Aunque su colapso ha dominado la reciente cobertura de noticias por parte de los medios de comunicación, el sector financiero no es el único segmento de la economía estadounidense que atraviesa graves dificultades. Las instituciones que gobiernan el mercado de trabajo también han fracasado, generando la insólita e insana situación actual, en la que la remuneración horaria de los trabajadores norteamericanos se ha estancado, a pesar del incremento de su productividad.
En efecto: entre 2000 y 2007, el ingreso del hogar mediano en edad laboral cayó en 2.000 dólares, un desplome sin precedentes. En ese tiempo, prácticamente todo el crecimiento económico de la nación fue a parar a un reducido número de norteamericanos ricos. Una de las razones de peso que explican este paso que va de una prosperidad ampliamente compartida a una creciente desigualdad es la erosión de la capacidad de los trabajadores para organizarse sindicalmente y negociar colectivamente.
Una respuesta natural de los trabajadores incapaces de mejorar su situación económica es organizarse sindicalmente para negociar una participación más equitativa en los resultados de la economía, y ese deseo queda bien reflejado en encuestas recientes. Millones de trabajadores norteamericanos –más de la mitad de los que no tienen cargos ejecutivos— han dicho que desean la presencia de sindicatos en su puesto de trabajo. Sin embargo, sólo el 7,5% de los trabajadores del sector privado están ahora mismo representados por una organización sindical. Y en todo 2007, menos de 60.000 trabajadores lograron una posición sindical mediante elecciones sancionadas por el gobierno. ¿Qué es lo que explica tamaño hiato?
El problema es que el proceso electoral supervisado por el Comité Nacional de Relaciones Laborales ha degenerado y se ha vuelto hostil, con feroces campañas de la patronal para prevenir la sindicalización, a veces hasta el punto de incurrir en flagrante violación de la legislación laboral. Los simpatizantes de los sindicatos son rutinariamente amenazados y aun despedidos, y tienen pocos recursos efectivos para defenderse legalmente. Y aun cuando los trabajadores logren superar esa presión y votar por la presencia sindical en sus puestos de trabajo, dada la resistencia de la patronal, una de cada tres veces son incapaces de lograr contratos.
Para remediar esa situación, el Congreso está reflexionando sobre la oportunidad de la Ley de Libertad de Elección de los Empleados (EFCA, por sus siglas en inglés). Esa ley cumpliría tres propósitos: en primer lugar, daría a los trabajadores o la oportunidad de usar un mecanismo de firmas mayoritarias –instituyendo un procedimiento sencillo para que los trabajadores pudieran indicar, con sólo estampar una firma, su apoyo a la presencia sindical en el puesto de trabajo—, o la puesta en marcha de unas elecciones supervisadas por el Comité Nacional de Relaciones Laborales; en segundo lugar, triplicaría el castigo para los empresarios que despiden a sindicalistas o violan otras leyes laborales; y en tercer lugar, crearía un proceso capaz de garantizar que se dé a los empleados recién sindicalizados una oportunidad justa para obtener un primer contrato, pudiendo acudir a un arbitraje tras 120 días de negociaciones infructuosas.
La EFCA reflejará mejor los deseos de los trabajadores que la actual “guerra en torno a la representación”. La Ley rebajará también los niveles de acrimonia y desconfianza que acompañan ahora a menudo las elecciones sindicales bajo el presente sistema.
Una marea creciente sólo levanta todos los botes cuando el trabajo y la patronal negocian en condiciones de relativa igualdad. En las últimas décadas, el grueso del poder negociador ha estado del lado de la patronal. La actual recesión seguirá debilitando la capacidad de los trabajadores para negociar individualmente. Más que nunca, los trabajadores necesitan actuar colectivamente.
La EFCA no es una panacea, pero restauraría cierto equilibrio en nuestros mercados laborales. Como economistas, creemos que es de vital importancia avanzar en la reconstrucción de nuestra vida económica y robustecer nuestra democracia fortaleciendo la voz del pueblo trabajador en el puesto de trabajo.
Firman esta declaración: Henry J. Aaron, Brookings Institution; Katharine Abraham, University of Maryland; Philippe Aghion, Massachusetts Institute of Technology; Eileen Appelbaum, Rutgers University; Kenneth Arrow, Stanford University; Dean Baker, Center for Economic and Policy Research; Jagdish Bhagwati, Columbia University; Rebecca Blank, Brookings Institution; Joseph Blasi, Rutgers University; Alan S. Blinder, Princeton University; William A. Darity, Duke University; Brad DeLong, University of California/Berkeley; John DiNardo, University of Michigan; Henry Farber, Princeton University; Robert H. Frank, Cornell University; Richard Freeman, Harvard University; James K. Galbraith, University of Texas; Robert J. Gordon, Northwestern University; Heidi Hartmann, Institute for Women’s Policy Research; Lawrence Katz, Harvard University; Robert Lawrence, Harvard University; David Lee, Princeton University; Frank Levy, Massachusetts Institute of Technology; Lisa Lynch, Brandeis University; Ray Marshall, University of Texas; Lawrence Mishel, Economic Policy Institute; Robert Pollin, University of Massachusetts; William Rodgers, Rutgers University; Dani Rodrik, Harvard University; Jeffrey D. Sachs, Columbia University; Robert M. Solow, Massachusetts Institute of Technology; William Spriggs, Howard University; Joseph E. Stiglitz, Columbia University; Peter Temin, Massachusetts Institute of Technology; Mark Thoma, University of Oregon; Lester C. Thurow, Massachusetts Institute of Technology; Laura Tyson, University of California/Berkeley; Paula B. Voos, Rutgers University; David Weil, Boston University; Edward Wolff, New York University.
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