Las agencias de calificación son los perros guardianes de los bancos

Michael Hudson, CounterPunch

En la inminente confrontación de hoy las agencias de calificación crediticias desempeñan el papel político de los “matones” guardianes del crédito, para aplicar presión a Islandia, Grecia e incluso Estados Unidos para que sigan políticas favorables a los acreedores que conducen inevitablemente a las crisis financieras. Estas crisis obligan a los gobiernos deudores a vender sus activos en condiciones de suma necesidad. Al realizar este servicio de perros guardianes de los banqueros del mundo, las agencias de calificación crediticia escalan en una estrategia política que ha sido refinada durante una generación, en la corrupción política local de Estados Unidos.

¿Por qué las agencias de calificación favorecen las privatizaciones en lugar de una política tributaria sana? El caso Kucinich:

En 1936, como parte de la reforma del New Deal de los mercados financieros de Estados Unidos, los reguladores prohibieron que los bancos y administradoras de fondos institucionales compraran acciones consideradas “especulativas” por los “manuales de calificación reconocidos”. Las compañías de seguros, los fondos de pensiones y los fondos de inversión sometidos a la regulación pública están obligados a “tomar en cuenta” la opinión de las agencias calificadoras de riesgo, que los suministran con un monopolio sancionado por el gobierno. Esas agencias ganan su dinero ofreciendo sus “puntos de vista” (de las cuales nunca han sido legalmente responsables) en cuanto a las perspectivas de pago de diferentes grados de seguridad, desde AAA (como deuda gubernamental segura, la máxima calificación porque los gobiernos siempre pueden imprimir dinero para pagar) pasando por varios niveles hasta los "bonos basura" que son impagables.

Moody’s, Standard and Poor y Fitch se concentran sobre todo en acciones y en emisiones de bonos corporativos, estatales y locales. Ganan dinero dos veces con la misma transacción cuando ciudades y Estados equilibran sus presupuestos separándose de empresas públicas hacia nuevas entidades corporativas que emiten nuevos bonos y acciones. Este incentivo empresarial provoca antipatía en las agencias de calificación hacia gobiernos que se financian sobre una base de pagos sobre la marcha (como apoyaba por Adam Smith) aumentando impuestos sobre bienes raíces y otras propiedades, impuestos a la renta o a las ventas en lugar de pedir prestado para cubrir sus gastos. El efecto de este prejuicio inherente es no dar una opinión sobre lo que es mejor económicamente para una localidad, sino más bien qué produce más beneficios para ellas mismas.

Se presiona a las localidades cuando el aumento de sus niveles de deuda conduce a una austeridad económica. Los bancos, reducen sus líneas de crédito e instan a ciudades y Estados a pagar sus deudas privatizando sus empresas públicas más viables. La oferta de opiniones sobre esta práctica se ha convertido en un gran negocio para las agencias calificadoras. Por lo tanto es comprensible que su modelo de negocios se oponga a políticas –y a candidatos políticos– que apoyan la idea de basar las finanzas públicas en impuestos en lugar de préstamos. Este interés propio distorsiona sus “opiniones”.

Si esto parece una explicación demasiado cínica para los puntos de vista basados en los propios intereses de las actuales agencias calificadoras, existen suficientes ejemplos que datan de hace treinta años para ilustrar su conducta poco ética. El primer caso y el más tristemente célebre ocurrió en Cleveland, Ohio, después que Dennis Kucinich fue elegido alcalde en 1977. Las agencias calificadores habían estado dando buenas notas a la ciudad a pesar de que había estado utilizando fondos de bonos inapropiadamente para propósitos de operaciones generales a fin de cubrir sus déficit presupuestarios mediante préstamos, dejando a Cleveland con deudas de 14,5 millones de dólares con los bancos debido a líneas de crédito abiertas a corto plazo.

Cleveland tenía una compañía potencialmente muy rentable, Municipal Light, que su alcalde de la Era Progresista, Tom Johnson, creó en 1907 como una de las primeras empresas de servicios públicos de electricidad de propiedad pública. Suministraba electricidad para iluminar las calles de Cleveland y otros usos públicos, así como para suministrar energía a usuarios privados. Mientras tanto, los bancos y sus principales clientes locales habían invertido fuertemente en el competidor de propiedad privada de Muni Light, Cleveland Electric Illuminating Company. Miembros del Cleveland Trust estaban en el consejo de CEI y tenían mucha influencia en el consejo municipal para tratar de adquirirla. En una serie de acciones que funcionarios de la ciudad, el Senado de EE.UU. y las agencias reguladores consideraron inapropiadas (el uso común diría criminales), CEI causó una serie de interrupciones del servicio y trabajó con los bancos y las agencias calificadoras para tratar de obligar a la ciudad a venderle la empresa de servicio público. Los bancos por su parte tenían el ojo puesto en el financiamiento de una privatización –y esperaban poder presionar a la ciudad a fin de que vendiera, amenazando con invalidar sus líneas de crédito si no entregaba Muni Light.

El señor Kucinich se presentó como candidato a alcalde para bloquear esa privatización. Para liberar de la presión financiera por sus intereses creados –sobre todo de bancos y servicios públicos privados– trató de colocar las finanzas de la ciudad sobre una base sana mediante el aumento de los impuestos. Esto amenazó con desacelerar los pedidos de préstamos a los bancos (reduciendo así también el negocio de las agencias de calificación), mientras liberaba a Cleveland de las presiones que habían aparecido en todo EE.UU. para que las ciudades vendieran sus empresas públicas, especialmente desde los años ochenta, cuando los políticos que reducían los impuestos las dejaron con más deudas.

Los bancos y agencias calificadoras dijeron al alcalde Kucinich que apoyarían su carrera política e incluso insinuaron que financiarían una candidatura a gobernador si colaboraba con ellos y aceptaba la venta de la empresa eléctrica. Cuando se negó rotundamente, los bancos dijeron que no podrían renovar sus líneas de crédito a una ciudad tan renuente a equilibrar sus cuentas privatizando sus empresas más lucrativas. Esta amenaza fue como si una compañía de tarjetas de crédito exigiera repentinamente que un cliente pague el monto total de su deuda, diciendo que si no le pagaba, llegaría el alguacil y embargaría las propiedades para venderlas (algo usual cuando se trataba de crédito extendido a los clientes de los banqueros).

Las agencias calificadoras intervinieron y amenazaron con rebajar la calificación crediticia de Cleveland si la ciudad no privatizaba su empresa. La táctica financiera era ofrecer la zanahoria de corromper políticamente al alcalde, mientras se usaba la amenaza de forzar a la ciudad a la crisis financiera y de aumentar sus tipos de interés. Si la economía no pagaba precios más elevados al servicio público como resultado de la privatización, tendría que pagar más intereses.

Pero, por principio, el alcalde se negó a vender la empresa y los votantes prefirieron mantener Muni Light pública por un margen de 2 a 1 en un referendo. Procedieron a pagar la deuda de la ciudad aumentando su tasa de impuesto sobre la renta a fin de evitar el pago de precios más altos por la electricidad privatizada. Su decisión estaba totalmente en línea con el Libro V de la Riqueza de las Naciones de Adam Smith que provee una perspectiva de cómo la toma de préstamos termina en una proliferación de impuestos para pagar los intereses. Esto hace que el sector privado pague precios más elevados por sus necesidades básicas que hace un siglo el alcalde Tom Johnson de Cleveland y otros dirigentes de la Era Progresista trataron de socializar para reducir el coste de la vida y de hacer negocios en EE.UU.

La alianza de los banqueros con el posible monopolio de la energía de los ricos de Cleveland llevó a que fuera la primera ciudad de EE.UU. que declaró el default desde la Gran Depresión ya que el Estado de Ohio la obligó a la bancarrota fiscal en 1979. Los bancos utilizaron la crisis para obtener un beneficio fácil al comprar títulos de deuda a corto plazo vendidos bajo condiciones de emergencia exacerbadas por las agencias calificadoras. Los bancos ayudaron a financiar al oponente del alcalde Kucinich en la elección de 1979.

Pero al salvar a Muni Light había ahorrado a los votantes cientos de millones de dólares que los privatizadores habrían incluido en sus tarifas eléctricas para cubrir mayores tasas de interés y honorarios financieros, dividendos a los accionistas y exorbitantes salarios y opciones en acciones. Finalmente los votantes llegaron a reconocer el logro de Kucinich y lo han enviado al Congreso desde 1997. En cuanto al rival en propiedad privada de Muni Light, Cleveland Electric Illuminating Company, se hizo famosa por ser primordialmente responsable del apagón eléctrico en el noreste de EE.UU. en 2003 que dejó a 50 millones de personas sin electricidad.

La moral es que el criterio de las agencias calificadoras fue simplemente lo que era mejor para los bancos, no para la economía deudora que emitía los bonos. Se mostraron ansiosas de retocar las calificaciones crediticias de Cleveland haciendo algo dañino –primero, pidiendo prestado a los bancos en lugar de cubrir su presupuesto aumentando impuestos a los bienes raíces y a la renta; y segundo, aumentando el coste de hacer negocios al vender Muni Light. Amenazaron con reclasificar la ciudad a una posición inferior por haber protegido su interés económico y haber intentado mantener bajo el coste de la vida y de la realización de negocios.

Las tácticas de los bancos y de las agencias de calificación crediticia han tenido éxito con más facilidad en ciudades y Estados que han caído profundamente en la dependencia de las deudas. El objetivo es repartirse los activos nacionales, haciendo en Washington lo que trataron de hacer en Cleveland y otras ciudades durante la última generación. Una presión similar ejercen en el ámbito internacional sobre Grecia y otros países. Las agencias calificadoras actúan como “matones” políticos para quebrantar economías que se niegan a vender sus bienes al sector privado para solucionar problemas de deuda reconocidos por los mercados antes de que las agencias calificadoras reconozcan el mal modo financiero que apoyan por sus propios intereses empresariales.

¿Por qué las agencias de calificación se oponen a los controles públicos contra el fraude financiero?

El peligro planteado por las agencias calificadoras al presionar a la economía global a una carrera hacia la deuda y la privatización se hizo aún más flagrante recientemente en su impulso para dar más carta blanca a la conducta financiera abusiva de bancos y aseguradores. El ex miembro del personal del Congreso de Estados Unidos, Matt Stoller, cita un ejemplo proporcionado por Josh Rosner y Gretchen Morgenson en Reckless Endangerment (Imprudencia temeraria) sobre su apoyo a los derechos de acreedores a involucrarse en préstamos depredadores y fraude total. El 12 de enero de 2003, el Estado de Georgia aprobó fuertes leyes contra el fraude hechas por defensores de los consumidores. Cuatro días después, Standard & Poor anunció que si Georgia aprobaba castigos antifraude para corredores y prestamistas hipotecarios, los paquetes que incluyan ese tipo de deudas no podrían recibir calificaciones AAA.

“Debido a la nueva Ley de Préstamos Justos del Estado, S&P dijo que ya no permitirá que los préstamos hipotecarios originados en Georgia se coloquen en los valores hipotecarios que califica. Moody’s y Fitch pronto emitieron advertencias similares.

“Fue un golpe crítico. La acción de S&P significó que los prestamistas en Georgia ya no tendrían acceso a la máquina de titulización monetaria; tendrían que mantener los préstamos que otorgaban en sus propios libros, o venderlos uno a uno a otras instituciones. Por su parte, aclararon al público que habría menos financiamiento para hipotecas, destruyendo ‘el sueño’ de la propiedad de la vivienda.”

El mensaje fue no solo que los préstamos bancarios libres de la amenaza legal contra conducta deshonesta fueran considerados legalmente libres de riesgo para compradores de valores respaldados por hipotecas depredadoras o fraudulentas. El riesgo en cuestión era que agencias estatales reducirían o incluso anularían pagos extorsionados por corredores inmobiliarios, tasadores y banqueros corruptos. Rosner y Morgenson lo resumen como sigue:

“Standard & Poor dijo que actuaba porque la nueva ley creaba obligaciones a cualquier institución que participara en una titulización que contuviera un préstamo que pudiera considerarse depredador. Si una firma de Wall Street comprara préstamos que violaran la ley y los colocara en un pool de hipotecas, la firma sería responsable según la ley. Lo mismo vale para inversionistas que adquirieran participación en los pools.

‘Las partes en transacciones en titulizaciones, incluidos depositantes, emisores y servidores, podrían estar todos sujetos a penalización por trasgresiones según la Ley de Préstamo Justo de Georgia’, explicó el comunicado de prensa de S&P.”

La lógica de las agencias calificadoras es que los dueños de bonos no podrán cobrar si las entidades públicas encausan el fraude financiero involucrado en el empaquetamiento de paquetes hipotecarios y bonos engañosos. Es un principio legal básico que receptores u otros compradores de propiedad robada deben perder el derecho a ella, y el activo debe devolverse a la víctima. Por lo tanto el encausamiento del fraude es una amenaza para el comprador –como un coleccionista de arte que compró un cuadro robado debe devolverlo, no importa cuánto haya pagado al perista o al comerciante intermediario-. Las agencias calificadoras no quieren que este principio se siga en los mercados financieros.

Hemos terminado en un buen embrollo si las agencias calificadoras adoptan la posición de que las hipotecas empaquetadas solo pueden recibir calificaciones AAA de Estados que no protegen a los consumidores y deudores contra el fraude hipotecario y las finanzas depredadoras. La lógica es que al dar a los tribunales el derecho de encausar el fraude amenaza la viabilidad de las demandas de un acreedor y se apoya una carrera hacia el fondo. Si la honestidad y el crédito viable fueran el objetivo de las agencias calificadoras, darían calificaciones AAA solo a Estados cuyos tribunales disuadan a los prestamistas de involucrarse en el tipo de fraude que ha terminado por destruir el exceso de la hipoteca titulizada desde septiembre de 2008. Pero las agencias calificadoras no están a cargo de la protección de los intereses de los ahorristas o de los clientes de los bancos –y de ahí también la viabilidad de paquetes de hipotecas titulizadas.

Al disfrazarse de asesores y organizaciones de investigación objetivos, las agencias calificadoras actúan como lobbistas de bancos y aseguradores al apoyar una carrera hacia el fondo –hacia la deuda, ventas de privatización y la erosión de los derechos del consumidor y del control sobre el fraude-. “S&P estaba destruyendo agresivamente la regulación del servicio de las hipotecas y las reglas para impedir los préstamos fraudulentos o depredadores,” concluye Stoller. “Naomi Klein escribió sobre el uso de S&P y Moody’s por parte de banqueros canadienses a principios de los años noventa para amenazar con una rebaja de la calificación de ese país a menos que se redujera el seguro de desempleo y la atención sanitaria”.

El dilema básico es que todo lo que interfiera con el poder acreedor arbitrario para ganar dinero mediante trucos, explotación y fraude total amenaza el cobro de deudas. Los bancos y las agencias calificadoras han esgrimido este poder con tal intransigencia que han corrompido el sistema financiero hacia los préstamos hipotecarios basura, bonos basura para financiar a filibusteros corporativos, y juegos computarizados de “capitalismo de casino”. ¿Cuál es entonces la lógica de dar a esas agencias un monopolio público para imponer sus “opiniones” por cuenta de sus clientes pagadores, discriminando las políticas a las que se opone el sector financiero –dictámenes que los inversionistas institucionales están legamente obligados a obedecer-?

Las amenazas a la rebaja a la deuda de Estados Unidos y otras economías nacionales para imponer políticas favorables al poder financiero

En el momento en el que las demandas de pago resultan autodestructivas, los acreedores pasan a su posición de repliegue. El Plan B es embargar, tomar posesión de la propiedad de los deudores. En el caso de deuda pública, se dice a los gobiernos que privaticen el dominio público, y los bancos crean el crédito para que sus clientes compren esos activos, normalmente bajo condiciones de liquidación total que dejan espacio para plusvalías y otras ventajas financieras. En casos en los que el embargo y las liquidaciones forzadas no logran compensar enteramente a los acreedores (como cuando la economía se desmorona), el Plan C es que los gobiernos simplemente rescaten a los bancos, llevando malas deudas de los bancos y otras obligaciones a las cuentas públicas para que los contribuyentes las compensen.

La amenaza de Standard and Poor de rebajar los bonos del Tesoro de EE.UU. de AAA a AA+ exacerbaría el problema si realmente desalentara a los compradores de adquirir esos bonos. Pero el lunes 8 de agosto, después de su rebaja del viernes por la tarde, los tipos deudores cayeron, y los bonos del Tesoro a corto plazo estuvieron realmente en territorio negativo. Eso significó que los inversionistas tuvieron que perder un pequeño margen simplemente para mantener seguro su dinero. Por lo tanto las opiniones de S&P son tan ineficaces como guía útil para los mercados como lo son como guía para promover una buena política económica.

Pero la intención de S&P no era realmente afectar la negociabilidad de bonos del Tesoro. Fue una triquiñuela política para promover la idea de que la solución al actual déficit presupuestario es buscar la austeridad económica. El mensaje es que el presidente Obama debería reducir los derechos a Seguridad Social y Medicare para liberar más dinero para más subsidios, rescates y recortes tributarios para la punta de la cada vez más empinada pirámide de la riqueza. El profesor neoliberal de economía de Harvard Robert Barro lo explicó claramente en un artículo de opinión en el Wall Street Journal. Calificando la rebaja de “llamada de atención” para encarar el déficit presupuestario, describió la solución preferida por el sector financiero: una encarnizada guerra de clases contra los trabajadores para reducir los niveles de vida y polarizar aún más la economía de EE.UU. entre acreedores y deudores transfiriendo los impuestos de la especulación financiera e inmobiliaria a empleados y consumidores.

“Primero, hacer reformas estructural de los principales programas de garantía de acceso a prestaciones, comenzando por aumentos en las edades de elegibilidad y un cambio a una fórmula de indexación económicamente apropiada. Segundo, bajar la estructura de tipos impositivos marginales en el impuesto individual a la renta. Tercero, en el espíritu de la reforma tributaria de Reagan en 1986, pagar por las rebajas tributarias, eliminando gradualmente los principales ítems de gastos de impuestos, incluidas las preferencias para intereses de hipotecas de casas, impuestos estatales y locales a la renta y beneficios adicionales para empleados –por no mencionar la eliminación de los subsidios al etanol. Cuarto, eliminar permanentemente los impuestos corporativos y de propiedad, gravámenes que son ineficientes y producen poco dinero. Quinto, introducir un impuesto a los gastos de amplia base, como un impuesto al valor agregado (IVA), con una tasa de cerca de un 10%.”

El lobista bancario Anderson Aslund del Instituto Peterson de Finanzas Internacional cogió el tren en marcha aplaudiendo el desastre económico de Letonia (una caída de un 20% en el PIB, una reducción de un 30% en los salarios del sector público y una aceleración de la emigración) como una historia de éxito que debería, seguir otros países europeos. Como dicen “es algo que uno no puede inventar”-

Como principal propugnador y beneficiario en última instancia de la privatización, el sector financiero instruye a las economías deudoras para que vendan su propiedad pública y reduzcan los servicios sociales –mientras aumentan los impuestos a los empleados.- Las poblaciones que viven en economías semejantes las llaman infernales y tratan de emigrar para encontrar trabajo o simplemente para huir de sus deudas. ¿Qué otra cosa se podría decir del aumento de la pobreza, de las tasas de mortandad y del alcoholismo mientras unos pocos se enriquecen? Las agencias calificadoras actuales son como el FMI en los años setenta y ochenta. A los países que no aceptan la venta de su dominio público (y que se autorice la deducción impositiva a los pagos de intereses de compradores a crédito, la exención al impuesto a la renta a las multinacionales sobre sus ingresos de los monopolios que son privatizados), se les trata como proscritos y se los aisla al estilo de Cuba o Irán.

Semejantes planes de austeridad constituyen un modelo económico fracasado, pero el sector financiero ha logrado sacar ventaja incluso cuando se desarticulan las economías. Su “Plan B” es el embargo, que se extiende a escala nacional. Al llegar los años ochenta, las economías planificadas por los acreedores en países deudores del Tercer Mundo habían llegado al límite de su poder de crédito. Bajo coordinación del Banco Mundial, se estableció un vasto mercado de gastos en la infraestructura nacional para la deuda, bonos y exportaciones de la nación acreedora. Los proyectos financiados con crédito tenían sobre todo el fin de facilitar exportaciones y suministrar energía eléctrica a inversiones extranjeras. Después de que México anunció su insolvencia en 1982, cuando ya no pudo permitirse el servicio de la deuda en moneda extranjera, ¿adónde se iban a volver los acreedores?

Su solución fue utilizar la crisis de la deuda como palanca para comenzar a financiar de nuevo esos mismos proyectos de infraestructura, cuando la mayoría se habían pagado en gran parte. Esta vez, lo que se estaba financiando no era nueva construcción, sino compras por el sector privado de propiedades que había sido financiada por el Banco Mundial y sus consorcios aliados de banqueros internacionales. Se habla de que el gobierno de EE.UU. venda sus parques nacionales y otros bienes raíces, carreteras e infraestructura nacionales, tal vez la reserva petrolera, el servicio postal, etc.

La “opinión” de S&P fue tratada con suficiente seriedad por John Kerry, el candidato presidencial demócrata de 2004, como una advertencia de que EE.UU. debería “poner orden en su casa”. A pesar de que en la página 4 de su explicación de 8 páginas sobre por qué rebajó los bonos del Tesoro, S&P declaró: “Hemos cambiado nuestra suposición al respecto porque la mayoría de los republicanos del Congreso se sigue resistiendo a toda medida que aumente ingresos, una posición que creemos que el Congreso reforzó al aprobar la ley”, el demócrata Kerry fue uno de tres senadores nombrados a la comisión según el acuerdo del techo de la deuda. Intervino para apoyar la acción de S&P como un positivo codazo para que el país encare su programa de “derechos a prestaciones” –como si la Seguridad Social y la retención de FICA [Ley de contribución al seguro federal, N. del T.]- fueran una especie de ayuda social, no ahorros reales aportados por los trabajadores, para que sean aniquilados mientras el gobierno vacía sus bolsillos a fin de rescatar a los grandes apostadores de Wall Street.

Una publicación financiera que no es nada menos que el Wall Street Journal ha llegado a la conclusión de que “en un mundo perfecto, S&P no existiría. Y tampoco existirían sus rivales Moody's Investors Service y Fitch Ratings Ltd. Por lo menos no en sus actuales roles de jueces y jurados globales de bonos corporativos y gubernamentales.” Como escribió de modo bastante elocuente su editor financiero Franceso Guerrera después de la atrevida amenaza de S&P de rebajar la calificación crediticia del Tesoro de EE.UU.: “La decisión histórica tomada por S&P el 5 de agosto es la culminación de 75 años de errores políticos que terminaron por delegar una función reguladora clave a tres entidades con fines de lucro”.

La conducta de importantes bancos y agencias calificadoras en Cleveland y otros casos similares –de prometer dar buenas calificaciones a Estados, condados y ciudades que aceptan pagar deudas bancarioa a corto plazo vendiendo sus joyas de la corona– no es ostensiblemente criminal según la ley (excepto cuando sus sicarios tienen éxito realmente en los asesinatos). Pero las agencias calificadoras han hecho un pacto con delincuentes para apoyar solo a prestatarios públicos dispuestos a aceptar semejantes políticas y no encausar al fraude financiero.

Consentir una conducta financiera tan económicamente destructiva es lo contrario de la responsabilidad fiscal. La reducción de los impuestos federales y de los pagos de la Seguridad Social para obtener una “opinión” más positiva de S&P otorgaría a los bancos la capacidad de cancelar proyectos e imponer la privatización y planes de austeridad contrarios a los trabajadores al negarse a extender el plazo de la deuda de EE.UU. –y reducir impuestos al estilo del Tea Party en lugar de financiar los gastos mediante la tributación basada en el sistema de reparto.

El actual descalabro del euro proporciona una lección objetiva de por qué la formulación de politicas nunca debe dejarse en manos de los bancos centrales, porque su mentalidad siempre favorece a los acreedores. De otra manera no tendrían la confianza política que exige el sector financiero que ha capturado al banco central, el Tesoro y las agencias reguladoras para conseguir poder de veto sobre quién es nombrado. Teniendo en cuenta su preferencia por la deflación por la deuda de la economía “real” –mientras tratan de inflar los precios de los activos al promover el producto de los bancos (creación de deuda)- las soluciones del banco central y el Tesoro tienden a agravar las recesiones económicas. Esto es altamente autodestructivo porque el principal problema que bloquea la recuperación actual es el sobre-endeudamiento.