jueves, 4 de octubre de 2018

A una década de la estafa financiera más grande de la historia

Andre Damon, wsws

Hace diez años, el Congreso estadounidense y el Gobierno de Bush inició el mayor rescate bancario en la historia de la humanidad.
Con la aprobación de la Ley de Estabilización Económica de Emergencia de 2008, la cual creó el Programa de Rescate de Activos en Problemas (TARP, por sus siglas en inglés), se le autorizó al Tesoro de Estados Unidos gastar unos $700 mil millones para comprar “activos en problemas” de los principales bancos de Wall Street. Este iba a ser meramente un pago inicial de un programa mayor, con el apoyo pleno del Gobierno y la supervisión en gran parte de la Administración de Obama, alcanzando los 4 billones de dólares.

La aprobación del TARP fue la primera respuesta de la clase gobernante estadounidense a la crisis que desencadenó el colapso de la burbuja hipotecaria, en sí el producto de décadas de creciente especulación y financiarización. Los principales bancos e instituciones financieras han ganado miles de millones por medio de la comercialización fraudulenta de hipotecas de alto riesgo. Cuando se acabó el lucrativo y maniaco festejo, tenían en mano billones en activos que esencialmente no tenían valor alguno (“en problemas”).

En declaraciones públicas, algunos líderes de la élite gobernante estadounidense emitieron advertencias severas sobre las consecuencias si el Gobierno no intervenía inmediatamente para salvar los bancos. Todos los recursos de la sociedad tenían que ser exprimidos para recatar el sistema financiero. No se podía eludir ningún gasto ni cuestionarlo.

Mientras que la crisis de 2008 estaba arraigada en las contradicciones fundamentales del capitalismo estadounidense y global, se realizaron ciertas decisiones premeditadas para crear las condiciones más aptas para una transferencia masiva de riqueza a la élite dominante.

La causa inmediata del derrumbe financiero en el otoño de 2008 fue el colapso del banco de inversión Lehman Brothers, lo que reverberó en toda la economía global. En su crónica, Timothy Geithner, entonces el presidente de la Reserva Federal de Nueva York y luego el secretario del Tesoro bajo Obama, describió los cálculos realizados por los protagonistas de la crisis.

“Incluso en un mundo en que de alguna manera rescatáramos a Lehman”, escribió, “e igual procediéramos y rescatáramos a [la gigantesca aseguradora] AIG, no hubiéramos eliminado los factores fundamentales que impulsaban la crisis. La economía estaba colapsando y el sistema financiero se hubiera seguido acercando al desastre—descapitalizada, sobremultiplicada, todavía agobiada por activos hipotecarios que los mercados no querían tocar, todavía amenazada por una corrida más amplia. Tuvo que darse la caída de Lehman y el colapso inminente de AIG para convencer al presidente Bush y a [secretario del Tesoro] Hank [Paulson] a buscar la autoridad legislativa para intentar reparar el sistema entero” (cursiva añadida)

Es decir, el sistema financiero estadounidense era insolvente, tenía atorados billones de dólares en apuestas especulativas que terminaron mal. Era necesario crear las condiciones en que decisiones inimaginables y sumamente impopulares podían ser aplicadas a la fuerza, en las que estas apuestas podían simplemente ser cubiertas por el Gobierno estadounidense.

Después del colapso de Lehman Brothers, el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, y Paulson reunieron a los congresistas líderes y les presentaron las demandas de los bancos —el Programa de Rescate de Activos en Problemas—. Los legisladores demócratas, incluyendo a Charles Schumer, Cristopher Dodd y Barney Frank tomaron un rol central en la promoción de este complot.

El candidato a presidente republicano, John McCain, quien aventajaba al demócrata Barack Obama en las encuestas hasta septiembre, fue fuertemente atacado por Paulson y Bernanke por no estar dispuesto a respaldar claramente el rescate propuesto. “McCain… parecía no querer trabajar activamente hacia la solución”, se quejó Bernanke en sus memorias. Por su parte, Paulson, acusó a McCain de “cubrir su ruta de campaña con retórica populista, regañando a Wall Street, hablando sobre proteger a los contribuyentes de impuestos y utilizando el término pagar la fianza [de los bancos]”.

El republicano Paulson quedó mucho más impresionado con Obama. “No parecía haber nada de ‘política’ o maniobras en el trato que Obama me dio”, escribió luego. “Quería evitar cualquier acto público —o privado— que pudiera afectar nuestros esfuerzos para estabilizar los mercados”.

Desde luego, fue la intervención de Obama que eventualmente aseguró la aprobación de TARP y, por ende, se convirtió en el candidato favorito de Wall Street, lo que le ayudó a garantizar su victoria en noviembre de 2008. Durante los próximos ocho años, Obama, quien se le vendió al público como el candidato del “cambio” y la “esperanza”, presidiría una transferencia de riqueza sin precedente histórico de la clase obrera a los ricos.

Dando una señal clara a Wall Street de que el rescate continuaría y se expandiría, Obama nombró a Geithner como secretario del Tesoro el 26 de enero de 2009. En cara a una oposición popular cada vez mayor y constantes debates enconados dentro del Gobierno federal, estos dos hombres prevalecieron en cada instancia para asegurarse de que la respuesta a la crisis económica se alineara directamente con las demandas de Wall Street.

Pese a anunciar un programa de miles de millones de dólares para prevenir ejecuciones hipotecarias, la Casa Blanca de Obama se aseguró de repartir las ejecuciones hipotecarias para minimizar las pérdidas para los bancos, mientras que no hizo nada para ayudarles a las personas ordinarias a no perder sus hogares.

Incluso cuando el expresidente de la Reserva Federal, Alan Greespan, advirtió que “quizás sería necesario nacionalizar temporalmente algunos bancos para facilitar una reestructuración rápida y ordenada”, Obama dejó claro que no sucedería tal cosa. “Tenemos grandes mercados de capital financiero y, en última instancia, esa es la clave para volver a hacer fluir el crédito”, declaró Obama.
Cuando AIG anunció el 16 de marzo de 2009 que sus unidades de productos financieros pagarían $165 millones en bonificaciones, Obama expresó enojo públicamente, pero le permitió a la empresa realizar los pagos en privado, pese a que el Gobierno estadounidense era efectivamente el principal accionista de la compañía.

El Gobierno de Obama se aseguró de que ningún individuo responsable de la crisis, la cual condenó a personas por todo el mundo a una miseria inexplicable, tuviera que rendir cuentas por sus acciones criminales. Ningún CEO de las firmas rescatadas fue despedido, ni hablar de encarcelado.

El corolario lógico del rescate a Wall Street era una ofensiva contra los puestos de trabajo y condiciones de vida de la clase obrera. Mientras los bancos eran rescatados, Geithner dejó claro que no habría apoyo alguno a los estados y municipalidades que enfrentaron crisis financieras. Esto abrió paso a una ola de austeridad, incluido el proceso de quiebra de Detroit en 2013, cuando recortaron las pensiones de los trabajadores municipales y vendieron los activos de la ciudad a especuladores multimillonarios.

Durante la reestructuración de la industria automotriz en 2009, la Casa Blanca de Obama respaldó la asistencia federal a los tres mayores fabricantes de automóviles en la expansión del sistema salarial de dos escalas y en despidos masivos. Esto marcó la pauta para una ola de recortes en remuneraciones y de precarización laboral que azotó toda la economía estadounidense. Esto fue posible gracias a la supresión de las luchas de la clase trabajadora por parte de los sindicatos corporativistas.

El sufrimiento social creado por la crisis y su resultado siguen siendo imposibles de calcular, manifestándose en formas tan diversas como la crisis de educación pública, la epidemia de opiáceos, la caída en la esperanza de vida y el aumento consistente en la tasa de suicidios.

El resultado fue el previsto. El índice bursátil Dow Jones se ha más que triplicado desde 2009, impulsado por una nueva burbuja financiera creada por el programa de expansión cuantitativa de cuatro billones de dólares implementado por la Reserva Federal. La clase gobernante es más rica que nunca. Pero ninguna de las contradicciones que produjeron la crisis de 2009 se han resuelto. Por el contrario, se recrearon a un nivel más alto.

En marzo de 2009, David North, el presidente del Consejo Editorial Internacional del World Socialist Web Site, escribió: “El factor más esencial de una crisis históricamente significativa es que conduce a una situación en que las principales fuerzas sociales en el país (y países) afectado se ven obligadas a formular y adoptar una postura independiente respecto a la crisis. Es decir, son impulsadas a avanzar una solución a la crisis en la que sus propias necesidades e intereses sociales son expresados”.

En su respuesta a la crisis financiera de 2008, Bernanke, Geithner, Paulson, Bush y Obama todos actuaron en representación de la burguesía y su respuesta fue emulada en diferentes formas por las élites gobernantes capitalistas de todo el mundo. Ahora, el Gobierno de Trump está continuando e intensificando dichas acciones, mientras que los demócratas están haciendo todo lo posible para suprimir y desviar la oposición.

La clase obrera todavía ha de articular sus intereses independientes de una forma políticamente organizada y consciente en respuesta a la crisis que estalló en 2008. Sin embargo, este año ha sido testigo de expresiones incipientes de la expansión de la lucha de clases internacionalmente. En sus luchas, los trabajadores deben extraer las lecciones del colapso de 2008, el cual dejó el sistema capitalista desacreditado en los ojos de miles de millones de personas en todo el mundo y creó una audiencia masiva para el socialismo.

En las luchas que se avecinan, la tarea política más importante será dotar la respuesta de la clase obrera con la misma determinación que la burguesía, esa oligarquía corrupta y decadente que extrae sus riquezas del trabajo de la gran masa de la humanidad. Es necesario construir una dirección política para organizar las luchas de la clase trabajadora en un movimiento revolucionario socialista contra el capitalismo.

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