Mientras la pugna entre Cristóbal Montoro y Luis de Guindos aumenta, España comienza a hacer implosión. Las empresas amenazan con abandonar el país por los altos impuestos y el ministerios de Finanzas propone un 56% de impuestos sobre las transacciones financieras para evitar la fuga de capitales. Este artículo lo escribió:
Amador G. Ayora, en El Economista
El Bundesbank se opone a la compra de deuda, lo único que puede salvar a España e Italia. Las autonomías, el conflicto eléctrico y los rumores de crisis de Gobierno lo complican todo.
La situación está fuera de control. El Gobierno aprobó la pasada semana el mayor ajuste de su historia con la esperanza de que sirviera para calmar a los mercados. Pero no fue así. La prima de riesgo superó la barrera de los seiscientos puntos básicos, algo jamás visto, y el bono cerró el viernes en 7,27 por ciento. La primera duda que surge es para qué debemos realizar esfuerzos tan dolorosos como la subida del IVA o la supresión de la paga extra de los funcionarios si los mercados nos siguen castigando con fuerza. Sería ingenuo pensar que, con sólo anunciar un gran recorte, las cosas iban a comenzar a cambiar. Persisten multitud de factores de incertidumbre que siembran la desconfianza.
La letra pequeña del ajuste de 65.000 millones muestra que se hace más hincapié en el ingreso que en el gasto. La recaudación tributaria aportará alrededor de 38.000 millones, frente a 27.000 de menor gasto. Ello, unido al alza en el impuesto de la renta, convierte a España en uno de los países con mayor presión fiscal directa e indirecta del planeta Tierra. Los economistas advierten de que este aumento de impuestos puede producir una contracción en el producto interior bruto (PIB) mayor de la prevista por el Gobierno. Sobre todo en 2013, en el que la caída superaría el 1 por ciento, el doble de la estimación oficial.
Aparte de las contradicciones sobre las cifras oficiales del ajuste y la polémica suscitada, se ponen en duda los 22.000 millones de ingresos previstos en el IVA, que sólo en lo que va de año acumula una caída del 10 por ciento. El incremento impulsará la economía sumergida y puede neutralizar el previsto incremento en su recaudación, como defendía el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuando se oponía a acometer esta medida. La impresión generalizada es que quedan más recortes por decidir. El propio Montoro alimentó esta tesis al advertir esta semana en el Congreso de que las arcas del Estado están vacías.
Los ajustes restantes deberían concentrarse en las autonomías y encaminarse a eliminar los 427.000 empleados creados por éstas durante los últimos diez años. Sin embargo, se ha visto una fuerte resistencia de los Gobiernos regionales a efectuar más recortes. El llamamiento del presidente de la Generalitat, Artur Mas, a la rebelión autonómica contra el Gobierno es un paradigma sobre el estímulo a esta desconfianza internacional.
Muchos ciudadanos se preguntan, por otra parte, qué autoridad moral le queda a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, para convencer al resto de comunidades gobernadas por su partido, cuando su Gobierno de Castilla-La Mancha está entre los amonestados. Ninguna, naturalmente.
No creo que haya en estos momentos un inversor dentro o fuera de nuestras fronteras que crea en que las autonomías van a obedecer a Montoro. El ministro de Hacienda pecó de ingenuidad al adelantar al principio de año 5.176 millones correspondientes a la mitad de la liquidación estimada del sistema de financiación, porque ha evitado que se aprieten el cinturón. Además, los 15.000 millones en créditos ICO para sufragar la deuda tampoco sirvieron de nada.
En el ámbito energético también reina la confusión. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, atribuyó el retraso en las reformas a que varios ministros estaban fuera de España, entre ellos el de Industria, José Manuel Soria. Pero la realidad es que Soria se marchó de viaje tras dar un portazo y negarse a aceptar el reparto de la carga impositiva a eléctricas y renovables puesto sobre la mesa por Montoro. Algunas compañías amenazaron con trasladar la sede de parte de sus negocios fuera de España para eludir la fortísima alza fiscal ideada por el titular de Hacienda.
La menor imposición prevista para la energía termosolar, pese a que es una de las más subvencionadas, y el hecho de que el ex secretario de Estado de Hacienda, Ricardo Martínez Rico, sea consejero de la principal empresa del sector, Abengoa, suscita muchas críticas y arroja sospechas sobre la limpieza del proceso. Si en las autonomías aún no se puede hablar abiertamente de rebelión, en las eléctricas claramente es así.
Para añadir mayor incertidumbre, Montoro anunció su disposición a gravar con tipos confiscatorios próximos al 56 por ciento las operaciones de compraventa de valores a corto plazo. Una iniciativa incomprensible viniendo de un Gobierno presuntamente liberal o de derechas, que nos asemeja a un régimen caprichoso como el del populista presidente venezolano Hugo Chávez.
Para completar el pasmoso cuadro clínico sobre nuestros gobernantes, los rumores sobre los enfrentamientos entre los titulares de Hacienda y Economía, Luis de Guindos, o entre éste y el jefe de la Oficina Económica, Álvaro Nadal, han dado paso a una posible crisis de Gobierno para designar un único responsable en asuntos económicos. El artículo reciente del ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, en El País, dedicado a resolver los problemas económicos en lugar de abordar las muchísimas crisis internacionales, azuzó la hoguera de las vanidades. Margallo junto a Josep Piqué son los secretos aspirantes a una hipotética vicepresidencia económica. Es cierto que en Europa ocasiona un gran desconcierto la actual división de competencias entre Economía y Hacienda y entre éstos y la Oficina Económica, que ejerce como un ministro en la sombra al presidir la Comisión Delegada para Asuntos Económicos en ausencia de Rajoy.
El detonante que activó este cóctel molotov sobre negras previsiones económicas e inestabilidad del equipo de Gobierno es la corta liquidez del Tesoro. Los datos muestran que se ha agotado el colchón de deuda emitido a comienzos de año a precios asequibles, con lo que a partir de ahora el Tesoro deberá pagar precios prohibitivos, que hacen insostenible su sufragio.
La sola petición de las comunidad autónoma de Valencia para acogerse al fondo de liquidez anunciado por Hacienda desató los temores del mercado y los ataques a la prima de riesgo. La voz de alarma la dio la subasta de este jueves, porque puso de manifiesto que no existe demanda para la deuda pública más allá de las letras a un año. Con los bancos en retirada, porque se han quedado sin la munición suministrada a comienzos de año por el BCE, nadie es capaz de vaticinar cómo se renovarán los 28.000 millones en vencimientos del próximo octubre.
El Parlamento alemán dio un amplio respaldo al rescate bancario. Pero las declaraciones del presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, el fin de semana pasada, animando a pedir la intervención total a Rajoy, son una muestra de la fuerte oposición dentro del BCE a reanudar las compras de deuda de España e Italia, lo único que podría salvarnos. También es un indicio de que Alemania no es consciente del riesgo que corre la moneda única. Los expertos vaticinan que si España es intervenida, el ojo del huracán se desplazará sobre Italia y acabará por destruir todo el edificio europeo. La cuenta atrás para la autodestrucción del euro está ya en marcha. Veremos si podemos detenerla.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario