miércoles, 25 de mayo de 2016

Cincuenta países endurecen el pacto secreto TiSA para entregar más servicios públicos al sector privado

Los cincuenta países que negocian el pacto secreto TiSA mantienen el rumbo para abrir las puertas de los servicios públicos al sector privado. A pesar de las crecientes críticas a la política comercial de la Comisión Europea en nombre de los 28, Bruselas ha fijado su posición en las conversaciones del acuerdo que afectará a prácticamente todos los servicios, desde los postales hasta los transportes, a pesar de la exigencia del Europarlamento a que el Trade In Services Agreement (TiSA, en inglés) deje fuera los servicios públicos. Y todo ello tiene lugar en una atmósfera de secretismo aún más densa que la que envuelve el TTIP.

Una nueva filtración de WikiLeaks muestra que las negociaciones han mantenido, e incluso endurecido en algunos aspectos, la línea denunciada el año pasado aquí y aquí. Uno de los documentos filtrados recoge la obligación de los estados de informar al resto de países -y por tanto a sus empresas- antes de aprobar normativas que puedan afectar a sus intereses comerciales. Y, mientras algunos de los estados negociadores piden acotar esta imposición, EEUU, Canadá y otros tantos exigen que se mantenga ante prácticamente cualquier escenario.

Esto afectaría incluso a las medidas adoptadas de urgencia por los respectivos gobiernos, ya que incumplirían la cláusula que obliga a dar una “oportunidad razonable” al resto de estados firmantes para hacer comentarios en base a sus intereses o los de sus empresas. El TiSA impone que las partes tengan “tiempo suficiente” para comentar, sin acotar ningún periodo temporal concreto, y establece que los estados “deben considerar” sus aportaciones.

Y, si EEUU logra imponer su posición, la obligación de dar cuentas al resto de estados se aplicaría a las regulaciones “a cualquier nivel de gobierno”, por lo que según los expertos de WikiLeaks esto obligaría hasta al más pequeño de los ayuntamientos a informar sobre las normativas que planee aprobar por su posible impacto en los intereses económicos y financieros de los inversores extranjeros.

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