Diana Auz (El Telégrafo, Ecuador) entrevista A Nacho Álvarez (Consejo Asesor De VIENTO SUR)
1. ¿Cuáles son los puntos más controvertidos de la reforma laboral? ¿Es verdad que facilita los despidos?
Son muchos los puntos de la ley que resultan controvertidos y que suscitan el rechazo generalizado de los trabajadores. Quizá el más conocido sea el abaratamiento de los costes de despido, pero no desde luego el único.
Con la nueva reforma laboral los costes por despido se reducen considerablemente (cualquier empresa con disminución de sus ingresos o ventas durante los últimos tres trimestres podrá despedir pagando 20 días, con un tope de un año de indemnización). Además, desaparecen los salarios de tramitación (los salarios que se cobran desde que se despide hasta que hay sentencia favorable). La reforma abre además la vía a que se pueda despedir a los trabajadores que falten al trabajo por enfermedad común (si en 2 meses se faltan 9 días por enfermedades cortas, el despido será “objetivo”).
Por otro lado, con esta nueva reforma los convenios colectivos firmados en las empresas estarán por encima de los convenios sectoriales, lo que supondrá una enorme merma en la capacidad de negociación de los asalariados. Además, las empresas podrán reducir unilateralmente el salario o aumentar la jornada laboral –tanto de forma individual como colectiva– en función de la competitividad y productividad de la empresa, y se pondrá fin a la “ultraactividad” de los convenios (es decir, el convenio firmado dejará de ser efectivo en caso de que no se negocie uno nuevo en los dos años siguientes a la finalización del último).
Del mismo modo, los Expedientes de Regulación de Empleo ya no precisan la autorización de la Dirección General de Trabajo (ni para despedir ni para reducir la jornada), y está previsto que los desempleados que cobren subsidios realicen “servicios voluntarios” para la Comunidad, en lugar de dedicarse a formarse o a buscar trabajo. Todos estos puntos generan un importante rechazo social a la reforma.
2. ¿Cuál es su lectura general sobre la reforma laboral? ¿A qué presiones obedece la aprobación de dicha reforma?
El objetivo inmediato de la reciente reforma del mercado de trabajo es facilitar en última instancia la reducción de los salarios reales y de los costes laborales. En la medida en que España pertenece a la zona Euro y no puede devaluar su moneda para ganar competitividad a corto plazo, la reforma laboral pretende forzar una “devaluación salarial” para propiciar dichas ganancias de competitividad.
Pero a medio plazo los objetivos de la reforma son más ambiciosos incluso. La reforma laboral aprobada por el gobierno del Partido Popular responde a una profunda convicción ideológica del nuevo gobierno y de los economistas ortodoxos agrupados en torno a FEDEA: la voluntad de acabar con las instituciones propias de nuestro mercado de trabajo (regulación de los procesos de contratación y despido, negociación colectiva, etc.) para liberalizarlo y asestar un golpe de gracia al movimiento sindical. Asistimos a una ofensiva similar a la que en los años ochenta libró el gobierno de Margaret Thatcher contra los sindicatos ingleses.
Además, la aprobación de esta reforma obedece también a fuertes presiones de diversos grupos sociales, atendidas por el gobierno de Mariano Rajoy. Por un lado, el capital financiero internacional presiona duramente a la economía española, exigiendo continuas medidas de corte neoliberal que garanticen el pago de la deuda contraída y la competitividad de la economía (recortes del gasto público, reducción del déficit fiscal, aumento en la edad de jubilación, reducción de los salarios, etc.). En este sentido, las presiones de la Unión Europea no hacen sino acompañar las ejercidas por los mercados financieros internacionales, siendo las instituciones de Bruselas instituciones al servicio de los intereses de dichos mercados.
A las presiones de los mercados financieros internacionales y de Bruselas se han unido también las propias presiones de la patronal española, consciente de que el nuevo gobierno legislaría a favor de sus intereses. Los grandes empresarios españoles están aprovechando la crisis para avanzar en el logro de reivindicaciones que habían defendido históricamente, y que están consiguiendo ahora gracias a un contexto de fuerte desempleo y miedo de la ciudadanía. La patronal ha conseguido con esta reforma, de un solo golpe, objetivos que había planteado durante décadas.
3. Quienes se oponen a la reforma laboral aseguran que la misma no ayudará a crear empleo, ¿qué opina de esto?
Que la reforma laboral no ayudará a crear empleo lo reconoce en este momento hasta el propio gobierno, así como los economistas que han diseñado la reforma. El gobierno se esfuerza en transmitir la idea de que esta reforma no está pensada para crear empleo en este momento, sino que su objetivo es comenzar a crearlo cuando la economía se recupere y se den las condiciones propicias para ello. Pero, como resulta evidente, ese argumento no hace sino deslizar la idea –correcta por otro lado– de que la creación de empleo no depende tanto del coste de éste, del grado de desregulación del mercado de trabajo o de las posibilidades de despedir fácilmente, sino de la existencia de demanda para las empresas.
Además, no es cierto que el mercado laboral español fuese un mercado caracterizado por su alto nivel de rigidez (por ejemplo, por las supuestas dificultades para despedir): desde hace años, casi el 30% de la fuerza de trabajo que trabaja en nuestro país lo hace con contratos temporales, cuyo coste de rescisión es nulo en la medida en que dicha rescisión se produce automáticamente al dejar de renovarse el contrato.
Hasta que no se recupere la demanda agregada y las empresas vuelvan a tener pedidos, no se empezara a crear de nuevo empleo. Sin embargo, las condiciones de la demanda agregada no sólo no van a mejorar con la reforma laboral, sino que incluso empeorarán: al posibilitarse la reducción salarial en las empresas, el descuelgue de los convenios colectivos y al facilitarse el despido, la gente retraerá aún más su consumo (dado que dispondrá de menos renta y la mayor incertidumbre laboral incrementará el ahorro preventivo).
La devaluación salarial que pretende impulsar la reforma va a deprimir aún más la actividad económica, pero además ni siquiera está claro que vaya a ayudar a mejorar la competitividad de la economía española, dado que todos los países europeos están aplicando las mismas medidas de devaluación salarial simultáneamente. Es una situación análoga a las devaluaciones competitivas de la década de 1930: cuando todos los países tratan de ganar cuota de mercado y mejorar sus exportaciones aplicando devaluaciones competitivas (ya sea devaluando su moneda, como entonces, o devaluando los salarios, como ahora) el resultado es un empobrecimiento generalizado y una profundización de la crisis, sin que ningún país pueda experimentar mejoría significativa.
4. ¿Considera que es necesaria la huelga general convocada por los sindicatos? ¿Cree que ayudará a que el gobierno dé marcha atrás?
La huelga general convocada por los sindicatos no sólo es legítima, sino que es necesaria. Esta huelga puede servir para frenar una reforma laboral que no sólo es ineficiente desde el punto de vista económico (dado que no creará más empleo), sino que además es profundamente injusta (pues hace recaer las medidas de ajuste sobre las espaldas de quienes ya han sufrido numerosos recortes sociales y salariales, y no sobre las de aquellos grupos sociales y financieros que provocaron la crisis). Aunque parece difícil e improbable que el gobierno dé marcha atrás en la reforma, la convocatoria de la huelga puede ayudar a construir un escudo social, un dique, que frene la enorme ofensiva contra los derechos sociales y laborales de la mayoría de la población española. En la construcción de todo muro siempre hay que empezar por los primeros ladrillos, y uno de ellos bien puede ser esta huelga general. De su éxito dependerán las posibilidades futuras de parar los recortes sociales, salariales y laborales.
No obstante, para que la huelga resulte exitosa, los sindicatos deben situar correctamente su lugar en una estrategia de mayor calado: esta huelga no puede ser concebida por el mundo del trabajo como un “punto de llegada”, sino como un punto de apoyo para construir una movilización de largo alcance, que se mantenga en el tiempo, con el objetivo de frenar las políticas de recortes sociales y salariales.
Las principales organizaciones sindicales de nuestro país –CC OO y UGT– han mantenido una orientación errática desde que comenzó la crisis, con importantes errores estratégicos que han dificultado levantar un movimiento general contra los recortes salariales y sociales, que han contribuido a desorientar a los trabajadores y que han socavado la propia credibilidad de dichas organizaciones. Haber firmado una reforma de las pensiones que conllevaba un importante retraso en la edad de jubilación, o aceptar un acuerdo con la patronal basado en la pérdida de capacidad adquisitiva, son un buen ejemplo de estos errores. Los dirigentes sindicales consideran que con este tipo de acuerdos se “cargan de razones” frente al gobierno, pero la mayoría de trabajadores sin embargo no lo entiende así y considera que estas direcciones no defienden correctamente sus intereses, lo que ha generado una preocupante desafección. En cualquier caso, la convocatoria de huelga general abre la vía para frenar medidas como la reforma laboral y el conjunto de los recortes sociales impuestos, y tiene por tanto un indudable carácter positivo que debe de apoyarse.
5. ¿Existen otras alternativas para atajar el problema del desempleo y avanzar en la creación de puestos de trabajo?
Una de las características de esta crisis en el terreno político y social es que los gobernantes, las organizaciones empresariales, los inversores financieros y sus representantes, los medios de comunicación, etc., han empujado a la mayoría de la sociedad a pensar que no hay alternativas posibles a las medidas de recortes. Sin embargo, sí las hay. Existen otras alternativas que van precisamente en la dirección de garantizar una salida de la crisis en beneficio de la mayoría social, y la razón por la cual no se aplican no es técnica sino política.
Algunas de las medidas alternativas que se podrían desarrollar para hacer salir al país de la crisis son las siguientes. El punto de partida debería ser la retirada de esta reforma laboral, así como de otras reformas recientemente aprobadas (reforma de las pensiones y reforma de la Constitución para institucionalizar y priorizar el pago de la deuda).
A partir de ahí, no sólo habría que terminar con la obsesión por reducir el déficit público, sino que sería necesario impulsar el gasto público en la medida en que éste constituye el único motor que puede dinamizar la actividad económica en este momento. Este gasto debería dirigirse de forma prioritaria a cerrar la brecha del gasto social español respecto al de la media de la UE-15 (España sigue 10 puntos porcentuales por debajo de dicho gasto), impulsándose con ello los servicios sociales, la creación de puestos de trabajo de calidad y el mantenimiento de un cierto grado de cohesión social. Pero además, este incremento del gasto no debe financiarse con la emisión de más deuda pública. En España resulta necesaria una reforma fiscal claramente progresiva, que incremente notablemente la presión fiscal sobre las rentas más altas y sobre las rentas de las grandes empresas, que restituya los impuestos de patrimonio, de sucesiones y donaciones, y que combata el enorme fraude fiscal existente (concentrado en los tramos altos de renta).
La reforma del sistema financiero –pieza clave para recomponer los canales de crédito– debe articularse en torno a la construcción de una banca pública, a partir de la progresiva toma de posición del sector público en el capital accionarial de aquellas entidades intervenidas o que hayan recibido ayudas del estado. Debería legislarse la dación en pago y los activos inmobiliarios en manos de la banca deberían constituir la base para una política de alquiler social a precios asequibles.
Además, se debe abordar de forma prioritaria el mayor problema que tiene nuestra economía, que es el enorme desempleo. Deberían prohibirse los despidos en las empresas que tengan beneficios, y una reducción de la jornada laboral sin reducción salarial facilitaría el reparto del trabajo y contribuiría a invertir la tendencia regresiva que ha caracterizado el patrón de distribución de la renta en la economía española durante las últimas dos décadas.
Finalmente, y para acabar con el chantaje de los mercados financieros sobre nuestra economía, es importante impulsar una auditoría de la deuda (el antecedente de Ecuador en este sentido es muy interesante) que permita aclarar el grado de legitimidad de la deuda contraída, así como avanzar hacia posibles quitas. Del mismo modo, restaurar controles de capitales permitiría reducir los instrumentos con los que los mercados financieros chantajean a nuestra economía.
Recordemos que la economía islandesa ha aplicado tres tipos de medidas notablemente heterodoxas, gracias a las cuales está consiguiendo salir de la crisis antes que otras economías europeas: impago de la deuda contraída con los acreedores externos, nacionalización de los bancos privados y control de capitales.
Estas medidas no sólo son perfectamente posibles técnicamente, sino que son indispensables socialmente si queremos mantener los avances sociales y democráticos conquistados por las generaciones previas.
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Tomado de Viento Sur
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