lunes, 25 de septiembre de 2017

La recuperación económica se basa en un tsunami de devaluación salarial y precariedad

Juan Carlos Arias, La izquierda diario

Aunque el crecimiento económico y el beneficio empresarial se han restablecido prácticamente a los niveles pre-crisis, los trabajadores sin embargo han sufrido una devaluación salarial media del 12,6% durante el período 2008-2016, una vez descontada la inflación, y una tasa de temporalidad del 26,8% durante el último año.

La economía española ha venido obteniendo crecimientos del PIB durante los tres últimos años del entorno del 3,3% y ha alcanzado, a finales de 2016, un volumen total del PIB en su máximo histórico- al haber sido superado el dato de 2008- y lograr los 1,18 billones de euros. Pero esta riqueza no ha ido a parar a los bolsillos de la clase obrera, sino que ha servido para atajar la crisis financiera, reducir la deuda pública y restablecer la rentabilidad empresarial. Y todo ello a costa de las clases populares. Es decir, posibilitar que la crisis la paguen los trabajadores y los ricos sean… cada vez más ricos.

La realidad económica no ofrece sino un cuadro intenso y generalizado de devaluación salarial y precarización de trabajadores, que ha recaído sobre todo en los más jóvenes, las mujeres, los desempleados mayores de 50 años y los parados de larga duración. Así, los datos económicos tan positivos de los que el Gobierno de Rajoy no deja de presumir se basan exclusivamente en un retroceso brutal de las condiciones de vida de la clase trabajadora, como no se había producido en décadas.

El retroceso experimentado se ha basado en una devaluación salarial que, según determinados sectores y sobre todo para los contratados más precarios, ha alcanzado rebajas salariales con picos del 20-30%. Es decir, una auténtica devaluación salarial de caballo. Además, se ha llevado a cabo una implantación extensiva y muy generalizada de la precarización que supone que al menos un 60% de los trabajadores y trabajadoras a tiempo parcial no esté conforme con la jornada laboral que se le ha impuesto y que tiene en muchos casos salarios tan bajos que implican que el 12,6% de los asalariados no llegue ni a percibir el salario mínimo de 707,70 euros al mes brutos. Mientras, por otra parte, se les obliga en muchas ocasiones a realizar horas extras, en lugar de ampliarles la jornada, y, por supuesto, sin recibir retribución alguna por esas jornadas extra.

En general se ha producido un sometimiento duro de los trabajadores a los empresarios, facilitado por las reformas laborales emprendidas por Zapatero en 2010 en primera instancia y continuadas por Rajoy en 2012, que terminó por darle la vuelta de tuerca necesaria para asegurar el incremento del beneficio de los empresarios sobre la base de aumentar la explotación de los trabajadores.

El artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, por ejemplo, permite tras la reforma laboral cambios salariales decretados unilateralmente por el empresario. Además, se han abaratado los costes del despido en torno a un 40% y se han facilitado y ampliado las causas de despido procedentes y la imposición de EREs y ERTEs en las empresas, entre otras muchas medidas antiobreras.

El empleo como factor de pobreza


La realidad salarial es desoladora, un tsunami de temporalidad y devaluación salarial, como lo demuestran todos los datos laborales y económicos. Esta situación está provocando un fenómeno que se caracteriza por un grave incremento de la miseria entre los trabajadores y trabajadoras, que incluso cuando están empleados, un número muy cuantioso de ellos (sobre todo jóvenes, mujeres, inmigrantes y empleados de baja cualificación), se vean incapaces de afrontar los gastos esenciales para su supervivencia.

Esto queda claramente expresado si tenemos en cuenta que la cuantía del salario más frecuente hay que distinguirla del salario medio, que es más bien una “engañifa” estadística. El que más se da entre los trabajadores es de tan solo 16.498,47 euros al año lo que implica en realidad 993 euros mensuales netos al mes por 14 pagas. Por lo tanto, si antes de la crisis ser mileurista era una desdicha ahora es contemplado con admiración por la mayoría de los trabajadores que ni siquiera alcanzan ese salario.

Pero la situación es mucho peor que esto. El salario que percibe el 10% de los trabajadores que menos gana (trabajadores a tiempo parcial) es de tan solo 350 euros mensuales, por lo que no les permite ni siquiera cubrir los gastos mensuales de alimentación pese a estar trabajando.

Incluso el salario medio que ya indicamos, que supone un auténtico engaño estadístico dado que las medias distorsionan la información, implican un salario medio de tan solo 1.309 euros netos en 14 pagas, es decir, muy ligeramente por encima de los 1.000 euros, lo que tampoco resulta ninguna bicoca. Conclusión: muchos más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras son mileuristas o incluso ganan menos de 1.000 euros.

Si analizamos los datos facilitados por la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la que se facilita información detallada de los gastos familiares comprobamos que con el nivel de salarios existentes resulta imposible pagar los gastos básicos de comida, ropa, energía y vivienda. Por lo que solo con dos o más sueldos y la aportación, en muchos casos, de la pensión que puedan recibir abuelos o padres, un inmenso sector de familias trabajadoras pueden salir adelante, y con muchas penurias.

Además, el sector de los trabajadores más “protegidos”, es decir aquellos que disponen de un convenio y que vienen a ser un poco más de la mitad de los asalariados, también se ven atacados duramente en sus ingresos. Así, tenemos que ocho de cada diez convenios firmados no están garantizando el poder adquisitivo actualmente, pese a que la inflación está en mínimos históricos. El 83,6% de los convenios firmados a julio de este año no disponían de cláusulas de garantía salarial en el caso de que la inflación desborde el aumento salarial pactado. Aumento pactado que es de un raquítico 1,33%.

Según los datos de la última EPA en junio de 2017, y pese a haber superado los niveles de PIB de 2007, tan solo se había recuperado la mitad del empleo perdido. De los 3,8 millones de ocupados que se perdieron por el camino quedan aún por recuperar nada menos que 2,4 millones de empleos, más de la mitad de los perdidos todavía. Esto es así porque la población ocupada ha pasado de 20,7 millones que hubo en 2007 a 18,3 millones, último dato tras el fin de la temporada turística de este verano.

Sin embargo, como decíamos, el PIB ha sido ya incluso algo mayor al máximo histórico de 2007, lo que implica que la productividad obtenida, es decir el grado de explotación de la mano de obra, ha permitido que con algo más de dos millones menos de trabajadores, se obtenga una riqueza de conjunto superior que se han embolsado el su mayor parte los empresarios.

Además, el nivel de desempleo sigue siendo muy elevado. Según la última EPA del mes de junio todavía permanece en un elevado 17,2% pese a que se ha reducido desde el 26,94% de 2013. El 54,6% de los parados es de larga duración y la tasa para los jóvenes menores de 25 años es del 39,5% y para las mujeres el 19%. Teniendo en cuenta, además, que las prestaciones al desempleo se han reducido considerablemente y solo llega a algo más del 50% de los parados.

Otro dato a tener muy en cuenta es la disminución del peso de las rentas del trabajo en favor de las rentas del capital. Las rentas del trabajo se han reducido hasta el 47,6% del PIB, una reducción de 30.000 millones, cuando el 2008 representaban el 50%. Mientras, las rentas de capital han crecido y son ahora un 43%, dos puntos de crecimiento desde el 2008.

Todo esto nos lleva a que, según datos del INE basada en la encuesta de condiciones de vida que elaboran, casi tres de cada diez ciudadanos se encontraban en riesgo de exclusión social (28,6%). De entre ellos el 6,4% tiene una situación de carencia material severa

Las cúpulas sindicales burocratizadas trabajan para el Gobierno y los empresarios


Mientras tanto, las cúpulas de los sindicatos burocratizados de CC.OO. y UGT han estado reuniéndose y firmando acuerdos tanto con la CEOE como con el gobierno neoliberal del PP de Rajoy durante todo el período de crisis.

Sirviendo de sostén al gobierno de Rajoy y acordando con la CEOE indirectamente la devaluación salarial y la precariedad laboral -según se tratase de trabajadores sujetos a convenio o directamente desregularizados y abandonados a su suerte-, cuando no directamente traicionando mediante acuerdos sectoriales firmados por las cúpulas sindicales a espaldas de los trabajadores. Así fue recientemente el caso del acuerdo con la patronal hotelera en contra de lo defendido por Las Kellys, o el de Telemarketing, o en su día el acuerdo con Movistar, traicionando la denominada “revolución de las escaleras” de los técnicos de Movistar.

La realidad es que la burocracia de CC.OO. y UGT no sólo dejó pasar sin pena ni gloria la Reforma laboral de 2012, sino que ha firmado todo lo que la CEOE les ha puesto encima de la mesa, incluidos los acuerdos salariales causantes de la devaluación salarial. Su filosofía de “la moderación salarial” para salir mejor de la crisis lo único que ha garantizado es el enriquecimiento de los empresarios a costa de los trabajadores. Así las subidas salariales medias en los convenios firmados fueron: del 1,16% en 2012, prácticamente un 0,5% en 2013, 2014 y 2015 y un 1,02% el 2016. De los trabajadores fuera de convenio, más de la mitad del total de asalariados, mejor ni hablar, basta con ver los datos existentes.

CC.OO y UGT ahora han comenzado una campaña reivindicativa sobre la necesidad de incrementar los niveles salariales. Pero esto no irá muy lejos. De hecho, la CEOE está ofreciendo un aumento salarial de entre el 1% y el 2% más medio punto más porcentual por productividad que a los sindicatos les parece insuficiente, de momento, puesto que están solicitando una horquilla de aumento de entre el 1,8% y el 3%. Pero el dirigente de la CEOE Juan Rosell ha argumentado que no hay necesidad de subir mucho más allá de lo que se ha venido negociando en los diferentes convenios durante todo este período. Es decir, la propia moderación salarial practicada debilita ahora enormemente la posición de CC.OO. y UGT a la hora de exigir tan solo un poquito más.

Mientras los trabajadores y trabajadoras no destituyan a las cúpulas burocratizadas de CC.OO. y UGT y se hagan con el control democrático de estos sindicatos, desarrollando una política sindical apoyada sobre la base de la movilización y la extensión y unificación de las luchas, confluyendo con los trabajadores insertados en el denominado “sindicalismo alternativo”, no habrá salida.

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