jueves, 12 de noviembre de 2015

La mafia empresarial chilena y el sucio papel de la élite política neoliberal

Paul Walder, El Ciudadano

Las elites económicas, aquel 0,1 por ciento más rico, vuelven a copar la agenda mediática y a instalarse en el centro de la corrupción. Sin haber salido de los casos Penta-Soquimich y Caval por el financiamiento ilegal de la clase política, ahora suman la mayor colusión en la historia económica contemporánea. Ya no hay excusas. No son hechos aislados, sino un modelo de negocio basado en el delito.

Cuando la visión de la presidenta Michelle Bachelet paseando junto a Eliodoro Matte en los cuidados jardines del Centro de Estudios Públicos (CEP) aún no salía de las pantallas y de la retina de los observadores, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) se encargaba de colocar nuevamente la imagen empresarial bajo la mirada de la justicia y la presión ciudadana.

La conformación de un cartel por uno de los mayores grupos económicos nacionales, articulador de lobbies y del pensamiento neoliberal, ubicaba otra vez al gran empresariado bajo investigación en tanto confirmaba el lugar que esta elite se había ganado desde los casos de la colusión farmacéutica, el cartel de los pollos, La Polar, Soquimich y Penta. Sin que estas investigaciones hayan salido de la agenda, la colusión del papel tissue, producto destinado a la elaboración de papel higiénico, servilletas, pañuelos y otros productos, confirmaba la hipótesis, cada día más consolidada entre la población, que no se trata de acciones aisladas sino de una práctica habitual.

Durante aquellos mismos días, pero con menos impacto mediático, la Corte Suprema rechazó los recursos de reclamación presentados en contra de la sentencia dictada en 2014 por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que condenó a las empresas Agrosuper, Ariztía, Agrícola Don Pollo y a la Agrupación de Productores Avícola (APA), por conductas de colusión que les permitieron acordar limitaciones a la producción de carne de pollo y asignarse cuotas de producción y comercialización de productos avícolas. El máximo tribunal aplicó multas diversas, las que de forma conjunta no llegaron a tres millones de dólares.

El nuevo caso de colusión, que ha generado conmoción nacional, saltó a la luz pública el 28 de octubre cuando la FNE presentó ante el TDLC un requerimiento contra las empresas CMPC Tissue, del grupo Matte, y la sueca SCA Chile por la creación de un cartel para asignarse cuotas de mercado y fijar precios del papel tissue entre el año 2000 y el 2011. Las dos empresas denunciadas tienen casi el 90 por ciento del mercado y unas ventas anuales por más de 400 millones de dólares en sus marcas Confort, Elite, Nova, Noble y Orquídea, en el caso de CMPC, y Favorita y Magiklin, en el de SCA.

Delación Compensada

Durante el curso de la investigación, que comenzó en diciembre del año pasado, ambas empresas acudieron a la Fiscalía a solicitar el beneficio de delación compensada, aportando antecedentes que hicieron posible conocer el alcance y forma de operar del cartel, informó la FNE. En un comunicado, la FNE explicó que tras verificar el cumplimiento de los requisitos legales del programa de clemencia, ambas solicitudes fueron aceptadas por la Fiscalía, que solicitó al Tribunal la exención de la multa para CMPC (primera empresa en autodenunciarse, en marzo de 2015) y una multa equivalente a 15,5 millones de dólares (el máximo que prevé la ley) para SCA.

Entre las diligencias que llevó a cabo la Fiscalía durante la investigación estuvo el ingreso a las oficinas de SCA el 25 de septiembre pasado para el registro y la incautación de información útil para la indagatoria. Durante este proceso la FNE se enfrentó a acciones por parte de los ejecutivos destinadas a ocultar y eliminar registros que los pudieran relacionar con la creación del cartel. “Así, por ejemplo, está acreditado que los ejecutivos que gestionaron los acuerdos evitaron traspasar información en formato digital o por correo electrónico institucional, por lo que preferían el uso de documentos impresos y cuentas de correo electrónico personales para estos fines. Al mismo tiempo, utilizaron teléfonos celulares de prepago para comunicarse con la competencia y representantes de una de estas empresas admitieron que llegaron a deshacerse de computadores”, los cuales arrojaron al Canal San Carlos de Santiago. Otra información detalla lugares bajo nombres en clave para reunirse de forma secreta, lo cual demuestra, de manera fehaciente, que esos actos se sabían ilegales por quienes los estaban realizando.

Para la persecutora, “éste es uno de los mayores casos de colusión detectados en el país. Su gravedad radica tanto en su extensión en el tiempo como en la masividad del mercado que afectó y la casi nula sustitución de estos productos”. Nosotros podemos agregar que también involucra a uno de los grupos económicos más antiguos, presente en sectores clave de la economía y con un poder político ingente.

Al observar esta primera información hecha pública por la FNE, saltan a la vista al menos tres aspectos. De partida, la inédita extensión en el tiempo de esta práctica delictiva, prolongación relacionada de forma directa con la anulación de la ley que sancionaba con cárcel la colusión, decisión tomada bajo el gobierno del ex presidente Ricardo Lagos. Un punto a tener en consideración es la nueva legislación, en vigencia desde hace apenas dos años. Sólo sobre esta normativa la Fiscalía inició las investigaciones en diciembre de 2014, lo que condujo a la autodenuncia o delación compensada por uno de los miembros del “cartel del retrete”, denominación creada por la prensa internacional. Por último, cabe destacar la multa, alta sólo en apariencia. Como ya hemos observado en otros casos similares, estas sanciones no guardan relación con los millonarios beneficios obtenidos de manera ilegal ni tampoco con el daño causado.

El director de Conadecus, Ernesto Benado, en una columna publicada en El Clarín de Chile, junto con anunciar una próxima querella contra estas empresas, se pregunta si la profusión de información conocida a través de la prensa, con correos, lugares de encuentro, palabras claves, nombres de directivos involucrados, etc., “¿tuvo su origen en la propia CMPC que guardó un riguroso archivo con esos detalles, o tuvo su origen en una filtración desde la empresa hacia la FNE, o desde la FNE hacia los involucrados? Porque si la filtración salió desde la FNE y provocó la delación compensada de la CMPC, se trataría de encubrimiento de un delito de una de las más grandes empresas chilenas”.

Benado saca cuentas y estima que el valor de mercado de los productos sobre los cuales se hizo la colusión asciende a 500 millones de dólares anuales. A partir de este guarismo, dice: “Para que una colusión ilegal se haya llevado a cabo, iniciándose cuando el delito era penado con prisión, debería por lo menos haber significado un aumento de la rentabilidad anual de un cinco por ciento sobre las utilidades producidas en un régimen de libre competencia”. Si se aplica ese cinco por ciento a las ventas anuales y se las extienden por diez años, el monto obtenido por el cartel de forma fraudulenta se elevaría a 250 millones de dólares. Una cantidad robada de los bolsillos de todos los chilenos.

Pero hay otras cifras que también estarían recayendo sobre el poder adquisitivo de la población al observar la evolución histórica de los precios del papel en comparación con las materias primas. Desde 2010 a la fecha, el precio de la celulosa subió apenas un cinco por ciento, en tanto el del papel higiénico se elevó un 34 por ciento y el de las servilletas de papel un 27.

El retorcido perfil del cártel

Ambas empresas, tal como en otros casos de colusión, cohecho y soborno investigados por la justicia, pertenecen o han pertenecido a la oligarquía chilena. Por un lado está la CMPC, nave insignia del grupo Matte, y PISA (vendida en 2003 a la sueca SCA), propiedad de Gabriel Ruiz Tagle hasta la fecha de su venta, millonario funcionario del gobierno de Sebastián Piñera, miembro de la UDI y con negocios en el fútbol. Ruiz Tagle, tras el estallido de este nuevo escándalo de colusión, tuvo que congelar sus pretensiones políticas como carta de la UDI para la alcaldía de Providencia, el año entrante.

La otra cara del cartel es más antigua, más conocida y más activa en la historia de Chile. El grupo Matte, cuyos rostros más visibles son los hermanos Eliodoro y Bernardo, desde muy jóvenes figuras clave en campañas de desestabilización política y más tarde férreos defensores de la dictadura, inscribe su historia junto a la del país. Desde la CMPC se encubrieron asesinatos a trabajadores de la empresa partidarios del gobierno de Salvador Allende, en tanto la socióloga Patricia Matte, otra de las figuras de este linaje, fue una destacada funcionaria del gobierno de Pinochet.

El actual presidente de la CMPC es Eliodoro Matte, también presidente del CEP, en cuyo directorio y consejo directivo está gran parte del PIB nacional. Según la revista Forbes, el patriarca de 70 años del clan Matte posee una fortuna superior a los 2.500 millones de dólares, gran parte heredada de una familia que la amasó desde comienzos del siglo pasado en negocios en el sector forestal. Hoy la CMPC y sus forestales factura más de cuatro mil millones de dólares anuales, en tanto obtuvo utilidades por más de mil millones de dólares en 2010.

Un perfil del clan lo traza el economista Hugo Fazio en el ya clásico Mapa Actual de la Extrema Riqueza. “Eliodoro Matte tiene una activa presencia pública, expresando los intereses del gran empresariado como presidente del Centro de Estudios Públicos (CEP). También ha ocupado cargos directivos en la Corporación de la Madera y en la Sofofa. Su hermano Bernardo Matte por mucho tiempo se constituyó en uno de los pilares de la carrera política de Andrés Allamand. Su relación se inició en el colegio Saint George donde militaban en la Juventud Nacional; también fue líder de la Secretaría Nacional de la Juventud durante el régimen de Pinochet y militó en Renovación Nacional hasta 1992”.

La familia es activa mecenas de organismos conservadores católicos y neoliberales. Eliodoro ha formado parte del directorio de la Universidad Finis Terrae, ligada a Legionarios de Cristo, Patricia participa del ultraconservador y, absurda paradoja, divulgador del libre mercado Instituto Libertad y Desarrollo, cuyo consejo comparte con los ex ministros de Pinochet Carlos Cáceres, Hernán Felipe Errázuriz y Hernán Büchi, y el ex ministro de Piñera y presidente del investigado Banco Penta, Alfredo Moreno. Patricia, como Eliodoro, participa de la congregación católica de ultraderecha Legionarios de Cristo, y es presidenta de la Sociedad de Instrucción Primaria, en tanto Bernardo es presidente de la Fundación Paz Ciudadana, creada por Agustín Edwards.

Desde esta trenza de poder, Eliodoro Matte, como lo han hecho históricamente sus antepasados, presiona e intercede de forma más o menos abierta en las políticas públicas y en las decisiones de los gobiernos. Como ultracatólico, no se inhibió durante la investigación de los abusos sexuales del cura Fernando Karadima, con quien su familia tenía una larga relación. Matte, en aquella oportunidad, visitó al fiscal y le presentó, sin éxito, sus credenciales. La filtración a la prensa de esta reunión impidió que el oligarca hiciera esta vez aquello que su familia había realizado sobre los distintos poderes del Estado durante más de un siglo. Ante el escándalo público, Eliodoro Matte tuvo que retroceder y actuar de forma inédita para su alcurnia. En una carta enviada al diario, ofreció sus disculpas públicas “en perfecta conciencia de que todos los que ostentamos de una u otra forma alguna autoridad o poder debemos ser extremadamente cuidadosos al ejercerlo”. Tal vez algo ha cambiado en Chile desde los tiempos de Eduardo Matte Pérez, el antepasado del clan y canciller que escribió esta infame sentencia: “Los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo; lo demás es masa influenciable y vendible; ella no pesa ni como opinión ni como prestigio”.

En esa misma actitud, hacia comienzos de este año Matte visitó La Moneda. A las pocas semanas el gobierno presentaba un proyecto para extender el subsidio a las plantaciones forestales creado en los albores de la dictadura de Pinochet, el que beneficia por un lado a los grupos económicos a la vez de causar un enorme daño ambiental en tierras reclamadas por comunidades mapuches.

Tras el escándalo, que se suma a la cadena de corrupción política y empresarial, surgen las voces condenatorias desde el gobierno, el Parlamento y las cúpulas políticas. El asunto, que reitera y constata lo que dicen todas las encuestas de opinión respecto a las elites y del poder, les ha dado una nueva oportunidad para rasgar vestiduras y poner el grito en el cielo. El espectáculo de la política es parte -e incluso refuerzo- de la corrupción neoliberal. Quienes hoy se espantan son los mismos que retrasan y olvidan un proyecto ingresado hace meses a la Cámara que sanciona con cárcel la colusión.

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