En una entrevista publicada por Página 12 en junio de 2005, el investigador Marc Gavalda, de la Universidad de Barcelona, señalaba los impactos políticos, económicos, culturales y ambientales que el conglomerado Repsol generó en América latina, a partir de la venta de YPF y de las leyes que acompañaron el proceso privatizador. Esta es la entrevista realizada hace siete años por Natalia Aruguete:
-¿Cómo era Repsol antes de las privatizaciones en América latina?
–Era una empresa estatal que había empezado a privatizarse en 1985. Con el gobierno de Aznar se privatizó totalmente y quedó en manos de familias franquistas: Alfonso Cortina era hijo de un ministro de Exterior de Franco, Cortina de Alcocer; Rodolfo Martín Villa, ex presidente de Endesa, fue ministro de Interior de Franco. Repsol no sólo se dedicó a producir petróleo y gas; se constituyó en un conglomerado industrial-financiero. Sus principales accionistas son La Caixa, BBVA, Citibank y Chase Manhattan Bank. Antes de 1999 tenía contratos en el Mar del Norte, Golfo de México, algún pozo en Texas y sobre todo en Africa del Norte. Con la compra de YPF se convirtió en una de las petroleras más grandes del mundo, porque YPF tenía cuencas muy productivas y además operaba en Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia.
-¿Cómo se posicionó Repsol en América latina durante los ’90?
–Repsol apareció amparada por un cuerpo diplomático de España, que presionó para que se privatizara YPF. En 1995 se aprobó una Ley de Hidrocarburos en Bolivia y Repsol empezó a tener nuevos contratos de concesiones petroleras. Ese año se capitalizó YPFB, la estatal boliviana, y se dividió en tres empresas. Una de ellas se la quedó un consorcio de empresas argentinas: YPF, Pluspetrol y Pérez Companc. Cuando en 1999 se privatizó YPF, Repsol se apoderó de los campos que tenía esa compañía en toda la región. Luego ese consorcio de empresas fue desbancado y quedó en manos de Repsol. Y luego Pérez Companc hizo un intercambio de activos: le cedió concesiones en la Patagonia y dejó el negocio boliviano. Allí, Repsol se quedó con Andina y Maxus (ambas filiales de Repsol en Bolivia), las que concentran cerca de la mitad de los yacimientos que habían sido explotados por el Estado boliviano.
-¿Qué impacto económico generó en la región?
–El impacto fue el que tuvieron todas las empresas que se han beneficiado de ganancias millonarias a través de –por ejemplo– las rebajas de las regalías. En Bolivia se pagaba un 50 por ciento de regalías, luego 18. En la Argentina se privatizaron áreas muy productivas, como las cuencas austral y neuquina. Y se las repartieron entre empresas que no pusieron ni un centavo en exploración; se dedicaron a extraer. Cuando se privatiza YPF se contrata una consultora norteamericana para que haga una valoración de las reservas. Rebaja en gran porcentaje la estimación que tenía YPF de sus reservas, para venderla mucho más barato. Cuando Repsol se queda con YPF, al año siguiente, las reservas aumentan sin abrir ningún pozo sino revalorando esas estimaciones. Sí hubo una inversión en infraestructura para exportación al construirse gasoductos. Lo mismo pasó en Bolivia: Repsol, Petrobras y otros conglomerados extranjeros (estadounidenses y británicos) construyeron solamente gasoductos de exportación y no desarrollaron el mercado interno ni tampoco realizaron esfuerzos exploratorios. En Bolivia no hay redes de gas en las ciudades, todo va por garrafa (GLP), y las petroleras lo venden a precios internacionales: 35 dólares el barril, cuando el costo en boca de pozo en Bolivia es un dólar por barril. Las empresas están ostentando una de las rentabilidades más grandes del mundo en Bolivia por el costo reducido de producción.
-¿Qué efectos hubo sobre el medio ambiente?
–En 1996 se elevó en Neuquén una denuncia a la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos en Washington por daños a la salud pública por contaminación del agua, y se obligó a Repsol a construir una planta potabilizadora y una red de agua potable a las comunidades afectadas, aunque los metales pesados todavía siguen allí. En 2001 una consultora alemana hizo un estudio de impacto ambiental a las comunidades Kaxipayiñ y Paynemil, por daños al medio ambiente, e inició una demanda civil a Repsol por 404 millones de dólares, que está en el Juzgado de Neuquén. En 1999 Oikos Red Ambiental realizó en Mendoza un juicio a Repsol argumentando que vulneraba la Constitución en el derecho al medio ambiente, en una reserva supuestamente protegida. En 2005 dicha demanda tuvo un fallo positivo, que impide a Repsol operar en esa reserva.
-¿Cuál es la situación en Loma de la Lata?
–De ese yacimiento hidrocarburífero proviene más de la mitad de la producción de petróleo y gas natural del país. Repsol obtuvo una prórroga por 10 años de la concesión, 17 años antes de su vencimiento, tarea que inició primero con el gobernador neuquino Jorge Sobisch y luego presionó mediante amenazas de desinversión al gobierno de De la Rúa. Repsol se comprometió a pagar por esa prórroga 300 millones de dólares: todo un regalo, pues los pozos de ese yacimiento sacan 600 millones de dólares por año.
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