobación por dos tercios de los votantes (se establecieron unas cuantas excepciones para mantener la viabilidad de los sistemas de alcantarillado y agua). Esta estratagema “mata de hambre a la bestia”, siendo la “bestia” las infraestructuras públicas y los servicios sociales. Se están reduciendo los contingentes policiales y recortando los servicios sociales. Y a medida que aumenta la pobreza urbana, se incrementa la delincuencia, con lo que se impone un coste de la vida “invisible”

. El hecho económico más importante que hay que reconocer es, por tanto, que sea lo que sea a lo que renuncie el recaudador fiscal, ello tiende a capitalizarse en préstamos sobre hipotecas. Y al dejar más renta disponible para que se pague como interés, recortando los impuestos a la propiedad, obliga a quienes compran una vivienda a comprometerse en mayores deudas. Los impuestos a la propiedad más reducidos significan, por tanto, precios de la vivienda más elevados, a crédito, porque una casa o cualquier otro bien inmueble vale lo que un banco quiera prestar a los nuevos compradores. De modo que, al capitalizar el valor de arriendo después de impuestos en un flujo de interés, los banqueros acaban quedándose con el alquiler, y por tanto, con los recortes a los impuestos sobre la propiedad.

Eso es lo que hoy significa el libre mercado: ingresos creados por medio de la inversión del sector público, “liberados” para que se paguen a los bancos como interés en lugar de que los recupere el Estado.

La mayoría de los ingresos urbanos constituyen una “gratuidad” creada mediante los sistemas de carreteras, escuelas, alcantarillas y agua financiados por los contribuyentes. Pero ni los especuladores de bienes inmuebles ni los banqueros creen que esta inversión de los contribuyentes deba recuperarse gravando fiscalmente el aumento de valor de los terrenos que se produce al proporcionar estos servicios públicos. En lugar de hacer que el sector público se autofinancie a medida que se amplían los servicios públicos para crear riqueza, los propietarios privados son los que se quedan con el beneficio, mientras los bancos capitalizan las ganancias en mayores préstamos sobre hipotecas, que contabilizan hoy el 80% del crédito bancario.

El núcleo de la “falsa conciencia” de los banqueros - la historia de portada con la que los cabilderos del Tea Party tratan de adoctrinar a los votantes norteamericanos – es que los impuestos a los activos financieros y de bienes inmuebles castigan a los “creadores de empleo”. Para más inri, los beneficiarios de este gasto público pretenden que hay que mimarles con impuestos preferentes para que inviertan y den empleo, mientras que al 99% hace falta azuzarle y pincharle para que trabaje más duro pagándole bajos salarios. Este relato falaz ignora el hecho de que nuestros mayores periodos de crecimiento han sido aquellos en los que eran más altos los tipos de interés a particulares y empresas. Lo mismo resulta cierto de la mayoría de los países. Lo que está sofocando el crecimiento económico es la deuda de conjunto – adeudada al 1% – y los recortes de impuestos a la riqueza que se apunta a las “gratuidades”.

Sangrar las pensiones públicas forma parte de la crisis de la deuda en su conjunto

El candidato republicano a la vicepresidencia, Paul Ryan, y el gobernador de Texas, Rick Perry, han caracterizado la Seguridad Social como un esquema de Ponzi. Esto es verdad en el evidente sentido de que se supone que se ha de pagar a los que se jubilan con las contribuciones de los nuevos que se van incorporando. El problema no es que el sistema necesite estar prefinanciado para suministrar al Estado ingresos para recortar impuestos al 1%. El problema es que se están agotando las nuevas aportaciones a medida que la economía se comba bajo el peso de una deuda conjunta creciente.

La Seguridad Social se puede pagar fácilmente. Tras el crac de 2007, la Fed [la Reserva Federal] imprimió 13 billones de dólares en sus ordenadores para dárselos a los banqueros. Puedo hacer otro tanto con la Seguridad Social…y para otorgar subsidios federales en ayuda de los estados y ciudades de Norteamérica. Puede pagar las obligaciones de las pensiones locales y de los estados, del mismo modo que pagó al 1% de Wall Street. El problema es que la Fed no se muestra dispuesta a hacer aquello para lo que se fundaron los bancos centrales – financiar el déficit del Estado – para dárselo a los bancos. El objetivo estriba en salvar a los tenedores de bonos y a sus homólogos de altos vuelos, no al 99%.

El problema es que el mismo sistema financiero está podrido. Ello ha convertido la guerra de clases de hoy en un conflicto financiero, en el que la táctica primordial consiste en configurar el modo en que ven los votantes el problema. El truco consiste en hacerles pensar que recortar los impuestos hará bajar el coste de la vida y abaratará la vivienda, en lugar de hacer posible que los bancos se lleven lo que antes se llevaba el recaudador de impuestos. Esa es la impresión que hay que difundir: recortar impuestos deja más ingresos “gratis total” disponibles para que los bancos presten en su contra, sobrecargando la economía aun con más deuda.

He aquí la razón por la que no es posible que funcione el actual rumbo. Los fondos de pensiones de estados y localidades van 3 billones de dólares por detrás porque sólo consiguen retornos de un 1% hoy en día (el único retorno seguro), no el 8+% que dijeron que había que alcanzar para poder pagar las pensiones por medio de las ganancias del “capital” (es decir, las gratuidades financiadas por los bancos). La Fed está manteniendo bajos los tipos de interés en un intento de volver a inflar los precios de los bienes inmuebles y otros activos para devolverlos a la feliz década del Burbujameister Greenspan. Si suben los tipos de interés, lo bastante como para permitir a California, Chicago y otras localidades obtener intereses suficientes para pagar a quienes se jubilan lo que les prometieron, entonces los bancos verán cómo baja el colateral de los préstamos de hipotecas.

De manera que la Fed ha aherrojado a la economía. Ningún político, ni demócrata ni republicano está dispuesto a subirle los impuestos al sector financiero, al de los seguros y los bienes inmuebles. Votan en consonancia con aquello por lo que pagan los contribuyentes de sus campañas: para enriquecer a Wall Street.

En juego está la vieja cuestión de la elección Quién/A Quién. Dado el dato matemático de que no pueden pagarse las deudas y no se pagarán, la cuestión es a quién debería darse prioridad: ¿al 1% o al 99%?

Se está apremiando a una austeridad agobiada por las deudas y a una reducción del Estado como si fuera inevitable, y no una elección política para poner a los tenedores de bonos y el 1% por encima del 99%, en recompensa por el dinero destinado al cabildeo que se ha gastado en comprar políticos y equivocar a los votantes para que crean que recortar los impuestos a la propiedad y los impuestos de los ricos ayudará a la economía.

Pero si Norteamérica sigue dejando que el 1% redacte las leyes – o lo que viene a ser lo mismo en estos tiempos, sufragar las campañas políticas de quienes legislan–, entonces la economía se empobrecerá rápidamente, y mucho. Habrá concluido en Norteamérica la época del crecimiento.

Alguien tiene que dar: de no pagarse a los tenedores de bonos, los estados no pueden pagar los salarios diferidos del trabajo en forma de pensiones y tendrán que reducir los servicios públicos.

De modo que es hora de suspender pagos. De lo contrario, Wall Street nos convertirá en Grecia. Ese el plan financiero, a buen seguro. Es la estrategia de la guerra financiera de hoy contra la sociedad en su conjunto. Hablé en Letonia con el responsable del banco central, que explicaba cómo los salarios del sector público habían caído en un 30%, ayudando a presionar casi igualmente a la baja los sueldos del sector privado. A esto los neoliberales lo llaman “devaluación interna”, prometiendo que hará más competitivas sus economías. La realidad es que aumentará el mercado interno e impulsará al mundo del trabajo a abandonar.
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NOTA: [1] Adam Nagourney, “Tax Cuts From ’70s Confront Brown Again in California,” The New York Times, 9 de enero de 2011.