viernes, 4 de diciembre de 2015

La trama chilena de tres grandes empresas acusadas de corrupción en España


Las empresas Isolux-Corsán, Copisa y Comsa-Emte protagonizan un caso de corrupción que remece a España por millonarios desvíos de fondos al histórico líder político de Cataluña, Jordi Pujol. Las tres empresas enfrentan graves acusaciones en Chile. Comsa quebró en 2013 dejando una decena de obras inconclusas. Su gerente general se convirtió en representante de OAS Chile, la que se adjudicó la construcción del Puente Chacao (Chiloé), cargo que debió dejar ya que sus ejecutivos fueron condenados en el mayor escándalo de corrupción en Brasil (Petrobras) por lavado de dinero y crimen organizado.
Alberto Arellano, Ciper Chile

Comsa-Emte, Isolux Corsán y Copisa no solo comparten el estatus de “constructoras de renombre” en España. Las tres empresas forman parte del círculo íntimo del histórico líder político de Cataluña Jordi Pujol i Soley, quien desde hace más de un año está en el centro de las diligencias de la “Operación Hades”, que intenta desentrañar el origen de la sospechosa y abultada fortuna de la emblemática familia catalana. Tras reconocer en 2014 –luego de haberlo negado por casi dos años– que su familia mantenía dineros ocultos en Andorra, Pujol se convirtió en el protagonista de uno de los escándalos más bullados de corrupción de los últimos años en España.

En esa oscura trama, Comsa-Emte, Isolux Corsán y Copisa no son simples actores de reparto. Las tres son protagonistas en las diligencias de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía española, la que en un informe elaborado en 2014 las sitúa en el origen de la ruta de los dineros irregulares que han hecho crecer la fortuna del clan Pujol en varios ceros (ver informe). En esta intrincada telaraña, Jordi Pujol Ferrusola, primogénito de quien gobernara hasta 2003 y por más de dos décadas la Generalitat de Cataluña, aparece como el principal contacto y receptor de millones de euros desviados por estas empresas a las arcas familiares a cambio de intermediar en la adjudicación de jugosos contratos de obras de infraestructura.

Las mismas tres empresas involucradas en esta compleja trama judicial que tiene al clan Pujol a punto de desmoronarse, cuentan con filiales y operaciones en Chile. Y su paso por nuestro país ha dejado pérdidas, deudas y cuestionamientos.

Comsa de Chile, filial de Comsa-Emte, quebró en abril de 2013, dejando casi una decena de importantes obras licitadas por distintas instituciones públicas sin terminar, además de un largo historial de deudas y compromisos sin saldar con proveedores y trabajadores. Quien fuera representante y gerente general de Comsa de Chile hasta poco antes de su quiebra, Jaume Serret Gili (hoy demandado en Chile por “inflar los balances de la compañía”), se convirtió en noviembre de 2013 en gerente general de OAS Chile, cuya matriz brasilera está en la primera línea del escándalo Petrobras que tiene en vilo la continuidad del gobierno de Dilma Rousseff.

Desde esa posición, Jaume Serret tuvo hasta hace algunos meses un rol clave como director del consorcio encargado de ejecutar una de las obras estrella del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el Puente de Chacao, que conectará a Chiloé con el continente y que compromete recursos públicos por cerca de $360 mil millones.

El paso por Chile de la segunda empresa ligada al escándalo Pujol -Isolux-Corsán-, es aún menos alentador. Tal como reveló CIPER en abril pasado (ver reportaje), desde 2012 la empresa cerró siete contratos con instituciones públicas por $141 mil millones y cinco de ellos fueron caducados por incumplimientos. Pero su negro prontuario no se agota allí. En esa misma publicación quedó al descubierto el pago de coimas al ex director de Administración y Finanzas de la Universidad de Santiago (USACH), institución con la que Isolux mantenía un contrato de $10 mil millones para la construcción de un edificio docente. Por eso también la empresa está siendo investigada en Chile.

Hace unos días la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, inició los trámites para pedir la extradición del ex gerente general de Isolux en nuestro país, el español Christian Manrique Valdor, para que sea juzgado en tribunales nacionales.

La última de esas tres empresas con sede en Barcelona en aterrizar en Chile fue Copisa. Lo hizo recién a principios de octubre cuando se adjudicó un proyecto por cerca de $20 mil millones para la reconstrucción del Puerto de Iquique. A pocos días de conocerse al ganador del proyecto licitado por la Empresa Portuaria de Iquique (EPI, perteneciente al Sistema de Empresas Públicas), Constructora Belfi, empresa que quedó en el camino, presentó un reclamo ante la Contraloría General de la República, acusando que una vez cerrada la postulación se modificaron las bases de la licitación. Ello –denunciaron- habría favorecido a Copisa, empresa que resultó ganadora pese a presentar la propuesta más cara.

Hasta ahí la disputa de Belfi con la Empresa Portuaria de Iquique bien podría quedar encuadrada en un tira y afloja propio de licitaciones de esta envergadura. Pero hay un hecho adicional que tiñe esta polémica de otro color. Solo 19 días después de que Copisa Chile ganara la licitación, la policía española detuvo a su director consultivo, Xavier Tauler, amigo de infancia de Jordi Pujol Ferrusola.

Un amor real

“El brazo de Pujol es largo”. Así define un conocido chileno al ex presidente de la Generalitat de Cataluña que pidió reserva de su identidad. Se refiere a las extensas redes que ha tejido Pujol entre políticos y empresarios catalanes y latinoamericanos. En Chile, se le reconoce cierta cercanía con los ex presidentes Eduardo Frei y Ricardo Lagos.

Fue frente a este último que en junio de 2001 dijo: “Tenemos un cierto enamoramiento por Chile”. Una frase melosa que a ojos cerrados hacer recordar al cantante español Julio Iglesias y el inagotable repertorio de clichés que ha desparramado en sus visitas a Chile. La frase, claro está, no se escuchó en un concierto, sino en la inauguración de un encuentro de empresarios catalanes con una delegación chilena encabezada por Lagos y algunos de sus ministros. El puente entre Cataluña y Chile ya estaba tendido. El desembarco de empresas de origen catalán en Chile se había iniciado años atrás. En esa ruta, el hito fue el aterrizaje –de la mano del ex presidente Eduardo Frei– de Aguas de Barcelona (Agbar) en 1998, matriz de la sanitaria Aguas Andinas, encargada de suministrar y tratar el agua en la Región Metropolitana.

Un año antes, en 1997, Pujol i Soley había visitado Chile en el marco de una “visita de promoción”, donde fue recibido por el propio Frei y parte de su gabinete. Acompañaban a Pujol dos de sus siete hijos, Marta y Pere, este último en calidad de asesor del Instituto Catalán de Energía. Hoy Pere también ocupa las páginas centrales de los diarios españoles: el pasado 13 de noviembre declaró ante la justicia española en calidad de imputado por el delito de blanqueo de capitales.

Los viajes del clan Pujol a nuestro país no siempre se han dado en el marco de visitas oficiales. Aunque no hay claridad respecto de cuántas veces Pujol o sus siete hijos han visitado Chile, pareciera que el enamoramiento que profesó el patriarca era mucho más que una frase de buena crianza.

El 18 de septiembre en una de las varias causas judiciales que indagan el origen del millonario patrimonio de la familia catalana, un testigo aseguró que el rol principal que cumplía el mayor de los Pujol (Jordi) para Emte –integrante del consorcio Comsa-Emte y que es investigada por la justicia española por el pago de comisiones sospechosas– era “viajar por los países y ver posibilidades de negocio en Chile, Perú, Ecuador, Colombia y México”, entre otros. El testigo no entregó más detalles sobre las visitas de Jordi Pujol Ferrusola a Chile y Sudamérica. Sí hay más detalles, en cambio, de un misterioso viaje que realizó su hermano, Josep Pujol (también imputado por el delito de blanqueo de dinero) a Argentina, Bolivia y Chile en 2011. Según información de prensa, en noviembre de ese año, Josep Pujol fue interceptado por la policía de aduanas argentina conduciendo una camioneta Toyota. Josep Pujol provenía de Chile y había decidido cruzar a Argentina por el Paso Jama, que conecta San Pedro de Atacama con la ciudad trasandina de Salta. Al revisar el vehículo, la policía encontró en su interior una importante cantidad de dinero en efectivo, cuya cuantía nunca fue determinada. Aunque pudo continuar su viaje, la policía argentina envió a su par en España todos los antecedentes del enigmático periplo de Pujol por el Cono Sur.

Hasta hoy no se conoce con exactitud el motivo de ese viaje, ni tampoco el origen ni el destino de las platas que Josep Pujol recolectó en su fugaz paso por estas latitudes.

La historia sin fin de Comsa-Emte

En 2009, las empresas Comsa, de la familia Miarnau, y Emte, de la familia Sumarroca (ambas catalanas), se fusionaron creando el Grupo Comsa-Emte. Por sí sola Comsa se había instalado en Chile en 1995, aunque fue en el transcurso de tres años, entre 2009 y 2011, cuando cerró una serie de millonarias licitaciones con el MOP y distintas municipalidades.

En un informe de junio de 2014 de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía española, Emte aparece facturándole (en 2008 Y 2009) a una de las sociedades de Pujol Ferrusola 154 mil euros. Cuando la policía requirió el respaldo de esos pagos, Emte contestó que “no disponía de las facturas ni de los documentos soporte”. En septiembre de 2015, según informa el periódico español El Economista, la familia Sumarroca admitió además que desde Emte se pagaron 585 mil euros en asesorías a Jordi Pujol Ferrusola, a través de una empresa con domicilio en Liechtenstein sospechosa de ser un vehículo para blanquear dinero. Hasta hoy, a diferencia de los Sumarroca, ninguno de los miembros de la familia Miarnau, propietaria original de Comsa, ha sido imputada.

La historia de Comsa en Chile, filial del Grupo Comsa-Emte, tuvo final abrupto en abril de 2013. Ese año la empresa quebró, dejando una decena de obras inconclusas y una serie de deudas e incumplimientos con proveedores y trabajadores en varias regiones. Entre ellas, importantes obras viales interurbanas licitadas por el MOP en las regiones de Coquimbo, Arica y Parinacota, Metropolitana y Aysén, adjudicaciones que totalizan cerca de $65 mil millones. A ellas se suman distintas obras con los municipios de Las Condes, Santiago y San Joaquín, las que en total alcanzan casi $15 mil millones. Quizá el caso más sensible sea el del Hospital de Calama. La obra, con un valor de $40.500 millones, fue adjudicada a Comsa (en sociedad con la constructora Pilasi) y, tras la quiebra de la empresa, las faenas continúan paralizadas.

Otro de los contratos que el grupo cerró en Chile (a través de su filial Emte Chile), fue con Gendarmería, para dotar a distintos centros penales del país de un sistema de radiocomunicación centralizado. El contrato data de 2011 e involucró un pago único de casi $10 mil millones y pagos mensuales de $160 millones. Su duración: un periodo de 60 meses “renovables automáticamente”, cláusula que fue objetada por la Contraloría por atentar contra los principios de “libre concurrencia de los oferentes” y de “transparencia” (ver informe).

Capítulo aparte merece el contrato que Comsa firmó en enero de 2009 con la Municipalidad de Ovalle. El municipio liderado por la ex alcaldesa Marta Lobos (PPD) enfrentaba una demanda de la empresa que se encargaba de la mantención del alumbrado público de la comuna, y a la que se le adeudaban pagos por casi $1.000 millones. Comsa no solo le ofreció a la alcaldesa hacerse cargo del contrato, sino también de la deuda. La oferta fue aceptada y sacó de apuros al municipio de la Cuarta Región. Pero el préstamo de Comsa le generó millonarios intereses. En un informe de septiembre de 2010, la Contraloría no solo impugnó la contratación vía “trato directo” hecha por la alcaldesa, sino que consideró irregular el empréstito por “contravenir el ordenamiento jurídico”. A raíz de ello, inició un juicio de cuentas contra la Municipalidad de Ovalle por “daño patrimonial”. Tras la quiebra de Comsa, el contrato fue anulado.

Ave Fénix: el Agente de Comsa

En las escrituras de constitución de varias de las filiales que el consorcio Comsa-Emte estableció en Chile (Comsa de Chile y Emte Chile, entre otras) –y también en los contratos que estas firmaron en nuestro país– se repite una y otra vez el mismo nombre: Jaume Serret Gili, ya sea como director, gerente general o agente responsable de la compañía en Chile (hasta por lo menos fines de 2012).

Jaume Serret, de origen catalán, ingresó al Grupo Comsa en 1999. Desde un comienzo tuvo un desempeño destacado. Quienes han trabajado con él, señalan que Serret se convirtió al poco tiempo en uno de los ejecutivos predilectos de la familia Miarnau, propietaria del consorcio que en 2009 se fusionaría con Emte, de la familia Sumarroca. Por ello, en 2007, se le ofreció la posición de director de Comsa en Chile y en enero de 2008, Serret ya estaba en nuestro país en sus nuevas funciones como gerente general.

A partir de ese mismo año, Comsa en Chile comenzó con una racha sin precedentes que le permitió cerrar numerosas y millonarias licitaciones con distintas instituciones públicas. Pero en enero de 2012 todo cambió. La confianza entre Serret y los altos directivos de Comsa-Emte en España se quebró. Una auditoría encargada por directivos del grupo a PricewaterhouseCoopers (PwC) detectó una serie de irregularidades en los balances de la filial chilena. “Las cuentas anuales de los ejercicios 2008 a 2011 mostraban beneficios que se encontraban sobrevalorados”, dice el informe citado en una demanda civil que el Grupo Comsa-Emte interpuso en 2013 contra Serret, (cuando la empresa ya había quebrado), y que aún se encuentra en trámite judicial.

“Durante el periodo evaluado (2008-2011) el análisis arrojó que Comsa de Chile había tenido pérdidas financieras que llegaban a $11.272 millones. Por su parte, los resultados financieros informados por el señor Serret eran positivos, por un importe de $2.988 millones”, dice el informe.

El 21 de septiembre de 2012, Serret fue despedido por una gestión negligente. Pero Serret supo reciclarse. Casi un año después (octubre de 2013) se convirtió en el gerente general y agente en Chile de la constructora brasilera OAS, cuya cúpula ejecutiva fue condenada en agosto pasado a penas de prisión por un tribunal de Paraná (Brasil) por los delitos de corrupción, lavado de dinero y crimen organizado. Ello, en el marco del escándalo Petrobras y en el que se investiga el pago de voluminosas coimas a esa empresa (mayoritariamente estatal) a cambio de millonarios contratos.

En diciembre de 2013, un consorcio encabezado por OAS Chile (49%) y la coreana Hyundai (51%), se adjudicó la licitación para la construcción del puente sobre el Canal de Chacao por un total de $360 mil millones. Desde entonces, en comunicaciones del MOP y en diferentes artículos de prensa, Jaume Serret Gili aparece entregando declaraciones –junto a autoridades del Ministerio de Obras Públicas– como “gerente del Proyecto Puente Chacao” y “director del consorcio Puente Chacao”.

Desde el MOP informaron a CIPER que si bien OAS sigue formalmente como socio del proyecto, es Hyundai (propietario en un 51% del consorcio) quien ha tomado las riendas de las obras. Producto del escándalo de corrupción en Brasil, el Banco Santander le suspendió la línea de crédito, obligando a OAS a vender parte de sus activos. En este nuevo escenario, Hyundai está evaluando diferentes alternativas, entre ellas hacerse del 100% de la propiedad del consorcio o abrirse a la inclusión de un tercero.

Jaume Serret, que desde diciembre de 2013 y por más de 15 meses dirigió las obras del Puente Chacao, dejó sus labores hace algunos meses. Tras su salida, en junio de este año, creó la empresa GocGroup SpA en sociedad con el ex jefe de la unidad de Obras Viales Interurbanas y ex asesor de Concesiones del MOP (hasta septiembre de 2010), Alejandro Molina Aguirre. En 2013, GocGroup Limitada (propiedad de Molina y creada en 2011) presentó en el MOP el diseño de un ambicioso proyecto para construir el tramo faltante de doble vía en la Ruta 5 Norte, entre Antofagasta e Iquique. La propuesta –que implicaría una inversión cercana a los $300 mil millones– fue considerada de “interés público” por el MOP y está a la espera de ser licitada.

Isolux: Líos trasatlánticos

El informe de la policía española, la UDEF, que enumera los ilícitos por los cuales se investiga a las tres empresas con inversiones en Chile (Isolux-Corsán, Comsa-Emte y Copisa), cuestiona por doble partida a Isolux-Corsán. Primero por pagos realizados “bajo el argumento de la existencia de una prestación de servicios de intermediación” a sociedades del primogénito de Pujol por casi 1,2 millones de euros, servicios gracias a los que Isolux se adjudicó la construcción de millonarias obras de infraestructura en México y Gabón. También por “la confluencia de intereses en un negocio inmobiliario que dejó ímprobas ganancias al investigado (Pujol Ferrusola)”.

Los líos de Isolux-Corsán, presidida por Luis Delso, no se agotan en España. En abril, un reportaje de CIPER (ver reportaje) destapó la escandalosa serie de incumplimientos e irregularidades de la empresa en Chile. Al momento del reportaje, cuatro de las siete obras por un total de $141 mil millones que le fueron adjudicadas por distintos organismos públicos habían sido caducadas por graves irregularidades.

Luego de la publicación del reportaje, en el que fue develado el oscuro modus operandi de la compañía en Chile –que incluyó el pago de coimas al entonces director de Administración y Finanzas de la Universidad de Santiago (USACH)–, un quinto contrato por $10 mil millones fue anulado.

Hoy Isolux-Corsán está siendo investigada en Chile por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, liderada por el fiscal Andrés Montes, desde donde confirmaron a CIPER que se acaban de iniciar los trámites de extradición del ex gerente general de Isolux-Corsán en nuestro país, el español Christian Manrique Valdor (despedido de la compañía en abril de 2015, hoy reside en España), para que comparezca ante los tribunales de Chile.

Manrique es uno de los protagonistas en una serie de correos electrónicos en los que Isolux le organiza y le paga al ex director de Administración y Finanzas de la USACH (y hombre de confianza del rector Juan Manuel Zolezzi), Mauricio Carrasco Torres, un viaje “todo incluido” a Belo Horizonte junto a su cónyuge para asistir a los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014, donde se enfrentaba Chile con la escuadra carioca.

Copisa y la Batalla de Iquique

Hace menos de un mes, y a días de que Copisa ganara su primer contrato en Chile por $17.300 millones (más IVA), su director consultivo, Xavier Tauler, fue detenido por la policía en Barcelona. De todas las empresas investigadas en España y que forman parte del entramado de ilícitos que hoy tiene al clan Pujol en las cuerdas, Copisa es la más comprometida. El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía española, estimó en casi 2 millones de euros los pagos ilícitos desviados desde la empresa a sociedades relacionadas al primogénito de Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, para el cierre de jugosos negocios inmobiliarios. Pero Copisa está también involucrada en la “trama del 3%”, caso de alta connotación pública en el que la Fiscalía española investiga el pago de comisiones de una serie de empresas constructoras a una de las fundaciones de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) –partido dominante de la Generalitat ligado desde su fundación a Pujol i Soley– a cambio de grandes contratos de obras públicas en la región.

Entre 2008 y 2012 Copisa habría amarrado contratos con la Generalitat de Cataluña por cerca de 350 millones de euros. Perolos líos judiciales de corrupción no son los únicos que ahogan a Copisa. Desde hace algunos años sus finanzas también tambalean. Según informa el diario digital español El Confidencial, desde 2011 la empresa ha postergado en reiteradas oportunidades sus compromisos financieros con la banca, arrastrando pasivos por cerca de 300 millones de euros.

Copisa se estableció en Chile el 19 de octubre con un capital de $1.000 millones. Casi dos semanas más tarde de que la Empresa Portuaria de Iquique (EPI) le adjudicara a su controladora española la obra de reconstrucción del “Frente de Atraque Nº 1” del puerto de la capital de la Primera Región. Para entonces, los escándalos que tienen a la empresa en la primera plana de periódicos y noticiarios en España ya se habían hecho públicos hacía varios meses.

La adjudicación levantó una gran polvareda en la capital de la Primera Región, principalmente por el reclamo por supuestas anomalías en el proceso de licitación que ingresó a la Contraloría la Constructora Belfi, una de las participantes que quedó en el camino. Belfi pidió al organismo contralor revisar la adjudicación argumentando que la EPI, una vez cerrado el proceso de entrega de propuestas, habría incluido “fuera de bases” y de manera arbitraria nuevos requerimientos a los oferentes, lo que habría beneficiado a la empresa adjudicataria (Copisa) (ver documento).

La propuesta económica que hizo Copisa fue de $17.331 millones, casi $5 mil millones por encima de la de Belfi, que alcanzó los $12.352 millones. En conversación con CIPER, el presidente del directorio de la EPI, Claudio Agostini, aseguró que sin estar obligados a hacerlo, se decidió licitar la obra a través del mercado público. “Lo hicimos para que el proceso fuera lo más transparente posible” y agrega que incluso se le pidió a una empresa externa (Marítimo Portuario) evaluar las propuestas técnicas y escoger la mejor.

–Como resguardo, la gerencia de Operaciones de la EPI también evaluó las propuestas, aunque la decisión, que posteriormente fue sometida a la revisión del directorio, la tenía la empresa externa. El resultado de ambos procesos, realizados de manera independiente, fue muy similar: Copisa quedaba primera –cuenta Agostini.

Agostini desestima las acusaciones de Belfi sobre el presunto cambio en la matriz de evaluación de las propuestas (pauta con la que se evalúan las ofertas de los participantes) y explica que la matriz es exactamente la misma, aunque “desglosada”. Y respecto de las acusaciones por corrupción que caen sobre Copisa en España, el presidente de la Empresa Portuaria de Iquique señala que “lo importante es que la obra se haga bien” y que para ello se tomaron todos los resguardos: “La boleta de garantía que exigimos es muy alta, llega casi al 50% del valor de la obra”, señala.

El 16 de noviembre Josep Cornadó, propietario del Grupo Copisa, declaró como imputado ante la justicia española y reconoció, según el medio El Confidencial, el pago de comisiones a Pujol Ferrusola, aunque le endosó a Tauler la responsabilidad. “¡Cojones, en cuanto pisan un juzgado ya nadie conoce a Jordi Pujol!”, respondió el catalán cuando le preguntaron por qué otros directivos del grupo habían negado en sus declaraciones la relación de Copisa con el primogénito de Pujol.

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