martes, 19 de diciembre de 2017

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, enfrenta demandas de renuncia

Juan González, wsws

El Congreso de Perú votó el pasado viernes para comenzar un debate sobre la destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski sobre su implicación en el escándalo de corrupción masiva que ha envuelto a la clase política, no sólo en Perú, sino en gran parte de América Latina. Expuesto como resultado de la investigación de corrupción “Lava Jato” en sobornos que involucran Petrobras, estos escándalos se derivan de las actividades internacionales de uno de los principales contratistas del gigante estatal de energía de Brasil, el conglomerado de la construcción Odebrecht.

Fuerza Popular, dirigida por Keiko Fujimori, hija del ex dictador peruano Alberto Fujimori, votó 93-17 para comenzar un debate sobre la acusación. El margen de favor es la acusación final, que requiere 87 votos en el Congreso de 130 miembros.

A principios de la semana pasada, se descubrió que Odebrecht había pagado a Kuczynski US$ 5 millones en honorarios de consultoría entre 2004 y 2013, cuando era ministro de economía y jefe del gabinete del entonces presidente Alejandro Toledo. Tanto Odebrecht como Kuczynski afirman que los pagos fueron legales. Toledo ahora es un fugitivo de la justicia peruana, que lucha contra la extradición de los EE. UU. a sus propios cargos de soborno.

Prácticamente todas las figuras principales de los políticos de la burguesía peruana han estado implicadas en el escándalo de la propagación. El ex presidente Ollanta Humala y su esposa han sido encarcelados. Keiko Fujimori, líder del ala derecha, está bajo investigación, al igual que la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, respaldada por la pseudo izquierda peruana.

Además, las órdenes para el arresto de los cinco principales ejecutivos de negocios involucrados en el escándalo de Odebrecht han involucrado a los sectores más poderosos de la burguesía peruana.

Si Kuczynski, un ex financiero de Wall Street, es hallado culpable, bajo la constitución sería reemplazado por Martín Vizcarra, su primer vicepresidente. Vizcarra, sin embargo, también está bajo investigación por un contrato con un consorcio peruano-argentino para construir un aeropuerto cerca de la ciudad de Cusco. Anteriormente el ministro de transporte, renunció a su puesto a principios de este año y luego fue enviado a Canadá como embajador peruano después de que el escándalo del aeropuerto se salió a la luz.

Si, como muchos creen, podría a ser rechazado como sucesor de Kuczynski tras un juicio político, la presidencia pasaría al segundo vicepresidente y actual primera ministra, Mercedes Aráoz.

Significativamente, si bien la crisis es desacreditadora todo el aparato político y estatal del Perú, Aráoz está maniobrando para concentrar más poder en las manos del poder ejecutivo del gobierno.

El jueves 7 de diciembre, la primera ministra presentó formalmente una solicitud al congreso dirigida a la oposición. La iniciativa se presenta como una medida necesaria para la lucha contra la corrupción, así como para simplificar el proceso de estímulo económico y hacer frente a los desastres naturales.

La propuesta de Araoz daría al poder ejecutivo la facultad de introducir o modificar cualquier legislación en el país sin la participación del congreso, debilitando efectivamente el principio democrático de la separación de poderes.

Históricamente, Perú ha sido uno de los países más pobres y desiguales de Sudamérica, con pobreza, especialmente entre las comunidades indígenas de la sierra andina y la selva amazónica.

Hace solo una década, internacionalmente se hablaba de “el Milagro de Perú”. A través de las cuatro décadas de políticas favorables al mercado libre, los beneficios de este “milagro” se han acumulado solo para los inversionistas, tanto peruanos como internacionales, que utilizaron la economía rica en recursos para enriquecerse, por intensificar la característica más esencial de la sociedad capitalista: la desigualdad social.

A pesar del progreso tan celebrado por el gobierno y los medios, hoy uno de cada cinco niños peruanos sufre de desnutrición crónica, Un “muro de la vergüenza” con alambre de púas en la parte superior divide a la población pobre de Pamplona Alta de la urbanización limeñas exclusiva de las Casuarinas. Los trabajadores que viven en Pamplona Alta a menudo no tienen agua corriente, ni sistema de desagüe y viven con salarios de tres dólares diarios. El “muro de la vergüenza” no solo divide a Pamplona Alta sino a toda la región llamada “Cono Sur” donde habitan millones de obreros, artesanos y pobres.

Oxfam ha estimado que un residente pobre en Lima paga 10 veces más por el agua que alguien que vive en áreas más acomodadas como las Casuarinas, Camacho, La Molina y otras urbanizaciones exclusivas. Muros de seguridad y comunidades cerradas han proliferado en Lima, destacando la división social cada vez mayor entre pobres y ricos en el país. En algunas áreas rurales del país la pobreza llega al 60 por ciento.

La aprobación del presidente Kuczynski ha caído a un mínimo 27 por ciento. A su vez, ha buscado sistemáticamente desviar la ira popular culpando a los desastres naturales por las condiciones sociales imperantes y amenazando con que se le dé “carta libre” el capital internacional para que éste no abandone el país. En este contexto, el escándalo de corrupción está revelando una crisis política masiva de todo el establishment.

La iniciativa de Aráoz encaja en este contexto y debe entenderse como una advertencia amenazadora para los trabajadores peruanos. Promovido bajo el velo de una “medida extrema” para luchar contra la corrupción, que es fundamentalmente el producto de la crisis económica mundial provocada por las contradicciones inherentes del capitalismo internacional, donde la situación económica del Perú se debe en gran medida a sus relaciones comerciales y financieras con las principales economías, como los Estados Unidos y China.

La solicitud de Aráoz de poderes dictatoriales es el resultado lógico de la dependencia del Perú del capital extranjero. Lo que se está preparando es un ataque masivo contra los trabajadores bajo el pretexto de la lucha contra la corrupción. La expansión de la rama ejecutiva regresaría al país a las condiciones que prevalecían durante le era de Fujimori, con rampantes políticas de libre merado acompañadas de represión y suspensión de los derechos democráticos básicos.

La iniciativa de Araoz toma lugar a solo pocos meses después que el Congreso le otorgara a su gabinete un voto de confianza, después de haberle dado en septiembre un voto de “no confianza” a su predecesor Fernando Zavala.

Los llamados partidos “izquierdistas” peruanos apoyan la esencia reaccionaria de la propuesta. El portavoz de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, no se opuso a la solicitud de Aráoz. “[Tenemos] diferencias en materia económica, porque no hay nada [en la propuesta] sobre los salarios mínimos o el mercado interno”, afirmó Quintanilla.

En esencia, Nuevo Perú –una escisión del Frente Amplio, dirigida por la ex candidata presidencial de la izquierda, Veronika Mendoza– está básicamente de acuerdo con la toma de control antidemocrático. Pero están presentándolo para engañar a la clase obrera con la propuesta de un aumento del salario mínimo, disfrazando así a un gobierno que atacará los niveles de vida de los trabajadores y derechos democráticos a través de la implementación de órdenes ejecutivas.

La propuesta de Aráoz está programada para ser votada el próximo año.

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